El bloqueo prolongado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que va ya por los cuatro años y un mes caducado por la falta de acuerdo político entre los dos principales partidos del Congreso, PSOE y PP, para renovarlo, llama la atención de los expertos en democracias europeas.

Democracy Reporting Internacional (DRI), un grupo de estudiosos de gobernabilidad democrática y elecciones fundado en 2006 que analiza acontecimientos relacionados con el Estado de Derecho en distintos países europeos, trasladando sus conclusiones en informes, dedicó uno de ellos en diciembre a la situación del órgano de gobierno de los jueces español bajo el título 'Batalla por el poder judicial en España: ¿Cómo se compara con Polonia y Hungría?' (Battle for the judiciary in Spain: How does it compare to Poland and Hungary?).

Entre otras conclusiones interesantes sobre el Poder Judicial y la última renovación del Tribunal Constitucional (TC), los expertos consideraron que "los procesos de designación politizados han permitido a los partidos políticos buscar influencia o control sobre los tribunales instalando personas leales en puestos judiciales clave". Aunque ven similitudes de politización del ámbito judicial con Polonia y Hungría por en el intento de control por parte del Gobierno -destacan la "clara afiliación política" de los candidatos propuestos para el TC, personalizando en el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo- y por la oposición, consideran que en España, a diferencia de los otros dos países, el Estado de Derecho está a salvo por los contrapesos con los que cuenta el sistema. También porque el Gobierno ha respondido a las llamadas de atención de Bruselas para retirar reformas legales, como la que impulsaron PSOE y Podemos y pretendía rebajar las mayorías en el Parlamento para elegir a los miembros del CGPJ.

"En general, el gobierno español parece responder a las críticas de Bruselas, lo que ha resultado en la retirada de proyectos legislativos problemáticos en el pasado. Sin embargo, esto no mitiga el hecho de que los esfuerzos de los partidos políticos siguen siendo egoístas en lugar de centrarse en la selección basada en el mérito para los órganos cuyos miembros se supone que tienen tanto competencia como integridad. Tal enfoque necesitaría un cambio más profundo en los nombramientos judiciales", se puede leer en documento.

Aún así, llaman la atención sobre la falta de cultura de la independencia judicial de nuestro país. "A diferencia de Polonia, ningún partido político en España logró capturar completamente el Consejo o el Tribunal Constitucional debido a la forma en que están estructurados los procesos de toma de decisiones. La situación es más bien la opuesta: los controles y equilibrios han resultado en un punto muerto, porque las partes no están dispuestas a comprometerse. Estos intentos de los partidos de influir en la composición y el funcionamiento de las instituciones judiciales muestran que España todavía tiene una cultura bastante débil de respeto por la independencia judicial", se puede leer en el informe elaborado por Nino Tsereli, responsable de Investigación sobre el Estado de Derecho de DRI, en consulta con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Joan Solanes Mullor.

Para ahondar en los asuntos tratados en el informe, El Independiente ha consultado a la estudiosa Tsereli sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asunto de actualidad puesto que el principal partido de la oposición acaba de registrar una proposición de ley en el Congreso para modificarlo.

Pregunta: ¿Cree usted que los miembros del Consejo General del Poder Judicial deberían ser elegidos por sus méritos?

Respuesta: Idealmente, sí. En la práctica, la selección basada en los méritos (en contraposición a las conexiones políticas) puede ser difícil de lograr, especialmente cuando el proceso está politizado e instrumentalizado por los partidos políticos para adquirir control o influencia sobre el Consejo. Cuando el Parlamento es el encargado de elegir a los miembros del Consejo y el umbral de decisión es elevado, se supone que tanto la mayoría como la oposición propondrán candidatos altamente cualificados que sean aceptables para la otra parte. En la práctica, el riesgo es que cada uno acepte a los candidatos del otro aunque no estén cualificados y, a cambio, espere que sus propios candidatos sean aceptados por la mayoría a pesar de su falta de de cualificación. También es posible que los nombramientos se conviertan en moneda de cambio mientras los políticos persiguen otros objetivos. Si se mantiene el sistema de nombramientos politizado, pueden introducirse controles adicionales para garantizar una selección basada en el mérito (asegurarse de la imparcialidad e integridad de los candidatos). Esto podría garantizarse, por ejemplo, permitiendo que actores independientes y apolíticos preseleccionen a los candidatos antes de que lleguen al Parlamento. El proceso parlamentario también puede hacerse transparente e integrador, con la comunidad jurídica y las organizaciones de la sociedad civil participando en sesiones públicas con los candidatos y con los medios de comunicación. Algunas democracias en transición han invitado a expertos internacionales para que comprueben las cualificaciones y la integridad de los candidatos.

