A diferencia de otros partidos, como Vox o Ciudadanos, el Partido Popular (PP) aún no ha empezado a confirmar sus candidatos para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Arrimadas dio el primer paso acudiendo a Andalucía, la Comunidad Valenciana o Baleares, mientras que Vox ha ido anunciando a cuentagotas los perfiles que optarán a las principales alcaldías y comunidades donde prevé ser determinante. Esta falta de confirmación preocupa internamente, aunque desde Génova no aspiran a prolongarse mucho más de las primeras semanas de enero, para dejar cierto margen a sus candidatos para darse a conocer. Al menos, en aquellos rostros menos conocidos y que lo requieran. Ello es algo que no afecta a José Luis Martínez-Almeida, el partner de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y actual alcalde de Madrid. Del cual se prevé que encabece nuevamente la lista municipal, a falta de confirmación oficial y según fuentes consultadas del PP madrileño. Todo, pese a las diferencias que han existido a principios de este 2022, cuando la crisis de liderazgo se llevó por delante al tándem de Génova compuesto por Pablo Casado y su secretario general Teodoro García Egea. De ello, Almeida busca resarcirse.
En el cónclave que auspició a Ayuso como baronesa del PP entre el 21 y 22 de mayo ya pareció perfilar esta decisión. La presidenta madrileña señaló que ella y Almeida tienen "el reto más importante en 2023" y que éste "lo volveremos a afrontar juntos". Además, el propio dirigente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ya viene previendo un buen resultado de Almeida, y el pasado miércoles se dejó ver por Mercamadrid durante una visita, lo que aproxima más su reelección como 'uno' del plantel popular. Ahora bien, el reto asignado al madrileño se antoja complicado y dependerá de su actuación en lo que resta de legislatura. Cualquier fallo, puede hacer que Almeida y el PP pierdan una de sus 'joyas de la corona' electoral junto a la Comunidad de Madrid. Ambas teñidas de azul, desde 1991 la alcaldía -salvo el mandato de 2015 a 2019 de Manuela Carmena y Más Madrid-, y desde 1995, en el caso de la región.
Dejado atrás el papel de Almeida como pieza esencial de la anterior dirección nacional de Génova, que buscó rebajar el poder -así como sus anhelos de incrementarlo- de Ayuso, incluso él ha reconocido que se equivocó al defender "otro modelo" político sin ir personalmente "contra Isabel", el factor interno de partido queda excluido. Quiere ser "parte de la solución". Y si se plantean otros externos que condicionarán el grado de libertad de mandato al que podrá optar Almeida si consigue salir victorioso de las urnas. Esas son la valoración ciudadana, las posibilidades políticas de la izquierda, la capacidad de gestión tras la prórroga de presupuestos y las relaciones actuales entre socios de gobierno.
Almeida en las encuestas publicadas
En verano, y tras el 'efecto Moreno Bonilla' proveniente de la victoria en Andalucía, GAD3 pronosticó mayoría absoluta a Almeida con entre 28 y 30 escaños de 57 posibles en el Palacio de Cibeles. En noviembre, ese margen contemplado por la demoscópica de Narciso Michavila se redujo de manera importante, estableciendo un escenario futuro donde será determinante el pacto con Vox o con Ciudadanos (Cs). En algo más de una semana, 40dB, SigmaDos y Data10 establecieron una horquilla de 19-23 concejales para el PP, 3-4 para Cs y 4 para Vox -a excepción de la última encuestadora que asciende a siete la representación a costa del PP-.
No obstante, la última medición de este año, hecha a principios de diciembre por Metroscopia a petición de Cs, deja a Almeida al borde de la absoluta con 27-28 ediles. A uno de la absoluta. Ello supondría duplicar la actual representación de 15 escaños con los que cuenta. Por su parte, los naranjas quedarían fuera y Vox, con entre 5 y 6 concejales, quedaría como único socio de gobierno, aunque ese margen permitiría seguir la actual fórmula de Ayuso y garantizar la gestión en solitario con respaldo exterior. En el contexto actual, ni en el mejor de los casos una coalición de izquierdas podría prosperar, quedando a una bancada de la mayoría. No obstante, ese juego de mayorías muy parejas hacen que cualquier error en los próximos cinco meses que viene, permitan la gobernabilidad de cada bloque por una mínima variación. De hecho, aunque explican que no tendrían ningún inconveniente en repetir coalición en la alcaldía con Villacís, ya que consideran que ésta ha funcionado "muy bien", creen que la actual situación de Cs puede resultar perjudicial para los intereses de la derecha.
Es precisamente ese buen tirón de la vicealcaldesa el que preocupa, en parte, a las filas populares, tanto a escala municipal, como nacional. Fuentes del PP inciden en que, de darse una fragmentación interna en la formación naranja a partir de enero, todo el voto procedente de Ventas podría recalar en el seno conservador, pero temen igualmente que muchos de sus simpatizantes, sigan respaldando a Villacís y no se consiga alcanzar el listón de los cinco puntos necesarios de apoyo en las urnas. Un 5% que podría beneficiar a la izquierda, lamentan. Salvo este sondeo de Metroscopia, la suma de Más País, PSOE y Unidas Podemos se moverían entre los 27 y 28 escaños. Asimismo, la confrontación con Vox no conviene al PP, dado que una división importante del voto primaría a ese conglomerado de izquierdas. No obstante, la competencia buscada por parte del partido de Abascal, a escala regional y local, para llegar fuertes a los comicios y distinguirse de los populares, puede pasar factura a ambas formaciones.
