En plena precampaña de las elecciones autonómicas del 28 de mayo al presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, le ha surgido una china en el zapato y no precisamente pequeña. La decisión del Gobierno de recortar el trasvase Tajo-Segura, indispensable para los regantes alicantinos, le ha llevado a recurrir ante el Consejo de Estado para que se mantengan no solo las condiciones que fueron aprobadas en el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre, sino también la subvención al agua desalada.

Puig ha tomado la decisión después de que la vicepresidenta Teresa Ribera cambiara unilateralmente en el proyecto de real decreto de diversos planes hidrológicos el acuerdo al que se llegó en noviembre. De este modo, la ministra de Transición Ecológica ha decidido aumentar las cuencas del Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid), procediendo a un recorte de 105 hectómetros de trasvase, lo que repercute también a Murcia y Almería. Además, el mismo decreto reduce las subvenciones al precio del aguan desalada, lo que puede triplicar su precio, insostenible para el sector agrícola.

Aumento "absolutamente inaceptable"

Denuncia Puig que ese aumento del precio es "absolutamente inaceptable" y va "en dirección absolutamente contraria a lo que es un planteamiento de transición que facilite agua para siempre". Por tanto, exige una rectificación que pasa no sólo porque no aumente el precio del agua "sino que se ayude a los agricultores para poder mantener sus explotaciones y ayudarles a estabilizar el precio de agua".

La Generalitat valenciana se ha personado ante el Consejo de Estado "para pedirle audiencia y presentar alegaciones frente a lo que parece que va a significar por parte del Gobierno un cambio de posición respecto a lo acordado en el Consejo del Agua", ha explicado Puig en declaraciones a la prensa. En aquel Consejo, ha agregado el presidente valenciano, que aspira a la relección, "se llegó a un acuerdo razonable en el que, simplemente, exigíamos que en el año 25 se pudiera actualizar la decisión en función del estado del Tajo".

Fue "una posición razonable y racional y no tiene nada que ver con ningún tipo de patriotismo. Se trata de hacer las cosas razonablemente para garantizar el agua, que genera miles de puestos de trabajo en Alicante y en todo el área del levante y sin atentar contra el derecho de nadie". En definitiva, ha advertido, "vamos a mantener una posición de apoyo permanente a los regantes porque tienen razón".

Puig se reserva el derecho de "de agotar todas las vías posibles" en defensa del trasvase

El proyecto normativo que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua en su reunión del pasado 29 de noviembre incluía un punto -la disposición adicional novena- que resulta esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo- Segura, por lo que cualquier modificación o supresión del mismo, que figure en ese último borrador de Decreto Ley que ya obra en poder del Consejo de Estado, "encontrará el más firme rechazo por parte del Consell", advierten además en una nota. Además Puig se reserva el derecho "de agotar todas las vías posibles en aras de asegurar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura".

Entra de lleno el presidente valenciano en la guerra del agua. Una batalla transversal que no sabe de colores políticos y que enfrenta a Castilla-La Mancha y Aragón por un lado, frente a valencianos, murcianos y andaluces, por otro.