El partido del Gobierno ha impulsado en los últimos tiempos importantes reformas legales cuyos efectos podrían volverse en su contra en el momento que menos falta le hace, los meses inmediatamente anteriores a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

Los tiempos de los tribunales no son los de la política y las consecuencias de dichas reformas -ley del sólo sí es sí, eliminación de la sedición y modificación de la malversación- llegarán a partir de ahora, con resultados distintos a los que el Ejecutivo de Sánchez esperaba cuando se formularon.

La decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de eliminar el delito de sedición (derogado) para Carles Puigdemont y mantenerle procesado por malversación y desobediencia, viendo que los hechos por los que se le debe juzgar -impulsar el proceso de independencia catalán de 2017 y el referéndum ilegal del 1 de octubre- no encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, abre la puerta a que Bélgica le entregue a España para que sea juzgado.

El Gobierno de Sánchez ha hecho una primera lectura de éxito de la reforma afirmando que el Tribunal Supremo tendrá más fácil juzgar a Puigdemont en caso de que Llarena vuelva a emitir la orden europea de detención contra él por malversación y sea entregado, teniendo presente que el electorado del PSOE no alcanza a entender por qué el Gobierno liga tanto su futuro a las exigencias de los partidos independentistas catalanes.

Lo que no reconoce el partido del Gobierno es que esperaba que el Supremo cambiara el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y no ha sido así, lo que le complica la situación electoral.

El juez Llarena ve que los hechos por los que se juzgó a los líderes independentistas -impulsar la ruta de desconexión de Cataluña- no encajaban en el delito de desórdenes públicos cuando se les juzgó ni tampoco encajan ahora para juzgar a Puigdemont y a los consejeros de su gobierno fugados. Así seguramente lo entenderá también la Sala Segunda del alto tribunal cuando proceda a revisar la sentencia. Los magistrados han dado ocho días a la Fiscalía y las defensas de los condenados para que aleguen lo que consideren pertinente.

En este contexto desfavorable para él, Puigdemont ha aclarado que no piensa volver a España para que se le juzgue por malversación e ir a prisión. Su defensa tratará de retrasar su vuelta a España -incluso aunque Bélgica acceda a entregarle- hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre su inmunidad parlamentaria, lo que se espera ocurra en marzo. Previamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá la prejudicial planteada por Llarena, se espera que el próximo 31 de enero emita sentencia. En este caso, el tribunal decidirá si un país europeo puede negarse a entregar a un reclamado por la Justicia española aunque aquí no haya una vulneración sistémica de derechos fundamentales.

Que Puigdemont aplace su decisión de volver a España a marzo complica el horizonte del PSOE de cara a las elecciones autonómicas y municipales, puesto que la intención del partido del Gobierno es centrar su discurso en la economía y no en el problema territorial.

Cambios en la 'Ley del sólo sí es sí'

Además del asunto catalán, los efectos de la ley del sólo sí es sí del Ministerio de Igualdad también continúan complicando la situación al Gobierno y, por tanto, al PSOE de cara a las elecciones. No dejan de caer a cuentagotas las revisiones de penas a la baja a agresores sexuales por la redacción de la norma, que eliminó la distinción del delito de abuso y agresión, rebajando las penas mínimas previstas en el Código Penal para armonizarlas teniendo en cuenta como como eje vertebrador de la norma el consentimiento. Este mismo viernes, el Tribunal Supremo procedió a la cuarta rebaja de una pena a un agresor sexual. En este caso, redujo la condena de 13 años y medio a 12 años y medio a un hombre por un delito continuado de agresión sexual a su sobrina de ocho años en la Línea de la Concepción (Cádiz) al aplicar la nueva ley por ser más favorable para él.

El Gobierno se plantea hacer modificaciones a la norma para enmendar el efecto inesperado de rebajas de penas que ya casi alcanzan las 200 en tribunales de toda España. Sin embargo, aunque las haga, éstas sólo serían aplicables a los casos de delitos sexuales que se cometan a partir de ahora, no a los que están en investigación ni para los que ya existe sentencia, puesto que iría en contra del principio de aplicación de la ley más favorable al reo.

Peticiones para rebajar penas por malversación

Por último, al modificar el delito de malversación para introducir distintos tipos teniendo en cuenta si existe o no lucro personal en el mal uso y desvío de fondos públicos, estableciendo penas mayores o menores en este sentido, se espera que haya un aluvión de petición de revisión de sentencias a la baja por parte de las defensas de investigados en causas de corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción, encargada de investigar las principales causas contra políticos de distinto signo, vio claro que la reforma del Gobierno dificulta su trabajo e implicará peticiones de rebajas de condenas impuestas hasta ahora.

El caso más próximo, para el que todavía está previsto que la Fiscalía contra la Corrupción presente su escrito de acusación, es Kitchen. En el departamento que dirige el fiscal jefe Alejandro Luzón no ven claro que se pueda acusar por el tipo de malversación penado con entre dos y seis años de prisión, en el que se aprecia ánimo de lucro personal, ni al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ni a su número dos, el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, en esta causa.

En la pieza Kitchen del caso Villarejo de la Audiencia Nacional se ha investigado si el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha un operativo de vigilancia desarrollado por la cúpula policial del momento al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para recuperar información en sus manos sobre la financiación irregular del Partido Popular que comprometiera a altos cargos de dicha formación, entre ellos el propio presidente, Mariano Rajoy.

Para Anticorrupción es difícil sostener que el ministro del Interior, Fernández Díaz, o Francisco Martínez tuvieron un lucro personal o se beneficiaron personalmente de dicho operativo. De ahí que vean que la nueva distinción entre los delitos de malversación llevaría a pedir penas más bajas para ellos que antes de la reforma del Gobierno.

No es el único caso en el que la reforma podría llevar a que las defensas de investigados por corrupción pidieran rebajas de penas. El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, también ha pedido ya a la Fiscalía que se pronuncie al respecto y las defensas de investigados en esta causa, así como en el caso Lezo, se plantean pedir modificaciones.