Seguirá habiendo palabras, presión a tope para renovar el Consejo General del Poder Judicial, recordatorios día sí y día también. Pero poco más. Porque no se abre ninguna ventana nueva de oportunidad, porque Gobierno y PP ya asumen que no habrá un relevo en el órgano de gobierno de los jueces hasta que pasen las siguientes elecciones generales, previstas para dentro de un año, ahí es nada. El desbloqueo del Tribunal Constitucional, propiciado por la elección por unanimidad de María Luisa Segoviano y César Tolosa, asegurará la mayoría progresista por nueve años, pero no ha servido para que las dos partes acerquen posturas respecto al relevo del CGPJ.

Desde hace ya meses el Gobierno daba por perdido el reemplazo en el Poder Judicial y había centrado sus esfuerzos en el TC, consciente de que era capital provocar el vuelco —reflejar la mayoría de izquierdas que arrojaron las urnas en 2019— para que la obra legislativa del mandato de Pedro Sánchez, recurrida por el PP o Vox o por ambos, no se viniese abajo. De ahí que en julio promoviera una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver a los vocales del CGPJ —en funciones desde hace más de cuatro años— la potestad para nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden. El cambio legal daba al órgano de gobierno de los jueces un plazo máximo, el 13 de septiembre, para que eligiesen a esos dos miembros para el tribunal de garantías, justo tres meses después de que expirase el mandato de cuatro magistrados (Pedro González-Trevijano, presidente, y Antonio Narváez, nombrados ambos por el Gobierno del PP, y Juan Antonio Xiol, vicepresidente, y Santiago Martínez-Vares, designados por el CGPJ).

No parece que esté el PP en actitud de pactar nada", asegura una ministra. Esto lleva a que no habrá relevo en el CGPJ hasta entrado 2024, más de cinco años después de que caducara su mandato

La dimisión de Carlos Lesmes en octubre promovió la negociación de Ejecutivo y PP, y las dos partes advirtieron de que aquella sería la "última oportunidad" de la legislatura. Las conversaciones entre el ministro Félix Bolaños y el dirigente popular Esteban González Pons se prolongaron durante dos semanas y media, hasta que el 27 de octubre Génova rompió el diálogo con el pretexto de que el presidente Sánchez no renunciaba a la reforma de la sedición. El fracaso de la negociación ya hacía presagiar que no habría más oportunidades hasta las urnas. La tensión creciente de las siguientes semanas no hizo sino confirmarlo.

El desbloqueo del TC, el pasado martes por la tarde, rearmó de argumentos al Gobierno y al principal partido de la oposición, sin que se flexibilizaran sus posiciones. Ni un milímetro. La posibilidad de que la renovación del CGPJ se produzca en esta legislatura es nula ahora mismo. "No parece que esté el PP en actitud de pactar nada", asegura una ministra del núcleo duro de Sánchez. "Ninguna, no tenemos ninguna esperanza", conviene un alto cargo de la Moncloa. El escenario, dramático, porque mientras el órgano de gobierno de los jueces siga en funciones no podrá cubrir las vacantes en los altos órganos jurisdiccionales, se mantendrá intacto hasta entrado en 2024, después de las generales y de que se constituyan las nuevas Cortes y el nuevo Ejecutivo. Esto es, más de cinco años después de que venciera su mandato.

Nada hace prever, pues, que Alberto Núñez Feijóo dé un giro a su estrategia. Aunque la presión hacia él arreciará. Comenzó la Moncloa el martes tras cuajar el acuerdo unánime del CGPJ para designar a Segoviano y Tolosa para el TC, y siguió este miércoles, 28 de diciembre, a través de los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero. "El único que incumple la Constitución es el PP. El PP y Feijóo tienen cero credibilidad como alternativa democrática hasta que no cumplan la Constitución, hasta que no deje de utilizar todo tipo de artimañas para bloquear el CGPJ", señaló el titular de la Presidencia a los medios en la sede del Gobierno de Canarias en Madrid.

