El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías valora recurrir ante el Tribunal Supremo la proposición de ley con la que el Gobierno quiere garantizar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) aunque los miembros del consejo de jueces no lleguen a un acuerdo para proponer a los dos candidatos que les corresponde.

Considera que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) contenida en dicha proposición, con la que se busca eliminar la mayoría necesaria de 3/5 que ahora existe en el pleno del órgano para los nombramientos de los magistrados del TC, así como que cada vocal pueda votar sólo una vez a cada candidato, vulneraría su derecho fundamental (y el de otros vocales) del artículo 23 de la Constitución. Ve que dicha limitación para votar únicamente a un candidato afectaría al derecho de los miembros del CGPJ a participar en la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías.

Plantearía que la ley es inidónea por no respetar las reglas de elección de los altos cargos judiciales, contraria al derecho de la UE y de la Constitución Española

El vocal más activo y crítico con el Gobierno del denominado bloque conservador avanza un recurso ante la Sala Tercera del alto tribunal si la reforma sale adelante. En éste, el también juez de lo contencioso-administrativo plantearía que la ley es inidónea por no respetar las reglas de elección de los altos cargos judiciales, contraria al derecho de la Unión Europea y de la Constitución Española.

El Gobierno ha planteado que PSOE, Podemos y los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez vuelquen en una proposición de ley las enmiendas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que el Tribunal Constitucional paralizó como un añadido a la reforma del Código Penal para los delitos de la sedición y la malversación.

El vocal Macías ve posibilidades de que un recurso contencioso-administrativo contra dicha proposición prospere. En éste, plantearía que se vulnera el principio de la primacía del derecho de la Unión Europea, se referiría a que la modificación de ambas leyes orgánicas podría ir contra los artículos 2 y 19 de Tratado de la Unión Europea y pediría al Supremo plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según explica en conversación con El Independiente. También alegaría ante la Sala Tercera que lo planteado en la proposición vulnera el principio de jerarquía normativa y supremacía de la Constitución Española, solicitando al alto tribunal el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de la norma ante el TC. Puesto que el procedimiento sería largo, ve posibilidades de solicitar como medida cautelarísima en el propio recurso ante el Supremo la paralización de la aplicación de la ley mientras hubiera un pronunciamiento.

Pleno el próximo martes en el CGPJ

El próximo martes está previsto que se celebre un nuevo Pleno en el CGPJ con el único orden del día del nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al órgano. El Gobierno, que tiene que nombrar a otros dos, ya eligió al exministro Juan Carlos Campo y a Laura Díez, la exasesora del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Los vocales conservadores del consejo de jueces, que continúan vetando al candidato propuesto por los progresistas, José Manuel Bandrés, por su proximidad, alegan, al PSOE y al Gobierno, han puesto sobre la mesa el nombre de un magistrado propuesto por ellos, César Tolosa, y el de la magistrada María Luisa Segoviano que creen que el bloque progresista "no debería" rechazar. El bloque mayoritario del órgano espera que este último movimiento dé resultados y los progresistas respalden a sus dos candidatos. Si el pleno acaba sin un nombramiento, como ocurrió en su última reunión, el bloqueo continuará en el Alto Tribunal hasta que la nueva proposición de ley presentada por los partidos del Gobierno sea aprobada en Congreso y Senado.