El PP no da por perdida la batalla de la renovación del Tribunal Constitucional, que finalmente se culminará después de que este mismo jueves el pleno gubernativo del órgano validara los cuatro nuevos nombramientos —dos a propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y dos postulados por el Consejo General del Poder Judicial—. El partido conservador se reserva "todos los derechos para defender la independencia de las instituciones" y "defender" su postura de "regeneración institucional". Es decir, que no descarta impugnar la designación de los dos elegidos por el Gobierno de coalición, el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez.

La advertencia la lanzó este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa de balance de año en la sede de su formación, dos días después de que el jefe del Ejecutivo compareciera en la Moncloa para rendir cuentas de su gestión en este 2022. Además, el dirigente gallego anunció un "plan de calidad institucional" contra la "política de bloques enfrentados", del que tampoco dio demasiados datos puesto que se presentará en las próximas semanas, ya en enero, y que pretende guiar la guiará la "futura acción de gobierno" del PP e incorporará medidas para "evitar casos de nepotismo" en las instituciones del Estado con el fin de que "gobiernen los mejores servidores y no lo más adeptos más fieles" al líder.

Este Gobierno va a hacer todo aquello que sea necesario para obtener sus fines, sean legales o ilegales [...]. Nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones"

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, PRESIDENTE DEL PP

Este jueves el TC abría paso a una nueva etapa, a una mayoría progresista que se prolongará nueve años, hasta 2031. Alrededor de una hora después de que arrancara la comparecencia de Feijóo, el pleno del tribunal de garantías se reunía para dar su plácet, sin objeciones, a los cuatro candidatos a magistrado: el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano, elegidos ambos por unanimidad por el CGPJ el pasado martes, y los progresistas Juan Carlos Campo y Laura Díez, nombrados por el Gobierno el 29 de noviembre. De los cuatro constató su idoneidad el Constitucional, y por lo tanto sus nombres aparecerán en el BOE, y ellos jurarán o prometerán sus cargos el sábado, 31 de diciembre, ante el Rey. La toma de posesión será tras Año Nuevo, previsiblemente el 9 de enero.

Este mismo martes, el PP pidió a la Moncloa que retirase los nombres de Campo y Díez por su reciente vinculación con el Ejecutivo —Campo fue ministro de Justicia hasta julio de 2021 y Díez, directora general en el Ministerio de la Presidencia hasta abril de 2022—, reclamación que ayer miércoles, 28 de diciembre, el ministro Félix Bolaños calificó irónicamente de "inocentada". Pero el PP persiste: "Este Gobierno va a hacer todo aquello que sea necesario para obtener sus fines, sean legales o ilegales. No puedo más que felicitar a los miembros del Poder Judicial por cumplir con su deber [de elegir a dos magistrados para el TC] y espero que el Gobierno retire a dos candidatos obscenamente partidistas, ex altos cargos del Gobierno, uno de ellos exministro, y que preserve la profesionalidad del TC en nuestro país".

Los nombres de Campo y Díez no solo no fueron retirados, sino que fueron respaldados por el tribunal de garantías casi en paralelo a las palabras de Feijóo en la sede de Génova. Preguntado si mantendría su intención de elevar su queja a Bruselas, el líder del PP anticipó que de confirmarse los dos nombramientos "escandalosamente partidistas" —como así ocurrió—, su partido se plantearía recurrirlos para defender la "independencia de las instituciones y la regeneración institucional que es imprescindible con este Gobierno". Según la lectura de Génova, el Gobierno lo que busca "no es renovar el Poder Judicial, sino controlarlo y no renovar el Constitucional, sino controlarlo".

