"No volveré esposado ni rendido ate juez español para que sea indulgente, lucharé para volver libre". Carles Puigdemont ha confirmado este jueves que no considera suficiente la rebaja de los delitos aplicada por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, para afrontar sus cuentas pendientes con la justicia española.

No regresará a España hasta conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las prejudiciales planteadas por el propio Llarena, de las que depende el mantenimiento y alcance de su inmunidad como eurodiputado ante las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo. "Esperaré a la justicia europea" ha afirmado en un "mensaje institucional" en el que ha confirmado lo avanzado horas antes por su abogado Gonzalo Boye.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha modificado este jueves los delitos por los que procesó al expresidente catalán Carles Puigdemont por impulsar el proceso independentista catalán en 2017 teniendo en cuenta la reforma de los partidos del Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que elimina el delito de sedición.

Batalla europea

"Estamos al final de batalla europea y la libraré hasta el final" ha asegurado el ex president fugado, que ha defendido que esta batalla legal ante el TJUE es clave para deslegitimar la sentencia del procés y las acusaciones de la justicia española.

No se trata de "aceptar ser condenado por delitos supuestamente menores" ha advertido, sino de "no permitir ninguna condena por razones políticas". Un objetivo que a su juicio "no lo puede asegurar ningún pacto con gobierno", en clara referencia a los acuerdos de ERC con el PSOE "ni la connivencia de la justicia de ese país".

Una justicia que ha vuelto a denostar, asegurando que en España "se hace política desde los tribunales a conveniencia" para "perseguir y penalizar" al independentismo. La española, ha añadido, no es una "justicia democrática, quien quería ver en los cambios legales una herramienta se equivocaba".

No pido beneficios

Puigdemont ha insistido en que "no pido a las autoridades españolas ningún beneficio a mi situación personal", -desde Junts han definido la reforma del Código Penal como una vía para "salvar" a los dirigentes de ERC pendientes de juicio-. Porque esos beneficios, ha añadido, "no sirven para resolver el conflicto de fondo".

En este contexto, ha reivindicado sus "cinco años de lucha" desde que se fugó en noviembre de 2017. Y ha asegurado que su batalla judicial en Europa no se mueve por "intereses partidistas" sino para "defender nuestros derechos al servicio de todo el colectivo".