La magistrada del Tribunal Constitucional recién nombrada a propuesta del Gobierno, Laura Díez, se abstendrá de la deliberación sobre el recurso que presentaron Partido Popular y Ciudadanos contra el decreto-ley de la Generalitat 6/2022 con el que trató de impedirse la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que las clases se impartan en castellano al menos en un 25% en centros educativos catalanes.

Díez fue designada ponente precisamente de la sentencia para resolver dicho recurso puesto que heredó -por criterios de mayor o menor edad y mayor o menor antigüedad- los asuntos que correspondían al magistrado saliente del Alto Tribunal, Antonio Narváez.

La magistrada se apartará del asunto puesto que era la vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que avaló la constitucionalidad tanto de la Proposición de ley sobre el uso aprendizaje de las lenguas oficiales impulsado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como el decreto-ley posterior de la Generalitat que estableció los criterios para vehicularla, como denunció este miércoles la Asamblea de la Escuela Bilingüe, solicitando su recusación como avanzó El Independiente.

Campo y Díez tendrán que apartarse en distintos asuntos

No está previsto que este asunto se aborde en el primer Pleno del órgano previsto para los próximos 7, 8 y 9 de febrero, pero un asunto relacionado con él se introdujo este miércoles en el próximo pleno jurisdiccional del órgano previsto para la próxima semana. De ahí que la profesora de la Universidad de Barcelona durante 20 años y experta en estados descentralizados haya comunicado al presidente del Alto Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que se abstendrá, según adelantó El Mundo y confirmó este diario.

Díez, persona de confianza del ministro de Presidencia Félix Bolaños, puesto que fue Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica de dicho Ministerio, fue propuesta para el Constitucional y nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de dejar el mencionado cargo en Presidencia, pasó a ocupar la vicepresidencia del CGE.

Fuentes del grupo conservador del Alto Tribunal ya avanzaron el día de la toma de posesión de los nuevos magistrados, también los nombrados por el CGPJ María Luisa Segoviano y César Tolosa, que tanto Díez como Juan Carlos Campo, exministro socialista de Justicia nombrado igualmente por el Ejecutivo, se tendrán que apartar de la resolución de distintos asuntos puesto que participaron en la redacción o supervisión de leyes del Gobierno.