Feijóo contrastó los nombres aportados por el Gobierno con los perfiles "independientes y apartidistas" de los elegidos por el CGPJ, con una "trayectoria en el ámbito de la magistratura contrastada". Los populares defienden que PSOE y Unidas Podemos deberían "disculparse de forma correcta y solemne" tras los "insultos y descalificaciones" que dirigieron a los miembros del Consejo. El expresidente de la Xunta reclamó asimismo "retirar las chapuzas legales, inconstitucionales a sabiendas que pretendía hacer para cercenar aún más las competencias del CGPJ y prohibirle que nombrase a dos miembros del TC" porque "de facto lo que iba a producir es que solo podían nombrar cada uno de los miembros del Consejo a un candidato al TC".

Denuncia que es Sánchez quien no quiere "entenderse" con él: Ofrecí diálogo y recibí desprecio. Ofrecí acuerdo y recibí insultos. Ofrecí palabra y recibí engaños"

En ese marco encaja, esgrimió, el "plan de calidad institucional" que presentará el PP en enero, para situar a la política "por encima de dos bloques o partidos enfrentados" y por "recuperar el respeto a las instituciones, por las leyes, la Constitución" y también por la palabra dada a los ciudadanos", para que estos sepan a qué atenerse cuando vayan a las urnas y no lo hagan sabiendo que sus políticos les van a "mentir" y a hacer lo contrario de lo que prometen, justo lo que él aduce que ha ocurrido con Sánchez. La primera parte de ese plan afectará a la reforma que el PP plantea para el CGPJ, para mejorar el sistema, "homologarlo a las mejores prácticas, profundizar en la independencia judicial y afianzar la independencia judicial".

Para Feijóo, queda "acreditado" que el presidente no quiere "entenderse" con el PP. "Ofrecí diálogo y recibí desprecio. Ofrecí acuerdo y recibí insultos. Ofrecí palabra y recibí engaños", protestó sobre la última negociación por el CGPJ, que saltó por los aires en octubre.

Cheque "inmoral"

Feijóo volvió a criticar, por insuficiente, el real decreto ley anticrisis aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y publicado ayer mismo por el BOE. Los populares quieren mejorar lo que denominan "minicheque electoral" de 200 euros para las familias de menos de 27.000 euros de renta y extender la reducción del IVA a más productos básicos, como la carne, el pescado o las conservas.

El líder del PP llama a la ayuda de 200 euros un "minicheque electoral" y critica que las medidas del Gobierno son una "copia incompleta y tardía" de las suyas

Para el líder del PP, con este tercer paquete de respuesta a la guerra de Ucrania, el Gobierno manifiesta estar "desbordado" por la situación, porque los españoles han sufrido un mes de diciembre y una Navidad con los precios de los alimentos más caros de la última década. Las medidas adoptadas, dijo Feijóo, son una "copia incompleta y tardía" de las planteadas por su dirección: los populares, recordó, reclamaron la bajada del IVA de la luz y del gas en abril, y la primera entró en vigor el 1 de julio y la segunda, en octubre; en septiembre propusieron una reducción del IVA de los alimentos, y no estará vigente —pero el diseño, más selectivo, no es como la bajada generalizada que demanda Génova— hasta el 1 de enero de 2023. El presidente de los conservadores calculó que las familias se habrían ahorrado 800 millones de euros de haberse aplicado estas iniciativas en su momento. "Es una falta de humanidad y de empatía terrible. Esto es impropio de un Gobierno con la mínima sensibilidad social", sentenció, intentando horadar el relato de Sánchez, el de que su Ejecutivo "protege" a las clases medias y trabajadoras y vela por la "mayoría social".

El PP quiere que el "minicheque" de 200 euros se haga efectivo a través de una "devolución más amplia y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas", y no mediante el sistema de anteriores subvenciones que dificultaron el acceso a ellas a muchos hogares vulnerables. También plantea extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas. Y renovar la bonificación de los 20 céntimos de gasolina para los autónomos y para las rentas medias y bajas, así como devolver el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.

