Los socialistas no van a soltar la presa servida por la Junta de Castilla y León porque entienden que están en riesgo los derechos y libertades de las mujeres. Pero además de interpelar al Gobierno regional y de requerir a su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que se "abstenga" de aplicar cualquier medida antiabortista, miran a Alberto Núñez Feijóo. Le exigen que hable, que deje de "escurrir el bulto" y haga un gesto de autoridad. El dirigente gallego "no es el líder del PP, es el rehén de Vox", remarcaba este lunes la portavoz del PSOE y del comité electoral del partido, Pilar Alegría.

La ministra compareció en Ferraz antes de que arrancara la declaración institucional de Mañueco en Valladolid. Antes, por tanto, de que este volviera a negar que las medidas anunciadas el pasado jueves tras el Consejo de Gobierno de Castilla y León —la posibilidad de escuchar el latido fetal o de acceder a una ecografía 4D o la atención psicológica— sean obligatorias para los médicos. El Ejecutivo central espera todavía la respuesta al requerimiento enviado al Gabinete autonómico ayer domingo, y prefiere no adelantar los siguientes pasos que podría dar. En último extremo, sobre el papel, cabría la adopción de activar el artículo 155 de la Constitución, pero los socialistas señalan que no están aún en esa pantalla: "El Gobierno no está ahí", recalcó Alegría.

Los socialistas cargan contra la "coalición del miedo" y advierten de que no tolerarán "ni un recorte en los derechos de las mujeres"

Por ahora, la estrategia de la cúpula de Pedro Sánchez pasa por advertir del peligro de la "coalición del miedo" de PP y Vox y por subrayar que el Ejecutivo no tolerará "ni un recorte en los derechos de las mujeres", "ni un mínimo retroceso". Las declaraciones del pasado jueves —cuando comparecieron el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo (Vox) y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP)— son un "ataque directo a las libertades y derechos de las mujeres", que van "en contra" de la ley de plazos vigente y en contra también, señaló la portavoz socialista, de las recomendaciones de las sociedades científicas. Alegría recordó que el mismo jueves la titular de Sanidad, Carolina Darias, se dirigió al consejero de Sanidad de Castilla y León para solicitarle información de las medidas aprobadas y al no "obtener respuesta" en la carta que este le devolvió al día siguiente, el Gobierno decidió remitir el requerimiento oficial en la tarde del domingo, que ahora deberá ser respondido por la Junta.

La portavoz remarcó que García-Gallardo ha manifestado que le gusta el modelo de Hungría —una ley antiabortista que implantó el ultraderechista Víktor Orbán, aliado de Santiago Abascal, el pasado septiembre, y que obliga a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de interrumpir su embarazo— y que ha insistido, frente a Mañueco, en que el protocolo será de "obligado cumplimiento" para los profesionales sanitarios de Castilla y León. Para Alegría, esa decisión "no es improvisada" y pretende seguir la agenda de países como Hungría, Polonia o la que intentó la ultraderecha en Estados Unidos. "Y el PP está callado", hiló, para centrar la atención en Feijóo.

Ferraz critica el "silencio" de Feijóo y recuerda que el PP "necesita a Vox" para gobernar, es su "aliado"

La ministra enfatizó que los populares "necesitan a Vox" para llegar al Gobierno, la ultraderecha es "su aliado natural". "Frente a esa decisión acordada y pactada en el seno del Gobierno de Castilla y León, mi pregunta es cuál es la opinión de Feijóo —indicó Alegría—, dónde está Feijóo, porque lleva cuatro días callado. No es el líder del PP, es el rehén de Vox. Sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: guardar silencio, escurrir el bulto, escaparse de la foto, pero esta vez no vale, tiene que decirnos algo".

La dirigente aludió a otras palabras del día, las de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que calificó al Gobierno de Sánchez de "totalitario e ilegítimo", declaraciones "propias de [Donald] Trump o de [Jair] Bolsonaro". También por ello los socialistas exigen a Feijóo que "dé la cara", que diga "qué opina de los recortes a los derechos de las mujeres". "Su silencio le desacredita para dirigir el PP, con su silencio avala a la extrema derecha", denunció. A primera hora de la mañana, en la SER, la propia Darias también había resaltado el "elocuente" silencio de Feijóo. "Es evidente que no está cómodo y que se siente mal", aseguró la ministra, que instó al gallego a "poner fin a esta tropelía que lo que hace es insistir en la culpabilización de la mujer a la hora de decidir su maternidad, algo que este país ha dejado atrás después de mucho sufrimiento".

"¿Ha llamado ya a Gallardo?"

La tesis de Ferraz es que Feijóo es un capitán débil y que incluso puede no llegar vivo a las generales si su partido no triunfa en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El PP es una "jaula de grillos", caricaturizó Alegría, donde son "múltiples" las voces que se escuchan día a día. No solo por las diferencias entre dirigentes, sino también porque los socialistas entienden que Vox es el que marca el paso. De hecho, cuando se le preguntó durante la rueda de prensa a Alegría por las primeras palabras de Mañueco en su declaración institucional, en las que negaba que se hubiera actualizado el protocolo, la ministra ironizó: "¿Ha llamado a Gallardo ya? A ver si dentro de cinco minutos sale el vicepresidente [de Castilla y León] y le enmienda la plana".

El Ejecutivo espera la respuesta obligada de la Junta y prefiere no adelantar pantallas. Darias no descarta ir a la Justicia si las medidas se aplican en la región

¿Y ahora, qué hacer? De momento, el Gobierno se dice a la espera de que la Junta "dé respuesta al requerimiento oficial" enviado ayer. Y resalta, frente a la tesis de Mañueco, que no replica a una "polémica", sino a un "anuncio del Gobierno de Castilla y León", explicitado el pasado jueves tras el Consejo de Gobierno, que tiene como objetivo "cercenar los derechos de las mujeres". Por eso, razonó Alegría, el Ejecutivo de Sánchez ha "actuado con la máxima contundencia", para impedir la aplicación de esas medidas antiabortistas que entraban en vigor, teóricamente, este mismo lunes.

El procedimiento indica que, si el Gobierno no encuentra satisfactoria la respuesta por escrito de la Junta, puede constituirse una comisión técnica entre las dos administraciones para solucionar las diferencias. Y si no se resuelven ahí o se desestima la puesta en marcha de ese órgano, señalaban fuentes de Ferraz, entonces la Moncloa podrá acudir a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que en su caso podrían decidir paralizar la medida. La ministra Darias reconocía en la SER que si la Junta aplica el protocolo, el Gobierno está dispuesto a acudir a los tribunales para denunciar esas actuaciones, ya sean obligatorias o recomendaciones, porque "contravienen la legalidad vigente". Alegría, a su vez, recordaba que los gobiernos autonómicos no tienen "competencia" para marcar pruebas adicionales a las embarazadas.

La portavoz insistió en todo momento en que no hay que adelantar "pantallas". ¿Cabría la aplicación del artículo 155, para intervenir la autonomía? "El Gobierno no está ahí. Lo que esperamos es una respuesta inmediata del Gobierno de Castilla y León", zanjó la portavoz socialista. En Ferraz retrocedían hasta 2020, cuando Murcia amenazó con imponer el pin parental a los centros educativos. Al final, tras una carta remitida por Educación, contaban, el Ejecutivo regional, dirigido por el popular Fernando López Miras, reculó y no hizo falta ir a los tribunales.