El Tribunal Supremo ha rebajado ligeramente las condenas impuestas en el denominado 'caso De Miguel' contra tres exdirigentes del PNV, antiguos miembros de la Ejecutiva de la formación en Alava, y un exdirector del Gobierno Vasco. Se trata del mayor proceso por corrupción juzgado en Euskadi, con penas que van de 5 a 12 años de cárcel, por lo que no evitarán su entrada en prisión.

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia que rebaja de 13 años y 3 meses de cárcel a 12 años y 4 meses a Alfredo de Miguel, el que fuera número 2 del PNV en Álava y diputado foral, al absolverle de uno de los cuatro delitos de tráfico de influencias, si bien mantiene su condena por los delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, así como el cumplimiento máximo de tiempo efectivo en prisión, que será de 9 años.

El exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería pasa de 6 años y 6 meses a 5 años y un mes de prisión, mientras que su compañero de partido Koldo Otxandiano mantiene su pena de 7 años y 6 meses, al igual que el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles, en 7 años y un mes de cárcel.

Precisamente este lunes, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar afirmó sobre Alfredo de Miguel que "mientras no se dicte una sentencia firme, tiene intactos todos sus derechos, incluidos los laborales", en alusión a su trabajo en la Fundación HAZI, organismo dependiente del departamento vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Tras rechazar la práctica de "amiguismo" en este asunto, Ortuzar recalcó que De Miguel "está fuera del partido" y que cuando el Supremo se pronuncie sobre su condena, el Gobierno Vasco "tendrá que cumplir la sentencia, y punto".

Sociedades y facturas falsas

La Fiscalía y 13 de los 15 condenados recurrieron la sentencia de la Audiencia de Álava ante el Supremo, que tan solo ha absuelto de todos los cargos al presidente de los Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Andrés Sánchez Alegría, por no aportarse prueba suficiente de que llegara a conocer las irregularidades en que incurrieron los procedimientos que llevaron a la adjudicación de contratos a favor de dos entidades.

Con puntuales correcciones técnicas, la Sala de lo Penal confirma los hechos probados por la sentencia de instancia de Álava así como la mayoría del resto de las condenas. Dice el Supremo que los tres exdirigentes vascos, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del PNV y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.

Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados, bajo la titularidad de testaferros, para aparentar que no eran de su propiedad.

La sentencia también condena a los tres políticos vascos por influir en que algunos de los contratos administrativos fueran directamente adjudicados a sus sociedades, hasta el punto de que la Administración les abonó unos trabajos que no realizaron nunca.

Bildu: "Este no es un caso aislado"

Estos contratos fueron otorgados por organismos públicos también regidos por miembros del PNV, concretamente por el Parque Tecnológico de Álava, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca, Zigoitia y Zambrana, así como por las Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava cuyos presidentes pertenecían a esa agrupación política.

Para la adjudicación de los contratos, la sentencia explica que los condenados aprovecharon su influencia política sobre algunos de los integrantes de esas corporaciones y que los colaboradores, además de contravenir el procedimiento de tramitación administrativa, propusieron la adjudicación por amiguismo con los exdirigentes del PNV. 

La reacción de los partidos de la oposición ha sido unánime contra el PNV. Desde EH Bildu, Unai Urruzuno ha asegurado que "no es posible que no lo conocieran": "Este no es un caso aislado, no es una 'manzana podrida' sino a un modus operandi a un modo de entender las adjudicaciones publicas", ha asegurado. Desde Elkarrekin Podemos, Pilar Garrido ha reclamado al PNV "que haga autocritica y denuncia este tipo de actitudes de modo claro". Tambien desde el PP ha reclamado al PNV y al lehendakari que asuman la responsabilidad y den explicaciones.

Por el momento, desde el Gobierno vasco se han limitado a asegurar que respetan la sentencia firme dictada por el Supremo y que actuarán en consecuencia.

PNV: "No nos afecta como partido"

EL PNV se ha limitado a afirmar que "acata" la resolución, a la vez que ha enfatizado que "no le afecta como partido, ni en su financiación": "Ni en el auto de apertura de juicio oral, ni en la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, ni en el fallo del Tribunal Supremo había, ni hay, una sola referencia a esta cuestión", ha destacado la formación en un comunicado.

En la nota, el PNV, que evita definir el caso con el apellido del principal encausado -y exalto cargo de su partido- y apuesta por referirse a él como 'caso Miñano', el referencia al Parque Tecnológico en el que se produjeron parte de los hechos, también proclama que "cualquier práctica éticamente reprobable, contraria a la vocación de servicio público que debe tener la acción política, está reñida y fuera de la práctica y del ejercicio" de esta formación. "La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con PNV", según se añade, y mantiene que dichos comportamientos "siempre tendrán a este partido enfrente".

El partido nacionalista también recuerda que, en su día, tanto su actual presidente, Andoni Ortuzar, como el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, pidieron perdón a la sociedad por estos hechos y destaca que "hoy renuevan esa disculpa dirigida al conjunto de la sociedad". Se hace hincapié, así mismo, en que los condenados entregaron sus carnés del partido hace más de 12 años y durante este tiempo han tenido suspendida cautelarmente su afiliación. Una vez que la sentencia es firme, el PNV incoará el expediente definitivo de expulsión.

Por su parte el lehendakari Iñigo Urkullu, que ejercía como presidente del PNV en el momento en el que se destapó el caso De Miguel, ha asegurado que se ratifica en manifestaciones anteriores realizadas en las que ha reprobado "rodo caso de corrupción" y mantiene su compromiso total "con la transparencia y la ética en la gestión pública y política". También ha reiterado su respeto a las decisiones judiciales que "deben ser acatadas y cumplidas, respetando también el curso de los procedimientos judiciales". En su pronunciamiento tras conocerse la sentencia del Supremo ha mostrado su "más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y a los valores éticos que defendemos y por los que queremos significarnos".