El PP quiere que sus propuestas entren vía enmienda, pero no deja claro qué votara cuando el decreto se someta a convalidación en el Congreso en un mes

Feijóo tachó de "inmoral" que las familias necesitadas solo reciban 200 euros en un pago único mientras el Gobierno prorroga el bono cultural, de 400 euros, que ayuda a los jóvenes que cumplen 18 años para que consumen actividades de cultura y ocio.

Por el momento, el PP demandará que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios vía enmienda. Pero lo que no dejó claro Feijóo es qué votará su partido cuando el texto se someta a la convalidación del Congreso, en aproximadamente un mes. "Si el Gobierno va a votar en contra de todas mis propuestas, me desilusionaría y no quiero desilusionarme", observó.

"Esta es una legislatura, a efectos económicos, perdida. España hoy es más pobre que en 2018 y es un país más endeudado que entonces", remachó.

Rebajas de penas por malversación

Feijóo también criticó las últimas reformas legales impulsadas por el Gobierno. Ve un "riesgo evidente" de que se rebajen las penas a políticos corruptos por la modificación del delito de malversación, pese a que Sánchez cree que el cambio está bien blindado, porque la nueva ley contiene una disposición transitoria encaminada a evitar las revisiones de condenas si la duración de la impuesta encaja en la nueva legislación. "Que se diga que esto no va a afectar a ningún otro caso —alertó el líder del PP— es la misma seguridad que nos dieron cuando se aprobó la ley del solo sí es sí y ya van más de cien penas rebajadas".

No ve "credibilidad" a Sánchez al negarse a un referéndum: "¿Lo necesita para acabar la legislatura o no? Si es así, hay muchas posibilidades de que lo haga", remarca

El dirigente gallego denunció ilegalmente una acción del Ejecutivo sustentada en su alianza con Bildu y ERC, "puntales permanentes" del Gabinete de Sánchez. Para Feijóo, el presidente "no tiene credibilidad" cuando niega con vehemencia que vaya a celebrarse un referéndum de autodeterminación, porque su "patrón de comportamiento" respecto al independentismo se ha mantenido "fiel" en estos cuatro años, porque primero los separatistas le solicitan una medida y él asegura que no lo hará, pero cuando ERC "amenaza con que si no se adopta habrá consecuencias parlamentarias", el jefe del Ejecutivo gira y dice que lo "estudiará" y su "coro" añade que es "lo más audaz porque viene a desinflamar la tensión territorial", de forma que al final "se aprueba".

"Esto ha ocurrido así en toda la legislatura y en todos los planteamientos que han hecho los independentistas", subrayó, para agregar que el president Pere Aragonès reclama hoy un referéndum y el PSC admite una "consulta", mientras que la ministra Ione Belarra asume que es una reivindicación "legítima". Pero el Gobierno siempre se ha negado a un referéndum, antes y ahora. La reforma de la sedición estaba sobre la mesa desde el arranque de legislatura, y sobre el cambio en la sedición el Ejecutivo no fue transparente, pero nunca dijo que se negaba. A juicio del PP, no hay "ningún español que esté tranquilo en relación a esta cuestión". "La pregunta es: ¿el señor Sánchez lo necesita para acabar la legislatura o no? Si lo necesita esta legislatura, hay muchas posibilidades de que lo haga. Si no, la preparará para la siguiente", sostuvo.

En clave interna y electoral, Feijóo ofreció a los electores en 2023 un partido "sin etiquetas" y transversal con el que quiere atraerse a los descontentos con el PSOE de Sánchez y a la "amplía mayoría" que cree que "España merece un mejor Gobierno". Feijóo, en su primer balance como líder del PP —tomó las riendas del partido en abril—, ve a su formación con una salud "tan buena como en sus mejores momentos" y "en condiciones de poder ganar en cualquiera de las comunidades autónomas que se someterán a las urnas en el mes de mayo", comicios que plantea como un plebiscito contra Sánchez y en los que los socialistas se juegan todo su poder territorial.