Cada seis meses, aunque apenas adquiera visibilidad pública, el Gobierno presenta su informe de rendición de cuentas, Cumpliendo. Un balance de la gestión del Ejecutivo, para dar a conocer el estado de cumplimiento de los compromisos formulados por el presidente y sus ministros desde la investidura y a lo largo de todo la legislatura. Un informe que se atiene a una metodología ad hoc avalada, subrayan en la Moncloa, por una docena de expertos. El martes, Pedro Sánchez presentará el último texto, los últimos resultados del examen que se hace a sí mismo el Gabinete de coalición, y que ofrece una nota que estima positiva: el 66,7% de los 1.513 compromisos contraídos desde el arranque de 2020 se ha completado. Pero ahora el Gobierno quiere que ese "ejercicio de striptease" se extienda. "Se universalice".

Será uno de los anuncios que concrete Sánchez el martes en la comparecencia posterior al último Consejo de Ministros del año. Así, el Ejecutivo lanzará una ley para que todas las administraciones estén obligadas a rendir cuentas ante los ciudadanos con una metodología objetiva. Es el paso hacia la "consolidación y definitiva institucionalización" de un trabajo que la Moncloa cree necesario para acercar a la ciudadanía el desarrollo de acción de los gobiernos, contribuir a "combatir la desafección política", "propiciar un aprendizaje institucional", "avanzar en calidad democrática y gobernanza pública" y apuntalar el "fortalecimiento de los valores del gobierno abierto". "Se trata de acercar a la ciudadanía nuestro esfuerzo", según avanzaba este jueves a los periodistas el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Fran Martín Aguirre.

Los gobiernos tenemos que estar obligados a dar explicaciones y a informar de lo que hacemos. Es imprescindible para el sistema", señala Fran Martín, secretario general de la Presidencia

La exigencia de rendición de cuentas a todas las administraciones se incluirá en una de las leyes que están en cocina, que todavía no ha pasado por el Consejo del Ministros y en la que encaja "como anillo al dedo", precisa Martín. "Queremos que se universalice a comunidades y ayuntamientos, pero hasta que no esté listo el anteproyecto no podremos saber los contornos. El presidente completará el anuncio y luego ya presentaremos la ley, pero la idea es que los gobiernos tengamos que estar obligados a dar explicaciones y a informar de lo que hacemos. Es imprescindible para el sistema", amplía, en conversación con este diario, el secretario general de la Presidencia. Algunas comunidades ya han trabajado en este campo, pero el Ejecutivo busca extenderlo a toda España y sistematizarlo.

Resultados, "no valoración"

El balance de gestión no es producto de una auditoría externa. La Moncloa no piensa por ahora en ella, porque entiende que deben ser los gobiernos los que deben rendir cuentas y que luego hagan su valoración los distintos actores políticos, los ciudadanos o los medios. "No nos ponemos nota. Lo que hacemos es una monitorización, un seguimiento. Ponemos en manos de los ciudadanos una información para que alcancen sus conclusiones y discutan si las condiciones de cumplimiento son suficientes y si las iniciativas comprometidas se materializan. Los resultados son consecuencia de la aplicación de una metodología, pero la valoración es otra cosa", apuntaba Martín en su reunión con los periodistas.

El 72,8% de las 239 cuestiones verbalizadas por Sánchez en el discurso de investidura ya es realidad, dice la Moncloa. Un 68,7% de los 428 compromisos escritos en el acuerdo con UP se ha culminado

El balance del segundo semestre de 2022 se colgará en un microsite alojado en la web de la Presidencia del Gobierno, como todos los anteriores, y se podrá descargar la información detallada del cumplimiento de los compromisos, así como la composición del Grupo de Análisis Metodológico (GAM), que integran los mismos 12 expertos que hace año y medio (Cristina Monge, Javier Lorenzo, Manuel Villoria, Daniel Innerarity, María Bustelo...). Pero el secretario general de la Presidencia adelantó las principales conclusiones del informe, con los datos provisionales a 22 de diciembre de 2022. Así, el Gobierno considera que ha cumplido ya el 66,7% de los 1.513 compromisos acumulados desde el principio de legislatura. Otro 31,2% está en proceso y un 1,3% no ha iniciado su camino. Hace un año, los porcentajes eran muy distintos: un 42,7% de las promesas culminadas, un 54,4% en desarrollo y un 2,3% no arrancado, aunque en aquel momento se contabilizaba sobre un total de 1.481 compromisos. Es decir, que el Ejecutivo ha expresado 32 promesas más en este último año.

