Las pulseras localizadoras que el Ministerio de Igualdad ha ordenado poner a los agresores en menos de 24 horas no sirven para los conocidos como “persistentes”, aquellos que tienen varias víctimas a sus espaldas. El Ministerio del Interior puso el foco en este tipo de maltratadores a finales del año pasado, cuando en diciembre se produjeron 11 asesinatos machistas.

El pasado martes durante un acto, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, anunció que Igualdad había instado a que estos brazaletes se instalasen en menos de 24 horas. La iniciativa se toma en medio de la polémica por las rebajas de penas a agresores sexuales que conlleva la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí impulsada por el departamento que dirige Irene Montero.

Hasta la aprobación de la citada ley, este sistema sólo se aplicaba a víctimas de violencia de género. A partir de ahora, podrán solicitarlo todas las víctimas de violencias sexuales.

El sistema de estas pulseras, que en España funciona desde 2009, consta de tres aparatos. El propio brazalete, que en caso de decidirlo un juez tiene que llevar 24 horas el agresor, un dispositivo que lleva el hombre y que indica que funciona correctamente, y otro similar que lleva la mujer para poder geolocalizar a los dos. La pulsera no se puede quitar en ningún momento, ni siquiera para cargarse.

Los tres dispositivos van emparejados entre sí. Una misma pulsera no funciona con cuatro, seis u más aparatos. Es decir, en el caso de que un hombre tenga varias órdenes de alejamiento, esa pulsera no serviría para todas sus víctimas. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad por varias vías para conocer si se tiene constancia de algún agresor que tenga puestas dos o más pulseras rastreadoras, pero no ha obtenido respuesta.

"Persistentes"

Este tipo de maltratadores se conoce como “persistentes”. Son aquellos que han ejercido violencia machista hacia varias mujeres y han sido condenados por ello. A finales de diciembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que su Ministerio estaba trabajando junto a la Fiscalía para proteger con más ahínco a las víctimas de estos agresores.

En concreto, las conversaciones entre Interior y el Ministerio Fiscal buscaban ver cómo podían comunicar aquellas mujeres que denunciaban malos tratos que su pareja actual tenía antecedentes por los mismos motivos. Semanas más tarde, tras la presentación del balance de seguridad vial de 2022, Marlaska volvió a insistir tanto en la importancia de perseguir a los “persistentes” como en su nuevo plan de trabajo con las nuevas víctimas.

Sin embargo, la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, emitió un informe en la primera semana de enero en el que se opuso a la intención del Ministerio del Interior respecto a informar a las nuevas parejas de los maltratadores con antecedentes.

Después de consultar con el fiscal delegado de protección de datos, la fiscal de Violencia de Género concluyó que «la transmisión de la referida información a la víctima en los términos que se plantea la consulta no puede llevarse a cabo de manera automática y/o generalizada y que únicamente debiera realizarse una vez se concluya, tras el examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso, no sólo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección».

Sin embargo la Fiscalía sí se ha posicionado favorable a la petición de Irene Montero. En un escrito al que ha tenido acceso este diario, la misma Peramato insta a los órganos judiciales a actuar "cuando surge la necesidad de proteger a las víctimas" y les invita a imponer los dispositivos telemáticos en los casos en los que se aprecie riesgo de quebrantamiento de una orden de alejamiento.

"Cuando surge la necesidad de proteger a las víctimas es necesario que los órganos judiciales actúen", afirma la fiscal, que señala que si se detecta un riesgo de incumplimiento de una medida cautelar o de una pena de prohibición de aproximación, "la instalación del dispositivo telemático es una herramienta muy buena para controlar el cumplimiento de esa prohibición".

Pulseras como arma

Pero no todo el mundo ve con buenos ojos las pulseras rastreadoras. La Asociación Alma contra la violencia de género apunta que muchos agresores han ‘aprendido a utilizar’ las pulseras y las emplean como armas de maltrato contra sus víctimas.

“Muchos pasan cerca de donde saben que está la mujer, las dejan sin batería a propósito o se van a lugares sin cobertura para que salte la alarma. Y claro, ella ya se queda con el susto en el cuerpo”, señala en conversación telefónica el secretario general de la organización, Gregorio Gómez Mata.

Aunque reconoce que el sistema funciona, Gómez señala las fallas del mismo: “Muchas han decidido renunciar a ellas por estos mismos motivos”. Explica que es normal que desde las instancias judiciales no se consideren estos comportamientos como delito, a pesar de contar con informes que señalan que son intencionados.

Según los últimos datos disponibles en el Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de Igualdad, en noviembre de 2022 había un 16,7% más de dispositivos activos que en el mismo periodo de 2021. Sólo en noviembre, el último mes para el que hay datos, se instalaron 166 de estos aparatos, aunque se desactivaron casi el mismo número, 165, según ha informado Efe.

La comunidad autónoma con un mayor número de dispositivos activos es Andalucía, con 1.138, el 37,7% del total. La siguen la Comunidad Valenciana, con 376, y Madrid, con 289.

El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas de monitorización, operación e instalación de los dispositivos, así como el control de las alarmas.

Desde 2009 esta adjudicación recae sobre Telefónica, que en colaboración con Securitas Direct creó el Centro de Control Cometa, que es quien se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para avisarles cuando hay una incidencia. El centro de control está operativo las 24 horas del día los 365 días del año.