El plan inicialmente diseñado por el Ejecutivo se ha torcido en la primera curva. Sobre el papel, las piezas podían encajar, pero en la realidad los actores son otros, los jueces, y son ellos que pueden hacer estallar el tablero. Ese es el peligro que ahora afronta la Moncloa, una vez que el pasado jueves entró en vigor la reforma del Código Penal. Uno de los primeros movimientos procedió del Supremo, del juez Pablo Llarena, que aplicó al expresident Carles Puigdemont la derogación del delito de malversación, pero mantuvo su procesamiento por desobediencia y malversación agravada, castigada con hasta 12 años de cárcel. No era la previsión del Gobierno, pero ahora en el equipo de Pedro Sánchez advierten de que no habrá ninguna maniobra, porque no cabe y porque ahora la interpretación descansa, recuerdan, en los tribunales. Confían en que ERC, muy presionada por Junts, no hiperventile esta vez y asuma que la situación ya no depende del Ejecutivo.

El doble cambio legal que promovió Sánchez a finales de 2022, en una operación que él mismo reconocía como muy "arriesgada", por su potencial elevado coste electoral, pretendía que el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del procés —entre ellos, Oriol Junqueras—, que directamente derogó, fuera reemplazado por otra figura penal más liviana: desórdenes públicos agravados, penada con hasta cinco años de cárcel (e inhabilitación de seis a ocho años), frente a los 15 años de máxima condena del tipo anterior. La Moncloa entendía que los hechos ocurridos en aquel otoño de 2017 encajarían como un guante en ese nuevo delito de desórdenes públicos agravados, y para ellos utilizó incluso la doctrina de la sentencia del procés del Tribunal Supremo de 2019.

En el Ejecutivo ya anticipan que el criterio del tribunal del 'procés' convergerá con el expuesto por Llarena

Al mismo tiempo, el Gobierno rehízo el delito de malversación: la apropiación de fondos públicos para enriquecimiento personal o de terceros se castiga como antes, con hasta 12 años de prisión en la modalidad agravada; pero el desvío de dinero público para un fin distinto al previsto, sin lucro, supone cárcel de uno a cuatro años (e inhabilitación de dos a seis) siempre que haya "daño o entorpecimiento" al servicio público, porque si no lo hay, el castigo se limita a una inhabilitación de uno a tres años y multa de tres a 12 meses. La Moncloa defendió siempre que los comportamientos de los líderes del procés casaban con esta modalidad. Una redacción que le ha permitido defender que no se despenaliza ningún tipo de malversación, porque lo que se hace es ajustar la pena en función de si ha habido enriquecimiento, dado que no puede tener el mismo "reproche penal", tal como recalcaba este viernes la vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Sin embargo, Llarena, juez de tendencia conservadora, no ha seguido el patrón que apuntaba el Ejecutivo. El instructor entiende que ante la derogación del delito de sedición, por el que estaban procesados Puigdemont, los exconsellers Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí, además de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, los hechos cometidos son subsumibles ahora en un delito de desobediencia —no castigado con cárcel, pero sí con inhabilitación— porque considera que no encajan en el de desórdenes públicos. Pero el magistrado mantiene el procesamiento a Puigdemont, Comín y Puig por malversación, sin atenuantes de ningún tipo porque solo se podrían tener en cuenta si se dispone del bien público temporalmente, con intención de devolverlo posteriormente. De esta manera, Llarena les procesa por la modalidad agravada de malversación, con hasta 12 años de prisión y de 10 a 20 años de inhabilitación.

A su vez, el Supremo dio un plazo de ocho días a las acusaciones y defensas del procés para que realicen alegaciones y planteen cómo creen que afecta a la sentencia de 2019 —por la que los dirigentes independentistas fueron condenados a entre 9 y 13 años de cárcel— la reforma penal. Después, será la Sala Segunda, la que los juzgó, la que decidirá cómo aplicará la modificación legislativa. Fuentes de la Moncloa consultadas por este diario ya anticipan que el criterio de la Sala presidida por Manuel Marchena será el mismo que el defendido por Llarena en su auto [aquí en PDF]. Es decir, que no se les puede endosar el delito de desórdenes públicos y que la malversación habría de aplicarse en su modalidad más severa.

Aviso a Llarena

El Gobierno, en público, ha evitado entrar al choque directo con el instructor por el contenido de su escrito, aunque sí le hizo saber este viernes, a través de Montero, que no le gustaba que vertiese en su resolución críticas a la reforma legislativa y que advirtiese de que se había creado un "contexto cercano a la despenalización". Pero nadie oculta en el Ejecutivo que el plan no ha salido como se esperaba. "El objetivo del cambio del Código no era este, aunque veremos cuál es el resultado —asegura una ministra—. Que el juez diga que unos comportamientos como los del 1-O se hallan casi despenalizados es muy fuerte. Y si encima se aplica la malversación en su modalidad agravada y no en la más suave y no se baja la inhabilitación, va a ser fastidiado".