La cifra de 66,7% es global. Pero el Gobierno desglosa por procedencia de los compromisos. Así, el 72,8% de las 239 cuestiones verbalizadas por Sánchez en el discurso de investidura ya es realidad, dice la Moncloa. Un 68,7% de los 428 compromisos escritos en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos se ha completado. El 57,8% de los 161 contraídos con otras fuerzas políticas para la investidura ya está finalizado, y también está acabado el 73,9% de los 747 manifestados en declaraciones públicas. El grado de cumplimiento de los 316 compromisos relacionados con el plan de recuperación elevado a Bruselas es más bajo: el 52,2%. En el polo opuesto, las 545 obligaciones que se impuso el Ejecutivo en las comparecencias en Congreso o Senado en las presentaciones de las líneas estratégicas de los ministerios: el 75,8% ya están acometidas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se abrazan tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 por el pleno del Congreso, el pasado 24 de noviembre de 2022. EUROPA PRESS / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ

Un compromiso como la reforma de la sedición sí figura en el informe desde 2020, precisó Martín, porque Sánchez la enunció en una entrevista al poco de su investidura. Tras su aprobación definitiva el jueves por el Senado y su publicación el viernes en el BOE, aparecerá como una cuestión ya cumplida, igual que se actualizarán los datos hasta el 31 de diciembre para incluir, por ejemplo, las otras nueve leyes que acabaron su tramitación esta semana en las Cortes. Pero la iniciativa que no está ni estará es la modificación de la malversación, porque no ha figurado nunca en "el mapa de compromisos del Gobierno". De hecho, se ha materializado, formalmente, porque los socialistas presentaron una transaccional a una enmienda de ERC. Es decir, que es una propuesta sobrevenida a lo largo de la tramitación parlamentaria del cambio del Código Penal.

12 compromisos decaídos desde 2020

Siguen siendo 12 los compromisos contraídos que han decaído en esta legislatura. Es decir, que no se han eliminado más, detalló Martín. Entre los que no se acometerán está la promesa de hacer un organismo autónomo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias —al final, se ha optado por crear una Agencia Estatal de Salud Pública— o presentar una nueva metodología para calcular la regla de gasto —que se ha suprimido porque la UE ha suspendido tiene todavía suspendidas las reglas fiscales por la pandemia primero y por la guerra de Ucrania después—.

Por temas, el mayor porcentaje de cumplimiento se da en defensa (84%), violencia machista y juventud (82%). Más retraso se acumula en agua (44%) o infraestructuras (55%)

Por áreas temáticas, el mayor porcentaje de cumplimiento corresponde al capítulo relacionado con la modernización de la defensa y el apoyo militar (el 84%), seguido de las políticas contra la violencia de género y las relativas al apoyo a la juventud (ambas con un 82%) y la formación profesional y para el empleo (79%), las medidas ligadas a la Unión Europea y a la seguridad —las dos con un 78%—, cooperación y relaciones internacionales (77%) y turismo (76%). Más retraso acumula el Gobierno en políticas de agua (44%), infraestructuras (55%), cambio climático y transición energética (57%) y transformación digital y telecomunicaciones (también con un 57%).

Fran Martín Aguirre (i), en su toma de posesión como secretario general de la Presidencia del Gobierno, el 28 de julio de 2021 en la Moncloa. A su lado, el director de Gabinete del presidente, Óscar López. EUROPA PRESS / ALBERTO ORTEGA

La Moncloa presentará su siguiente informe en julio, antes del parón veraniego, y confía en poder cerrar el balance dentro de un año, cuando se culmine la legislatura. El Ejecutivo desearía que el PP, si recupera el poder, asuma el compromiso de rendir cuentas, porque entiende que los gobiernos han de estar "obligados a explicar a los ciudadanos cómo evoluciona el cumplimiento de sus compromisos —remachaba Martín—, de manera sistemática, periódica y comparable, porque es un avance muy significativo en términos de calidad democrática".

"Al final, esto terminarán haciéndolo suyo", pronostican en el equipo del presidente. Una primera respuesta de cómo respira el principal partido de la oposición llegará cuando el proyecto de ley prometido llegue a las Cortes. Y aún quedan meses.