El Gobierno y el PSOE no quiere entrar a diseccionar públicamente los contenidos del auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que mantiene el procesamiento de Carles Puigdemont por desobediencia y malversación agravada, pero sí que discrepa de la valoración de carácter más político del juez. Cree que esa no es su función, sino la de aplicar las leyes que aprueba el legislador, y punto, y esa tesis, ese reproche severo a la labor de Llarena, salió este viernes de los labios de la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Llarena dictó el jueves el auto [aquí en PDF] en el que establece las consecuencias de la reforma del Código Penal que entraba ese día en vigor para los procesados en la causa declarados en rebeldía, el expresident Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación"

maría jesús montero, vicesecretaria general del psoe y ministra de hacienda

El magistrado rebate la tesis defendida por el Ejecutivo de que era necesario armonizar la legislación española a la de los vecinos europeos. En el auto, achaca la iniciativa precisamente a que al Gobierno y a sus socios no les gustó la sentencia del procés, de 2019, que condenó a Oriol Junqueras y al resto de presos a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición y malversación en concurso medial y que los inhabilitó para el ejercicio del cargo público. El magistrado entiende que no cabe aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos agravados —el que la Moncloa diseñó para los dirigentes del procés— y que se crea, con la reforma, "un contexto cercano a la despenalización".

Montero fue preguntada en rueda de prensa por el escrito de Llarena al término de la reunión de la ejecutiva federal del partido, en la que Sánchez se rodeó además de 16 de sus 17 ministros socialistas —todos menos la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de viaje en Abu Dabi—. "No vamos a entrar en los contenidos de la orden", dijo la número dos, "pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad".

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"No entramos en los pronunciamientos judiciales y pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación", apuntó, en lo que se podía leer como un toque de atención al magistrado. A su juicio, "la Justicia lo que tiene que hacer es administrar Justicia" y los políticos "legislar conforme a su escala de valores". La vicesecretaria general defendió que el Ejecutivo persigue, con la reforma del Código Penal que elimina la sedición y que rebaja la malversación el "impulso a la convivencia" en Cataluña y en el conjunto de España.

"El 'procés' ha acabado"

Los socialistas son conscientes de que el escrito de Llarena no casa con la previsión diseñada por la Moncloa, pero intentan aprovechar el movimiento del Supremo a su favor. El auto, dijo Montero, "pone de manifiesto que el PP ha mentido respecto a la reforma del Código Penal", ya que la formación de Alberto Núñez Feijóo decía que el Ejecutivo "ponía alfombra roja a Puigdemont para que se paseara por nuestro país con impunidad". "Y el auto pone de manifiesto lo contrario, se reclama a Puigdemont para que responda ante la Justicia", opuso Montero, quien subrayó que esto es algo que el PSOE "siempre" ha defendido, que el expresident ha de dar cuenta de sus actos ante los tribunales.

El PSOE entiende que es más fácil que se entregue al 'expresident' a España por la armonización con la legislación de otros países. "Ojalá sea así", dice la número dos

La dirección llama la atención sobre el hecho de que Puigdemont compartan "a partes iguales" la argumentación. Son, en su opinión, caras de la misma moneda. "Unos viven mejor instalados en el enfrentamiento", en la "nostalgia" de lo que ocurrió en 2017, cuando "el procés ha acabado" y lo que toca es "seguir trabajando por una España que reconozca la diversidad y la pluralidad pero donde los límites los marca la Constitución". Según Montero, que el auto "quite la razón al PP" no es sinónimo de que "dé la razón a otro", al Gobierno.

La ministra reiteró, como ha venido haciendo el Gobierno y el PSOE en los últimos dos meses, que la modificación del Código Penal no persigue despenalizar ningún tipo de corrupción, sino establecer penas diferentes en función de si ha habido o no lucro personal, ya que esas dos conductas no pueden tener "el mismo reproche penal", y además el cambio introduce la figura del enriquecimiento ilícito. Eso sí, como hiciera ya la portavoz del Ejecutivo el pasado martes, Montero no pudo garantizar que no vaya a haber rebajas de penas por malversación.

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La número dos defendió que la reforma incluso puede "facilitar la extradición" de Puigdemont, dado que ahora se ha homologado el Código Penal español al de países de nuestro entorno, y por lo tanto cree el Gobierno que será más probable que pueda "responder ante la Justicia". "Ojalá sea así", manifestó, reiterando que el PP alegaba que se hacía un cambio legal "a la medida" del expresident.