El "propósito de Año Nuevo" para el PP

Preguntado si habrá una llamada al PP para que vuelva a sentarse a negociar, el ministro respondió que "claro" que el Ejecutivo sigue haciendo "ese llamamiento" a los conservadores, que asuman como "propósito de Año Nuevo" el "cumplimiento de la Constitución. Recordó que el pacto con el PP estaba "absolutamente hecho" antes de la ruptura en el último minuto, antes de que a Feijóo le "temblaran las piernas" y no lo rubricase. "Sería cuestión de segundos firmar ese acuerdo y recuperar la normalidad institucional que España y los españoles se merecen". El responsable de la Presidencia remarcó que el Ejecutivo "siempre" ha mantenido su "disposición" a desbloquear el CGPJ, pero ha sido el PP y Feijóo quienes se han negado.

Sería cuestión de segundos firmar ese acuerdo y recuperar la normalidad institucional que España se merece"

FÉLIX BOLAÑOS, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Los populares, que se habían congratulado del acuerdo para la renovación del TC, pidieron desde el primer minuto que el Gobierno cambiara su propuesta y desistiese de postular al exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez. "Que el PP quiera nombrar a los dos magistrados del TC que designa el Gobierno cuando gobiernan ellos y cuando gobierna el PSOE es poco menos que una inocentada", replicó Bolaños, quien ve "en shock" al PP por que los nombramientos se resolvieran por la vía "rápida y democrática".

Sin embargo, los populares se sentarán de nuevo a negociar el Poder Judicial cuando Sánchez y Bolaños se liberen de la "esclavitud moral" a la que les tienen sometidos ERC y Bildu, respondió Pons desde Al rojo vivo (La Sexta). La lectura que hace Génova, que niega oficialmente que esté "en shock" por el acuerdo unánime del CGPJ, es que los vocales progresistas "que defendían a un candidato de obediencia sanchista [José Manuel Bandrés], al ver que iban a perder la votación", decidieron "minimizar daños y sumarse a los candidatos propuestos por el llamado bloque conservador". "El candidato de la obediencia del Gobierno recibió cero votos", manifestó el dirigente popular, para quien "hablar de temblores de piernas es un poco exagerado" y hasta "ridículo", informa Europa Press. Pons llegó a cargar contra los presidentes de Congreso y Senado, los socialistas Meritxell Batet y Ander Gil, por no "iniciar el procedimiento de renovación del Consejo".

Para Pons, lo que ocurrió es que los vocales progresistas, al ver que podían perder la votación, decidieron "minimizar daños" y apoyar a Segoviano

Las palabras de las dos partes venían a reflejar el diálogo de sordos, la imposibilidad de toda negociación. Ni siquiera parece a día de hoy un incentivo la necesidad de cubrir otra vacante, la que dejó en julio de este año Alfredo Montoya, elegido en 2017 a propuesta del Senado y aupado por el PP. El magistrado renunció a su cargo por motivos de salud y en las conversaciones de Gobierno y Génova del pasado octubre siempre quedó claro que su plaza, de cuajar el pacto, sería cubierta por un candidato del espectro conservador.

Podemos pide rebajar las mayorías

Esa baja hace que el nuevo TC tenga una mayoría progresista aún más abultada, de siete a cuatro. Si el PP quisiera reactivar el proceso para cubrir el hueco de Montoya, el Gobierno, según manifiestan en la Moncloa, exigiría un pacto completo para renovar tanto el CGPJ como esa vacante. Es decir, la discusión vuelve al mismo punto. "En Génova tienen claro que este asunto de no desbloquear el Poder Judicial no les hace daño electoral y, a fin de cuentas, ellos ya han perdido el TC, porque ahora habrá nueve años de mayoría progresista. Ellos nos ven como okupas en la Moncloa y no hay solución", manifiesta un integrante del Gabinete de Sánchez. En cualquier caso, la entrada de un nuevo miembro no cambiará la nueva mayoría progresista. Es decir, no sería decisiva.

La operación que condujo a la elección de Tolosa y Segoviano fue empujada por Moncloa. El Gobierno logra su objetivo de voltear la mayoría del TC

Entretanto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, volvía a presionar este miércoles a sus socios de coalición en la SER para que aceptaran recuperar la iniciativa que perseguía rebajar las mayorías necesarias para elegir a los vocales del turno judicial del CGPJ. El ala socialista del Ejecutivo tiene claro que esa reforma no se hará por la oposición ya manifestada por Bruselas.

