El PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que los jueces designen a los vocales de extracción judicial, elevar los requisitos para acceder a cargos en la carrera y evitar las puertas giratorias con la política.

El órgano de gobierno de los jueces superó el pasado diciembre los cuatro años en funciones y, en su iniciativa, el PP considera evidente que el actual modelo de designación parlamentaria de los vocales no goza ni del respaldo de Bruselas ni del "consenso social, jurídico o político" necesario para garantizar los principios de "transparencia e independencia" que exigen las instituciones democráticas.

A su juicio, urge un nuevo consenso que fortalezca "los pilares democráticos", en línea con lo que vienen reclamando tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa.

Plantea así que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. El Congreso y el Senado seguirían eligiendo a los ocho vocales del turno de jurista por mayoría de tres quintos.

Según su propuesta, no podrán aspirar a estos puestos quienes hayan ocupado un cargo electo o político en los últimos cinco años.

Para fortalecer la independencia del poder judicial y mejorar la confianza de los ciudadanos, plantea establecer criterios más rigurosos y transparentes en el acceso a determinados puestos y dificultar el regreso a la carrera judicial desde la política.

Propone así que los jueces que se presenten como candidatos en unas elecciones o que sean nombrados para un cargo político de confianza deban declararse en situación de excedencia voluntaria y no puedan reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese.

Si solicitan el reingreso, en los dos años siguientes al ceses quedarán adscritos al CGPJ para presentar el servicio especial de carácter gubernativo que este órgano les asigne.

La iniciativa de los populares refuerza también las mayorías dentro del CGPJ a la hora de elegir distintos cargos judiciales, exigiendo el apoyo de tres quintos de los vocales.

Propone además elevar a diez a quince años el tiempo de ejercicio profesional exigido a los juristas de reconocido prestigio para acceder a plazas en las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de justicia y elimina la intervención de las asambleas legislativas autonómicas en su elección.

En el caso del Supremo, pide que los magistrados cuenten con al menos 20 años en la carrera.

A finales del pasado octubre, el PP volvió a romper un acuerdo que estaba prácticamente cerrado con el Gobierno para renovar el CGPJ al rechazar los planes de la Moncloa para reformar el delito de sedición.

Cuatro años antes, en octubre de 2018, había saltado por los aires un pacto ya cerrado tras salir a la luz un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Supremo por "detrás".

Poco después el PP planteó una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ similar a la registrada este martes, pero la mayoría del Congreso rechazó la propuesta y defendió el actual sistema de elección a través del Parlamento.