La Fiscalía descarta apuntar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por lo tanto al Ministerio del Interior como posible responsable de la muerte de 23 personas en el salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio.

En el decreto con el que el Ministerio Público archiva la investigación que inició hace seis meses, la fiscal coordinadora de Extranjería alega que es Marruecos quien tiene las pruebas de los fallecimientos. Las ONG que trabajan en el terreno denunciaron que hubo fallecimientos en suelo español y los cuerpos fueron trasladados al país vecino por la policía marroquí, tesis que también se emitió en un documental de la cadena pública británica.

Pero la Fiscalía rechaza abrir una investigación por esa vía: "Los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Por tanto, son las autoridades marroquíes las que disponen de todos los elementos probatorios (cuerpos de los fallecidos, testigos, migrantes heridos, etc)".

El Ministerio Público sostiene, igual que lo hizo el ministro del Interior, Grande-Marlaska, que en su investigación se constata que "la actuación de los
migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles. Del total de las diligencias de investigación practicadas, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito
de homicidio imprudente", concluye el decreto.

"Fallas del sistema"

La fiscal de Extranjería recuerda en su escrito que la mayoría de las personas migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedoras de protección internacional. Descarta dirigir la responsabilidad de lo ocurrido a ninguna autoridad y concluye: "Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto", asegura.

Descarta delitos de homicidio imprudente, omisión de deber del socorro e incumplimiento de la Ley de Extranjería

Desde que comenzó la investigación hace seis meses, la Fiscalía ha practicado varias diligencias como la inspección ocular, la toma de declaración tanto a personas migrantes como a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el análisis de diversos informes, material videográfico y audios correspondientes a los hechos del 24 de junio.

Del total de las diligencias de investigación practicadas, concluye el decreto, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente. Asimismo, ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio. Incluso de haberlo sabido, no podrían habérselo prestado sin riesgo propio. En cuanto a los rechazos en frontera, se llevaron a cabo 470 aunque, según la Fiscalía, los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron "en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española".