En la Moncloa se reconocen satisfechos, en cualquier caso, por la renovación ya imparable del tribunal de garantías. No les pilló por sorpresa. Según confirmaban fuentes gubernamentales a este diario, ya desde finales de la semana pasada el equipo de mayor confianza de Sánchez monitorizó la operación que condujo a la elección de la progresista María Luisa Segoviano —presidenta hasta octubre pasado de la Sala de lo Social del Supremo— y del conservador César Tolosa —presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal— como magistrados del TC. Los vocales progresistas renunciaron a la candidatura de Bandrés y decidieron aceptar a la promovida por los conservadores, Segoviano, aunque el sector más próximo a la izquierda no se lo comunicó hasta la misma reunión del pleno, el pasado martes. El secretismo fue máximo para que precisamente no se torciera la operación ni los conservadores se echaran atrás en su dupla.

Este jueves, el pleno gubernativo del TC validará los cuatro nombramientos propuestos —dos por el Gobierno, Campo y Díez, y dos por el CGPJ, Segoviano y Tolosa—, y su designación se publicará en el BOE, aunque la toma de posesión de los nuevos magistrados se demorará unos días, hasta que el Rey vuelva de su viaje a Brasil, donde estará el 1 de enero para la investidura del reelegido presidente Lula da Silva.

La siguiente batalla se dará en el seno del TC, para elegir al nuevo presidente del órgano, puesto para el que se postula Conde-Pumpido

La siguiente batalla se dará en el seno del TC. Por el sillón de la presidencia del órgano. Por ella pujará con seguridad Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, rechazado radicalmente por el PP y por el ala judicial conservadora. La caída de Bandrés y la designación de Segoviano podrían dar más opciones a otra mujer de sensibilidad progresista, María Luisa Balaguer. En la Moncloa indican que Pumpido "ha dado el visto bueno a la operación para aupar a Segoviano" y que su presidencia del TC "no tiene por qué correr peligro".

¿Y qué pasará con la proposición de ley que iban a presentar el PSOE, Unidas Podemos y sus socios para impedir bloqueos futuros en el TC? Bolaños insistió este miércoles en que ya no hay "urgencia", porque ahora "la Constitución funciona" y el tribunal de garantías "va a ser renovado". El Ejecutivo se está pensando si es mejor meterla en un cajón para dar carpetazo al asunto.

A fin de cuentas, el objetivo está conseguido: dar un vuelco al TC y amarrar la mayoría progresista hasta 2031, por nueve años. Los magistrados tienen pendientes recursos muy sustanciales presentados por la derecha y la ultraderecha: contra la ley del aborto de 2010 —impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero—, contra los permisos de paternidad, la reforma educativa (la ley Celaá), la eutanasia, la ley rider, el ingreso mínimo vital, la reforma laboral, los juramentos de los diputados, la privación de competencias cuando el CGPJ está en funciones o la pérdida de su escaño de diputado del exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez. El nuevo TC también tendrá que pronunciarse contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas.

El TC tiene importantes recursos sobre la mesa: aborto, el 25% de castellano, la 'ley Celaá', eutanasia, la 'ley rider' o la reforma laboral

Y es casi seguro que habrá más recursos en lo que queda de legislatura. Por eso el Gobierno también ha empujado en la dirección de aceptar a Segoviano. La aprobación de la proposición de ley, aun por la vía urgente, se habría demorado un mes, y habría sido impugnada por la derecha, lo que arrojaría más dudas sobre el procedimiento —ya fue paralizado la semana pasada por la mayoría conservadora del TC por hacerse vía enmienda [aquí el auto en PDF, conocido este 28 de diciembre]— y sobre el contenido. Así que esta vía era más limpia. La que asegura, sin sobresaltos, una mayoría progresista del TC. Y la que cortocircuita el propósito del PP de remover en enero un debate inconveniente para los socialistas con una campaña electoral cada vez más cerca. Para Génova, quien pierde es el Ejecutivo al no poder aupar a Bandrés. Al margen de quién gane, este episodio de la crisis institucional está resuelto. Pero la salida al CGPJ ni se vislumbra.