Nos quieren hacer la puñeta, pero se la hacen a la derecha: el 'procés' es delito ahora y antes y Puigdemont está más cerca de volver", asegura una fuente de primer nivel en el Gobierno

En el núcleo duro de Sánchez, sin embargo, tiran de pragmatismo y apuntan que aunque este primer movimiento de Llarena —que probablemente siga la Sala Segunda del Supremo— no se corresponda con lo previsto, no les hace un roto absoluto, sobre todo de cara a los electores, cuando quedan poco más de cuatro meses para las autonómicas y municipales del 28 de mayo. "[Los jueces] nos quieren hacer la puñeta, pero se la hacen a la derecha: el procés es delito ahora y antes y Puigdemont está más cerca de volver. Y aunque nuestro plan no haya salido, nos vale exactamente igual este: adiós al victimismo de los independentistas", concluye una fuente de primer nivel del Gobierno.

Para el Ejecutivo, habría sido insostenible que el expresident hubiera quedado sin castigo. Por eso Montero subrayaba este viernes que el PP falló en su pronóstico, que "mintió" al afirmar que Sánchez estaba poniendo "alfombra roja" al dirigente huido, cuando ahora se ha visto que su conducta era punible antes y lo es ahora.

El peligro del goteo de rebajas por malversación

La número dos remarcó que la reforma penal, al "homologar" la legislación española a la de otros países de nuestro entorno, "facilita" la extradición de Puigdemont, algo que no ha sido posible en estos más de cinco años transcurridos porque el delito de sedición, tal y como estaba antes formulado, no existe en Bélgica ni en otros Estados, y eso ha sido precisamente la fuente principal de los problemas que ha hallado la Justicia española para reclamar su entrega. El expresident, no obstante, no regresaría como mínimo hasta finales de marzo, cuando se espera que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre si puede recuperar su inmunidad parlamentaria plena. Su vuelta podría eclipsar el tirón final de la precampaña y campaña del 28-M.

Nosotros hemos cumplido el acuerdo [con ERC] y hemos reformado el Código Penal, pero que el plan no salga como estaba previsto no depende de nosotros", advierte un ministro

En el Ejecutivo no prevén, por ahora, que la situación en Cataluña vuelva a inflamarse. "No veo por qué se deberían complicar las cosas —opina un ministro del primer anillo de poder del presidente—. Nosotros hemos cumplido el acuerdo [con ERC] y hemos reformado el Código Penal, pero como todo el mundo sabe la aplicación de la ley corresponde a los tribunales. Que el plan no salga como estaba previsto no depende de nosotros".

El problema para los republicanos puede venir a partir de ahora porque el Supremo podría decidir no bajar la condena por inhabilitación a Junqueras y al resto de condenados en 2019 —esa pena no fue indultada en 2021, solo se les conmutó la prisión—, y también porque quedan pendientes de juicio una treintena de dirigentes soberanistas. Pensando en ellos también se rebajó la malversación, para evitar que su hipotética entrada en prisión con largas condenas supusiera desandar todo el camino hacia la normalidad recorrido estos años.

Los ministros de (de i a d) Interior, Fernando Grande-Marlaska; Presidencia, Félix Bolaños; Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y Agricultura, Luis Planas, durante la foto de familia de la reunión especial de la ejecutiva federal del PSOE, celebrada en Madrid este 13 de enero de 2023. EFE / JAVIER LIZÓN

Sánchez convocó este viernes a su ejecutiva federal del partido y a los ministros del ala socialista. Durante la reunión, como señaló Montero y confirmó este diario, no se habló de la reforma penal y de los efectos electorales de la rebaja de la malversación y la eliminación de la sedición. Pero la lectura que se traza en la dirección es coincidente. "Nosotros hemos cumplido, y ahora decidirán los jueces —comparte una responsable—. ERC tiene una oportunidad para salirse del lío, porque algunos como Marta Rovira podrán venir a España sin cárcel y la reforma ha ido en la buena dirección. Deberían saber que si se ponen estupendos, a macarras les ganará Junts siempre. Sí que es verdad que los independentistas tienen una visión muy particular de la independencia judicial".

El plan del Ejecutivo puede frustrarse por otra vía: si precisamente sí hay rebajas de condenas por malversación en casos de corrupción, el escenario que la cúpula socialista y la Moncloa esperan que no se reproduzca, aunque no lo garantizan. Justo un goteo de reducciones de condena o excarcelaciones, lo que ha ocurrido con la ley del sí es sí, es lo que más temen los cargos socialistas. Porque el tiempo hacia el 28-M se va consumiendo y cualquier efecto no deseado puede tener un impacto incontrolable.