Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) es un viejo conocido del ámbito judicial y de los medios de comunicación. Desde 2017, elegido a propuesta del Senado, es magistrado del Tribunal Constitucional, donde ha protagonizado algunos de los momentos más polémicos del tribunal de garantías, como el enfrentamiento con los magistrados de la mayoría que apoyaron declarar inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. Redactó un voto particular contra dicha decisión en el que llamó "juristas de salón" a los magistrados conservadores. Tras el malestar generado, modificó el texto y retiró dicha calificación.
Igual que el magistrado Antonio Narváez, Conde-Pumpido se apartó de los recursos presentados por los políticos condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del proceso soberanista de 2017 en Cataluña después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont, al que aún no se ha podido juzgar por estar fugado de la Justicia, le recusara por pérdida de apariencia de imparcialidad.
Su defensa alegó contra Conde-Pumpido manifestaciones públicas hechas en el ámbito académico tres semanas después del referéndum del 1 de octubre, así como se refirió a la "amistad" del magistrado con el fiscal de Sala del Tribunal Supremo que participó en el juicio del procés, Javier Zaragoza, con el que Puigdemont vio una "alineación" en sus tesis contra el independentismo.
Fiscal general durante el Gobierno de Zapatero
A Zaragoza, igual que a otros fiscales y magistrados de la Audiencia Nacional, le une a Cándido Conde-Pumpido su lucha contra el terrorismo de ETA. Entre 1981 y 1985 fue magistrado de la Audiencia de San Sebastián.
Allí llegó en su ascenso a magistrado después de sus primeros destinos en los Juzgados de Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) y Carballino (Ourense). Miembro de una familia de juristas coruñeses -su abuelo, también Cándido Conde-Pumpido, fue presidente de las audiencias territoriales de A Coruña, Valladolid y Valencia y su padre, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, teniente fiscal del Supremo- ingresó en la carrera en 1974.
Después de su paso por la Audiencia Provincial de San Sebastián fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidente de la Audiencia Provincial de Segovia y, posteriormente, magistrado del Tribunal Supremo, al que accedió como el magistrado más joven, con 46 años.
Padrino de Dolores Delgado
En 2004, los vocales progresistas del CGPJ le propusieron para ir como magistrado al Tribunal Constitucional, pero finalmente fueron elegidos en lugar de él Ramón Rodríguez Arribas y Pascual Sala.
Fundador de la asociación Jueces para la Democracia, fue su portavoz entre 1984 y 1986. Definido como riguroso y de trayectoria jurídica sólida, participó en los juicios del caso GAL. Se mostró en contra de citar a declarar como investigado al expresidente del Gobierno, Felipe González, contra el que no vio "mínima solidez" de las acusaciones que había contra él de estar detrás de la guerra sucia de Estado contra ETA.
En 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propuso a Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, puesto en el que se mantuvo hasta diciembre de 2011, cuando el político socialista perdió las elecciones.
En febrero de 2020, cuando la exministra socialista de Justicia y ex fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, tomó posesión como fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido fue su padrino en el acto en la ceremonia del Tribunal Supremo.
Siempre se le ha vinculado con el PSOE, también en la etapa de Pedro Sánchez. Aunque fuentes del Gobierno se dieron por satisfechas en la toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional del pasado lunes porque haya cambiado la mayoría conservadora del tribunal por otra progresista, en realidad el Ejecutivo buscaba que Conde-Pumpido llegara a la presidencia.
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