El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid ha solicitado al Ministerio de Sanidad y a otros organismos públicos que le remitan información en el marco de la investigación que lleva a cabo contra el antiguo responsable del ministerio y líder del PSC, Salvador Illa, por "haber facilitado al personal sanitario, durante la primera etapa de la pandemia, mascarillas defectuosas sin respetar el procedimiento administrativo establecido y sin verificar su idoneidad previamente".

Carlos Valle, titular de dicho juzgado, ha encargado las diligencias que le indicó la Audiencia Provincial de Madrid cuando el pasado 15 de diciembre le ordenó retomar las pesquisas, estimando de esta forma el recurso formulado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), según ha informado Europa Press.

El juez ha reclamado al Ministerio de Sanidad los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de dichas mascarillas; una copia de las comunicaciones recibidas por parte de Aragón y Cataluña el 10 de abril de 2020; y la documentación recibida de todas las comunidades autónomas sobre la ejecución de la orden de retirada.

El origen del caso es la querella que la CESM presentó el 27 de abril de 2020 en el Tribunal Supremo (TS) contra el entonces era ministro de Sanidad, al que atribuía un delito contra los derechos de los trabajadores "por haber facilitado al personal sanitario una serie de mascarillas FFP2 N95 que no cumplían con las normas de seguridad (…) sin adoptar medidas de control y verificación de su idoneidad previas a su distribución".

En diciembre de 2020, el TS inadmitió esta y otras querellas contra cargos aforados por la gestión de la pandemia y envió varias querellas y denuncias a los juzgados de instrucción de Madrid.

La querella de la CESM recayó en el Número 14, que se inhibió enviando la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al considerar que era el órgano competente para investigar a Illa por ser ya diputado del Parlament.

Sin embargo, el asunto regresó al juzgado de Valle, que acordó el archivo provisional el pasado 30 de junio. La CESM recurrió alegando que el instructor se había apoyado "exclusivamente" en una decisión adoptada por otro juzgado en un caso similar pero cuyos hechos "no guardan relación con los presentes". La Audiencia Provincial dio la razón al sindicato determinando que los casos "no son iguales".