El Tribunal Supremo se ha dirigido por segunda vez al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pedirle que inste al Congreso y al Senado a encontrar una solución a la "situación insostenible" que tiene el alto tribunal ante la imposibilidad de cubrir las plazas de magistrados que van quedando vacantes puesto que el órgano de gobierno de los jueces no puede realizar nombramientos mientras esté en funciones.

Los dos partidos mayoritarios en el Parlamento, PSOE y Partido Popular, siguen sin llegar a un acuerdo para renovar el consejo de jueces que venció su mandato hace cuatro y dos meses. Puesto que la mayoría de ambas cámaras, a iniciativa de PSOE y Podemos, reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos si continúa en funciones, la situación de las Salas Social y Contencioso del Supremo cada vez es más crítica.

Actualmente están sin cubrir las plazas de 19 magistrados que se han jubilado o han dejado el tribunal por otros motivos del total de 79, lo que supone el 24% de la plantilla. En los próximos meses, como advierte la Sala de Gobierno, sumarán 24, lo que representará un porcentaje del 30,37 %.

1.230 sentencias menos al año

De ahí que hayan adoptado el acuerdo de dirigirse de nuevo al CGPJ para insistir en el "imprescindible remedio inmediato" a la situación. En éste, hacen suyo un informe del director del Gabinete Técnico del tribunal, pedido por el CGPJ, donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las cinco salas derivada de la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales por parte del órgano.

La Sala de Gobierno considera necesario que el Parlamento de una solución ante la estimación de que en 2023 sólo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos al año (570 menos en Contencioso y 660 en Social), "con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone" y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al "colapso" de ambas salas.

De hecho, ante la "situación crítica" en que se encuentran actualmente las Salas Cuarta (de lo Social), con 5 vacantes en una plantilla de 13; y Tercera (de lo  Contencioso-Administrativo), con 10 vacantes en una plantilla de 33, la Sala reclama en su acuerdo la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, 8 para la Sala Tercera y 7 para la Cuarta, con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados.

Según destaca el informe, "con una situación de la que el Tribunal Supremo no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas".

No hay presidente titular

El informe aprobado resume que, a fecha de este mes de enero, el Tribunal Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, y se encuentra sin presidente titular -tras la dimisión de Lesmes Francisco Marín, que era vicepresidente, ocupa el cargo- y con un total de 19 vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos vacantes en la Sala Primera, 10 en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta, lo que supone que el Tribunal ha de desarrollar su tarea con una plantilla inferior en un 24,05% a la legalmente prevista. Y en los próximos meses de 2023 tendrán lugar cinco vacantes más por jubilación (una en la Sala Civil, una en la Sala de lo Penal, una en la Sala de lo Contencioso, una en la Sala de lo Social y otra en la Militar), es decir 24 vacantes de 79 plazas, lo que hace un porcentaje de un 30,37% menos. Además están vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal, y las de los presidentes de las salas Tercera y Cuarta.

Respecto a las peticiones de magistrados para el Gabinete Técnico, el informe subraya que apoyarían a las salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada.

En cuanto a la Sala Primera (de lo Civil), con 2 vacantes de una plantilla de 10 magistrados, a las que se sumará otra más en el mes de marzo, el informe plantea la absoluta necesidad de prorrogar las medidas de refuerzo vigentes (cuatro letrados en Gabinete Técnico y cinco letrados coordinadores en fase de decisión).