El Partido Popular se reserva la doble vía de recurrir al Constitucional e ir a Europa si la anunciada proposición de ley para cambiar las leyes orgánicas del TC y del CGPJ copia el contenido de las enmiendas que se pretendía colar en la reforma del Código Penal. Ahora ya no se trata de una cuestión procedimental, para lo que pidieron amparo al tribunal de garantías, sino de fondo, pues entienden en el cuartel general de los populares que las dos enmiendas "son ilegales" al entrar en cuestiones que contravienen incluso, dicen, la Carta Magna.

De momento Génova no quiere adelantar acontecimientos. Ya han cosechado un éxito con la decisión de TC de suspender la votación de ambas enmiendas, que quedaron fuera del texto que aprobó ayer el Senado con 140 votos a favor y 118 noes. Una nueva ley por la que desaparece de nuestro Código Penal la sedición y se abarata la malversación de fondos públicos. Justo los dos delitos por los que fueron condenados nueve dirigentes del proceso independentista del 2017, entre ellos, Oriol Junqueras.

Las enmiendas extraídas del texto por orden del TC, cuyo contenido entiende el PP que es ilegal, abordan reformas de calado para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional afectando con ello al CGPJ. Suponía la tercera reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras el bloqueo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y sumaba, además, la del Constitucional.

El objetivo del Gobierno de coalición es eliminar en el CGPJ la mayoría de tres quintos para que no puedan vetar el nombramiento de los dos magistrados propuestos por Moncloa para el TC -el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora monclovita Laura Díez- y que cada vocal pueda votar sólo una vez a un candidato. En lo que afecta al Constitucional, se le hurta su capacidad de revisar los currículums de los candidatos antes de nombrarlos.

Los populares esperarán al texto de la proposición de ley para decidir si van al TC y a Europa

Además, las enmiendas permitían al Gobierno nombrar a sus dos magistrados sin necesidad de esperar a los otros dos del CGPJ -una vez que el sector conservador se declaró en rebeldía- a pesar de que la Constitución señala en su artículo 159.3 que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres". No hay, en cambio, unidad de criterio entre los juristas respecto a si es obligatorio nombrar al tercio al completo o no.

Los populares esperarán "a ver el texto cuando presenten la proposición de ley". La duda reside en su volverán a pedir cautelares antes de que reciba el plácet parlamentario en el Congreso o una vez se apruebe el texto en las dos Cámaras. De considerar que tiene visos de inconstitucionalidad, también acudirán a la Comisión Europea, muy sensible respecto a la separación de poderes y la despolitización de la justicia de los países comunitarios. El último informe Greco no dejaba bien parado a nuestro país en ninguno de estos dos aspectos.

En el Gobierno también están a la espera. Fuentes del Ejecutivo arguyen que "una cosa es la urgencia y otra las prisas". Hubo quienes buscaban "una reacción inmediata" tras el varapalo el pasado lunes del Constitucional, frente a los que abrazaron la tesis de conocer antes el texto de la sentencia del TC -sólo se hizo público el fallo- así como los votos particulares de los cinco magistrados progresistas, que se opusieron a suspender la votación.

"Moncloa lleva semanas sin colar un mensaje en positivo", dicen en Génova

"Se va a hacer rápido, pero con calma y con sensatez", dicen en el Gobierno. "Moncloa está en una situación de debilidad. Llevan semanas sin colar un mensaje positivo", argumentan, por su parte, fuentes populares. Enero será un mes fundamental en los planes de Moncloa, que aspiraba a cerrar las cuestiones más conflictivas e incómodas antes de fin de 2022 para centrarse, con el nuevo año, en el tercer paquete de medidas sociales y en la campaña electoral de mayo.

No obstante, la intención declarada de Génova es mantener vivos los asuntos más controvertidos de los últimos meses, con especial incidencia en la rebaja de penas de un delito tan vinculado a la corrupción como la malversación de fondos públicos o el goteo constante de delincuentes sexuales favorecidos por la aplicación de la ley de Irene Montero sobre violencia sexual.