Falta de entendimiento con su socio potencial
Independientemente del balance que se haga, los números indican que Almeida y Javier Ortega-Smith (Vox) tendrán que llegar a algún tipo de consenso para la gobernabilidad. Tanto si Cs resiste como si no. Todo salvo que la postura inmovilista de los ultraconservadores pase factura y beneficie al PP con mayoría holgada. Algo que no se prevé ni en Génova. Y, a priori, las relaciones entre ambos mandatarios no son buenas. Nunca lo han sido, realmente. El cruce de reproches entre ambos ha sido constante en esta legislatura, tanto de manera pública como privada. Y el principal elemento de disconformidad es la supresión de Madrid Central, la apuesta estrella del programa de gestión de Más Madrid en la legislatura anterior. Vox, como Almeida durante la campaña electoral, insiste en que debe desmontarse, pero el alcalde sabe que judicialmente es algo imposible, al menos de manera tajante después de los pronunciamientos jurídicos. Más cuando el TSJE acaba de condenar a España por falta de medidas contundentes para paliar la contaminación en zonas de altas emisiones como Madrid o Barcelona.
Almeida se mueve entre los 19 y 23 concejales en el Palacio de Cibeles, y requerirá los 4-7 que se estiman a Vox para alcanzar una mayoría. Independientemente de si entra Cs
Y ello, es la causa y justificación para el inmovilismo por parte de Vox para aprobar las cuentas. Ni si quiera se ha valorado positivamente en Bambú que se prolongue un año la permisividad para acceder al casi a las 4.000 furgonetas de reparto con etiqueta de tipo B. "A Ortega-Smith no le importan los madrileños, lo único que le importa es su rédito electoral. Vox ha optado por practicar la política de tierra quemada y bloqueo", consideró recientemente Almeida.
Este bloqueo, no obstante, puede ser un arma de doble filo. Puede movilizar al votante conservador que eligió a Vox por novedad hace cuatro años para concentrar el voto en Almeida e impedir el paso a la izquierda, o puede provocar que se incremente la desconsolidación dada en estos últimos meses con fuga de votos a Vox. También que el perfil más moderado pruebe con Reyes Maroto y el PSOE.
Promesas políticas que serán difícil afrontar
Para recuperar parte del pulso que tuvo en el ecuador de la legislatura, potenciado por su actuación durante la pandemia, y resentido por haberse focalizado más en la crítica a Sánchez que en hablar de Madrid -por compaginar, hasta febrero, el cargo de portavoz nacional del PP- y por el escándalo de las mascarillas, Almeida anunció una batería de medidas durante el último debate del estado de la ciudad; en el mes de julio. Con ellas quiso dar ese golpe de efecto necesario para evitar el vuelco por la mínima a la izquierda. Ello implica a cuestiones de limpieza, seguridad, movilidad o cuestiones de corte social. Ahora bien, la prórroga de los presupuestos locales actuales por la negativa de Vox a llegar a un acuerdo, bloqueará cerca de 162 millones de euros adicionales. Con ello tendrá que lidiar Almeida, que puede, salir beneficiado frente a los de Ortega-Smith si los focaliza como culpables de la incapacidad de afrontar esas promesas; o perjudicado por falta de aperturismo, si así lo 'vende' Vox.
Hay dos grandes promesas que se verán frustradas. Una de las más relevantes es la rebaja del IBI al tipo mínimo de 0,4%. Entre las previsiones del consistorio madrileño estaba un beneficio de hasta 2,2 millones de recibos y de más de 121 millones de euros para los bolsillos de la ciudadanía de la capital. La necesidad de descontar importantes inversiones también afectará a la apuesta para soterrar la A-5, que previsiblemente quedará paralizado hasta la próxima legislatura, y para iniciar o terminar nuevos proyectos como la reforma del eje Prado-Recoletos, también anunciado en verano. De igual manera, la prórroga de las cuentas actuales frustrará la contratación de personal público, por lo que las promesas en mejora de la seguridad -a través de contratación de policía- o del servicio de limpieza -con incorporación de barrenderos- también será difícil materializarlas.
Estaba previsto que la inversión en el ámbito social subiera en siete puntos este año. La Tarjeta de Familias no verá implementado a los 2.000 euros sus concesiones, ni se ampliarán a 1,3 millones de euros las partidas destinadas a conciliación. Tampoco el millón de euros destinado a becas infantiles. Incluso, casi 20.000 personas en riesgo de exclusión no podrán optar a subvenciones". En esa línea de inversión social y económica, el ayuntamiento tendrá complicado a acceder a los casi 200 millones de euros procedentes del reparto de fondos europeos.
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