La fiscal jefe de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha emitido este viernes un decreto de archivo de la investigación que comenzó hace seis meses sobre el salto masivo de la valla de Melilla en el que murieron 23 personas. El Ministerio Público no ve indicios de delito cometido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajaron en el paso de Nador el pasado 24 de junio.

Asimismo, da traslado al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.

En su decreto, la fiscal recuerda a los ministerios implicados su obligación de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, "a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido".

Rechaza apuntar a responsabilidades de Interior

El Ministerio Fiscal descarta apuntar hacia la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, del Ministerio del Interior en el operativo desplegado el día en que dos millares de personas trataron de entrar en España por el puesto fronterizo del Barrio Chino, entre Nador y Melilla.

El ministro Fernando Grande-Marlaska se vio obligado a dar explicaciones en sede parlamentaria mientras avanzaba la investigación de la Fiscalía tras la emisión de un documental de la cadena pública británica en el que se apuntó a que hubo víctimas mortales en suelo español y los cuerpos fueron trasladados a Marruecos por la policía del país vecino. Posteriormente, una investigación de medios internacionales ahondó en las posibles irregularidades cometidas por las autoridades españolas.

El momento más crítico para Marlaska fue el pasado 30 de noviembre. Se enfrentaba a su tercera comparecencia en el Congreso a petición de la oposición. No tuvo más remedio, ya que de lo contrario se habría abierto una comisión de investigación en la Cámara baja. El titular de Interior se enrocó en su tesis: la actuación de la Guardia Civil fue proporcional y no hubo que "lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional".

La tarde de antes de su comparecencia, el Partido Popular pidió su dimisión tras las conclusiones de la mencionada investigación de Lighthouse Report, que señalaba que un migrante falleció en la zona española de la verja. A pesar de las evidencias y de verse acorralado, el ministro se puso frente a las críticas: "Asumo toda la responsabilidad, porque yo doy la orden de proteger nuestras fronteras de cualquier ataque violento".

En su decreto, la Fiscalía rechaza apuntar a cualquier responsabilidad de Marlaska y habla de "fallas de un sistema" que ve necesario revisar: "La mayoría de las personas migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedoras de protección internacional. Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto", asegura.