Es un temor que sobrevuela la vida de cientos de mujeres. Lo hace cada día. En muchos casos con grave riesgo para su vida, en otros como una amenaza que quizá esta vez pueda cumplirse. La violencia machista angustia sólo en el País Vasco a algo más de 5.100 mujeres. En realidad, es la cifra oficial, la conocida, a la que se debe sumar la que padecen otras muchas y que sufren en silencio. En 138 casos conocidos el riesgo es muy elevado, según han determinado jueces y la Ertzaintza, y merecen una protección especial. Sólo en Euskadi medio centenar de mujeres lleva escolta policial y otras 188 tienen asignado un sistema de contravigilancia policial para evitar que sufran una agresión machista.
El Gobierno vasco aseguró ayer que compartía la idea promovida por el Ejecutivo central, a través del Ministerio del Interior, de dar pasos para que el foco de la vigilancia en la batalla contra las agresiones a mujeres se ponga en los agresores y no en las víctimas. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, apuntó sin embargo que una medida así requiere de un respaldo legal suficiente para que pueda implantarse.
En el caso del País Vasco actualmente existen 71 hombres con pulseras de vigilancia. Un sistema de control impuesto por resoluciones judiciales y que se suma al resto de medidas que desde hace dos décadas se aplican en un pulso mortal que a final del año 2022 dejó un cruel balance en el conjunto del país.
Cursos de autoprotección
La Ertzaintza tiene pautados los procedimientos de actuación en materia de maltrato doméstico desde el año 2002. En el 2006, en colaboración con la Universidad del País Vasco, logró determinar cuatro niveles de riesgo a aplicar a cada caso. Niveles según los cuales se establecen las correspondientes medidas de protección. El estudio, basado en el análisis de las circunstancias de 1.081 casos de violencia documentados, concluyó en la definición de una “escala de predicción de riesgo” de sufrir una agresión grave. Una escala basado en hasta una veintena de ítems y que abarca desde la baja probabilidad de padecer una agresión, hasta los niveles de riesgo moderado, alto y especial.
Actualmente 5.144 mujeres están incluidas en el radar de vigilancia policial en Euskadi, lo hacen clasificadas en función de su nivel de riesgo. Todas ellas han recibido formación en autoprotección ante posibles agresiones y en todos los casos reciben algún tipo de protección y seguimiento. En el caso del País Vasco el año pasado los delitos de violencia contra las mujeres aumentaron alrededor de un 15%, con algo más de 4.600 casos registrados, en su mayoría de malos tratos, injurias o vejaciones por parte de una pareja o expareja.
En todas las comisarías de la Ertzaintza existe un equipo dedicado exclusivamente a atender a las mujeres que padecen este tipo de violencia. Los agentes dedican cada día parte de su jornada a revisar los casos asignados a su demarcación. De todas ellas, el 66% reciben la protección por orden judicial pero en el 34% restante lo hacen de acuerdo a la aplicación de los protocolos establecidos en la policía autonómica vasca tras recibir información de situaciones de riesgo.
Aplicaciones de alerta
Así, además de los servicios de escolta, que en algunos casos llevan a cabo agentes de protección privados, y las contravigilancias, más de 200 de mujeres cuentan con una aplicación en sus terminales telefónicos –que instala la Ertzaintza- o teléfonos especiales. Estos sistemas les permiten estar en todo momento en contacto con los agentes para dar la alerta en caso de riesgo y permite escuchar lo que está sucediendo en el momento en el que se activan.
Sólo la protección personal en los casos más graves, en los que se establecen servicios de escolta, suponen un desembolso al año de 6,7 millones de euros. A esta partida se suma la destinada a la financiación de la aplicación informática ‘Bortxa’, que facilita la realización de llamadas rutinarias por parte de los agentes que llevan cada seguimiento. Otro de los pilares del plan de vigilancia que lleva a cabo la policía vasca es el denominado ‘Proyecto EBA’, un sistema digital de gestión compartida con las policías locales de los expedientes de violencia contra las mujeres.
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