Al poco de producirse el asalto de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez condenó el ataque a través de redes sociales, también en su calidad de presidente de la Internacional Socialista. Este lunes, el jefe del Ejecutivo alertó de la "amenaza" que supone que para la democracia el resurgir de los "movimientos ultras".

Lo hizo en la apertura de la VII Conferencia de Embajadores, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, y junto al jefe de la diplomacia, José Manuel Albares. Sánchez trasladó el apoyo del Gobierno y de la sociedad española al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien tomó posesión de su cargo el pasado 1 de enero, y a las instituciones democráticas del país.

Para Sánchez, la acción exterior de España ha de sostenerse en los valores que recoge la Constitución, que se hallan en las "antípodas de este fenómeno repulsivo"

Para Sánchez, los hechos ocurridos este domingo en Brasilia, el ataque de los bolsonaristas y su exigencia al Ejército para que eche del poder a Lula, recuerdan "cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y de este a oeste". Y esa amenaza es el "resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo".

Los métodos que emplean los extremistas, dijo, son bien conocidos y se repiten "sistemáticamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos". Uno, un "uso sistemático de la mentira para captar seguidores". Dos, el "recurso al insulto, a la violencia verbal, para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a sus seguidores". Y tres, un "ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática". "Lo vimos en EEUU", hace justo dos años, en el asalto al Capitolio, "y lo vemos hoy en Brasil y lo presenciamos a diario en distintas latitudes", aseguró el presidente.

Frente a ello, siguió, la acción exterior de España ha de sostenerse en los valores que recoge la Constitución, que se hallan en las "antípodas de este fenómeno repulsivo" y que son el "mejor antídoto" frente a una de las mayores amenazas actuales.

Dos acuerdos del Consejo de Ministros

Sánchez se mostró seguro de que la democracia brasileña "va a prevalecer" pese al asalto de los bolsonaristas, y también expresó su confianza en que Madrid y Brasilia puedan avanzar en los próximos años en "intereses comunes". La reelección de Lula y su retorno a la presidencia del país "abre un horizonte de esperanza", que trasciende las fronteras del gigante suramericano, y que afecta también a cuestiones medulares como la lucha contra el cambio climático o la preservación del Amazonia.

El Gobierno aprueba este martes la propuesta de reforma del mercado eléctrico que se elevará a Bruselas y la regulación de la participación de cuatro proyectos de hidrógeno verde

El presidente también anticipó, durante su discurso, dos de los acuerdos que este martes, 10 de enero, abordará el Consejo de Ministros, el primero del año. Por un lado, el Gobierno debatirá la propuesta de reforma del mercado eléctrico que Madrid elevará a Bruselas. Y por otro, se aprobará un real decreto para regular la participación en cuatro proyectos de hidrógeno verde que va a liderar España en la UE.

Respecto a la primero, Sánchez indicó que la propuesta tendrá un doble propósito: facilitar el despliegue de las energías renovables, las que garantizarán la autonomía energética "frente al chantaje de [Vladímir] Putin". El segundo objetivo es que haya un reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en un momento de tensión y de crisis de los mercados de materias primas. España, continuó el jefe del Ejecutivo, pretende exportar soluciones constructivas al resto de la UE, como también lo ha sido, recordó, la excepción ibérica.

En cuanto al segundo punto, el líder socialista remarcó que España liderará cuatro de los once proyectos de este tipo en toda la UE. Las cuatro iniciativas incluyen subvenciones procedentes de los fondos europeos por un total de 74 millones de euros.

Que vaya al artículo 472 del Código Penal

El asalto a las instituciones en Brasil ha servido en las últimas horas para alimentar el debate y la confrontación entre Gobierno y PP. El motor fue el primer tuit de Cuca Gamarra, número dos de Alberto Núñez Feijóo, este domingo, en el que sin condenar el ataque de los partidarios de Bolsonaro, contestaba al mensaje de Sánchez recordando que si los mismos hechos ocurrieran en España se catalogarían como desórdenes públicos, al desaparecer el delito de sedición en la última reforma del Código Penal.

Los socialistas muestran su "asombro" con el PP y recuerdan que si ocurriera aquí lo que ha pasado en Brasil "se aplicaría el delito de rebelión"

El tuit de Gamarra demuestra el "desconocimiento abismal" sobre los temas que "aqueja" al principal partido de la oposición y sus líderes, y es "muy inquietante" que lo primero que tuviera que decir el PP sobre lo ocurrido en Brasil fuera esa crítica al presidente, resolvió el ministro Félix Bolaños en declaraciones a los medios. Después, la titular de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, condenó la "actitud" de los populares, porque si ese ataque se produjera en España, "se aplicaría el delito de rebelión, que sigue siendo el mismo" y que no ha cambiado con la última reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 12 de enero. Basta acudir, dijo, al artículo 472.

El mensaje de la dos del PP generó "enorme asombro" y "preocupación" en los socialistas, que creen que el partido de Feijóo sigue "congelado" en 2018, cuando perdió la moción de censura y no hizo "digestión" de la victoria de la izquierda en las generales de 2019. El tuit "se descalifica a sí mismo", dijo Alegría, quien manifestó que el PSOE esperaba una condena de lo sucedido en Brasil o un apoyo más explícito de Feijóo a Lula. Por eso la portavoz pidió al PP "responsabilidad y altura de miras". De paso, la ministra reclamó al principal partido de la oposición que trabaje de manera "constructiva" y "cumpla con la Constitución", haciendo posible la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace más de cuatro años.