En España, un modelo en el que el Parlamento esté muy implicado es problemático debido a la falta de una cultura de compromiso político y al escaso respeto por la independencia judicial de los políticos

P: ¿Cree que la elección de los miembros del consejo de jueces no debería proceder del Parlamento?

R: Los parlamentos suelen participar en la selección de los miembros de estos consejos. No obstante, que el Parlamento elija a todos los miembros puede hacer que el Consejo sea vulnerable a la politización e incluso a la captura (como en Polonia, por ejemplo, que adoptó un modelo similar al español). En el caso particular de España, un modelo en el que el Parlamento esté muy implicado es problemático debido a la falta de una cultura de compromiso político y al escaso respeto por la independencia judicial de los políticos. La Unión Europea y el Consejo de Europa recomiendan que los jueces miembros del Consejo sean elegidos por los propios jueces. En su informe sobre el Estado de Derecho de 2022, la Comisión Europea emitió una recomendación de este tipo a España.

Sin embargo, existe el riesgo de que un Consejo compuesto en su totalidad por jueces elegidos por jueces actúe por interés propio y autoprotección. La independencia del Consejo se conseguiría a expensas de la rendición de cuentas (que es igualmente importante). Por lo tanto, este modelo también puede ser problemático, especialmente cuando el Consejo tiene amplios poderes en materia de carrera judicial y administración de los tribunales. La presencia de miembros no judiciales nombrados por actores políticos a través de un proceso transparente e inclusivo puede ser una solución. Desde este punto de vista, puede considerarse aceptable que el Parlamento seleccione a los miembros no judiciales (que a menudo son minoría). El proceso debe estructurarse, sin embargo, de manera que se reduzca el papel de la negociación política y se garantice la calidad de la elección, contribuyendo a garantizar la calidad de los candidatos. Las leyes podrían especificar que los miembros del Consejo designados por el Parlamento no sean miembros de partidos políticos o tengan conexiones políticas, lo que hace probable que actúen de acuerdo con los deseos del Gobierno.

La experta propone como solución que los colegios de abogados o las facultades de Derecho propongan candidatos

P: ¿Son inútiles los contrapesos del ordenamiento jurídico español si los
políticos del Gobierno y de la oposición no se ponen de acuerdo sobre la renovación del CGPJ?

R: Los miembros del CGPJ son nombrados por mayoría cualificada. Se requiere un umbral decisorio tan alto para implicar a la oposición y conseguir que la mayoría y la minoría busquen un compromiso. Se trata de garantizar que la mayoría gubernamental no elija sola a los miembros del Consejo. Es posible que se llegue a un punto muerto cuando no existe una cultura de compromiso democrático entre las fuerzas políticas (como ocurre en España). Para estas situaciones, debería existir un antibloqueo. No existe un modelo único para estos mecanismos. Deben motivar tanto a la mayoría como a la minoría para negociar y encontrar un compromiso. La consecuencia de la no elección de los miembros del Consejo debe ser poco atractiva para ambas partes. Lo que propuso el Gobierno español en 2020 (bajar el umbral en caso de una segunda votación) era problemático, porque reduciría cualquier incentivo para llegar a un compromiso en la primera vuelta. Si el Gobierno y la oposición sabían que el poder de nombramiento pasaría a manos de otro actor después de haber votado sin éxito, estarían motivados para negociar.

Si el Parlamento sigue siendo plenamente responsable del proceso de selección de los miembros del Consejo (lo que no es lo ideal por principio y especialmente en el contexto español), entonces debería haber otros procesos para garantizar una selección basada en el mérito. Esto podría implicar la preselección de candidatos por parte de organismos independientes y neutrales (por ejemplo, una oficina del defensor del pueblo o un nuevo cuerpo externo al control del gobierno) o dejando que las organizaciones de la sociedad civil, los colegios de abogados o las facultades de derecho, propongan candidatos. Esto minimizaría los riesgos de politización del proceso de selección y ayudaría a garantizar la calidad de los candidatos para negociar.