En el culebrón en que se ha convertido el gobierno de Castilla y León después de que su vicepresidente y miembro de Vox, Juan García-Gallardo, hablara de la aprobación de un protocolo "pro-vida" que no era tal, todos los ojos están puestos en los siguientes pasos que pueda dar el jefe de dicho Ejecutivo, esto es, el popular Alfonso Fernández Mañueco.

De momento, el PP ni va a romper con Vox ni va convocar a los electores castellanoleoneses de nuevo a las urnas -las anteriores elecciones se celebraron el 13 de febrero del año pasado- y deja la pelota en el tejado de Vox, partido que ha ido virando su posición, pasando de amenazar con la ruptura del gobierno de coalición a descartar dicha eventualidad. Dicho esto la dirección nacional del PP da manos libres a su barón territorial para que adopte las decisiones que considere más oportunas, y "lo respaldará" si decide prescindir del origen de todos sus males, esto es, del vicepresidente sin cartera, confirman fuentes de Génova.

Si como consecuencia, el partido de Santiago Abascal decidiera romper el gobierno de coalición en Castilla y León, "deberían ser ellos los que dieran explicaciones, no nosotros", aducen los populares. Otra cosa es si la Comunidad estaría abocada, ante esa eventualidad, a ir de nuevo a elecciones autonómicas. "Eso ya es hacer demasiados futuribles" objetan.

Feijóo no ha presionado "ni directa ni indirectamente" a Mañueco para que tome decisiones en un sentido u otro

En comunicación constante con Mañueco, Núñez Feijóo "entiende lo que es la autonomía de los presidentes regionales. Si cuando él estaba al frente de la Xunta gallega alguien de la dirección nacional le hubiera dicho lo que tenía que hacer, no lo habría aceptado", afirman los mismos medios consultados. Coinciden en este caso desde Castilla y León al negar en redondo que el líder nacional del PP haya ejercido ningún tipo de presión "ni directa, ni indirectamente" en ningún sentido, ni para romper con Vox, ni para convocar elecciones, en contra de las informaciones publicadas en ese sentido.

Confiesan desde Valladolid, sede del gobierno autonómico, "que cosa diferente hubiera sido con la dirección de Pablo Casado", mucho más intervencionista, dicen, con las baronías de su partido a lo que se sumaba una evidente falta de sintonía del equipo genovés con los territorios, todo muy personalizado en el que fuera su secretario general, Teodoro García Egea. Lo cierto es que Feijóo cuida con mimo a los presidentes de su partido, donde residen ahora las cuotas de poder de los populares.

Respecto a una nueva cita electoral para hacer coincidir los comicios castellanoleoneses con el resto de las Comunidades de régimen común el 28-M, señalan en el entorno de Fernández Mañueco la evidencia de que ese es un mecanismo que "está en su mano" y que dispone hasta el 3 de abril para activarlo, pero "a día de hoy no está encima de la mesa. Entendemos que no responde a los intereses generales de los ciudadanos de Castilla y León".

Por su parte, Feijóo arremetió ayer contra la utilización del Consejo de Ministros para hacer campaña con respecto a un protocolo que, según los populares, no existe. "Lo único que puedo asegurar es lo que ha dicho el presidente de Castilla y León y lo que le ha contestado al Gobierno", dijo en un acto desde Cuenca.

"Cuando un presidente de una comunidad autónoma contesta al Gobierno que no hay ningún protocolo y que no hay ninguna coacción a una mujer que quiere interrumpir un embarazo, el problema es inexistente" y apuntó a que la estrategia gubernamental pasa por no hablar de "violadores excarcelados" por la aplicación de la ley del "sólo sí es sí", cuyo número se acerca ya a 200.

Versiones y amenazas contradictorias de Vox

En mitad del marasmo provocado por García-Gallardo, Vox ha ido dando versiones contradictorias. Su secretario general, Ignacio Garriga, amagó con la ruptura; el portavoz parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, rebajó el órdago; este miércoles ha sido el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha asegurado que no se plantean romper el gobierno en Castilla y León, aunque ha pedido al PP que cumpla el "pacto" respecto al acuerdo sobre el protocolo 'provida', informa Europa Press.

Tampoco se plantea Vox un adelanto electoral en Castilla y León. Ante el vértigo de acabar antes de tiempo con su presencia en el único ejecutivo donde se sientan, explica Ortega Smith que "otra cosa es que decidiese esto el gobierno", pero dijo creer que la primera fórmula de colaboración PP-Vox "está funcionamiento muy bien, ayuda a ganaderos y autónomos, con medidas importantes de reestructuración económica y social y que está garantizando más información, más libertades y más derechos para todos".

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Pero lo cierto es que hasta Vox ha desmentido a García-Gallardo en sus propios comunicados de prensa, aunque no lo haya hecho de forma explícita. En uno de esos comunicados, emitido el pasado martes (aquí reproducido), no se aludía en ningún momento a medidas "pro-vida" en contra de la interrupción voluntaria del embarazo ni a la obligatoriedad de los facultativos para presionar a las mujeres que desean abortar. Nada que ver con la intervención del vicepresidente regional en su comparecencia de la semana pasada.