El mensaje ha llegado a Vox, socio sobre el que los populares han puesto toda la presión en la crisis del Gobierno en Castilla y León. Y aunque no está en la agenda del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ni convocar elecciones anticipadas ni romper la alianza con el partido de Santiago Abascal, "las cosas no van a seguir como hasta ahora ni mucho menos". En el entorno de Fernández Mañueco han movido ficha, pero para trasladar a sus socios una advertencia a modo de ultimátum: "O corregís al vicepresidente o lo corregimos nosotros".

Significa que si Gallardo "piensa que todo va a seguir igual, se equivoca, después del pollo que ha montado" al hablar del supuesto acuerdo en torno a un más supuesto protocolo "pro-vida" por el cual los facultativos estaban obligados a ofrecer a las mujeres que quieran abortar oír el latido fetal o hacerse una ecografía 4D. "Si es porque Vox nacional se lo pidió no podemos consentir que usen un gobierno autonómico para sus jueguecitos partidarios. Otra cosa es si lo ha hecho de forma individual, no lo sabemos todavía porque tenemos versiones contradictorias. Los de Vox nunca se rectifican en público, aunque lo de Espinosa de los Monteros ha sido una rectificación en toda regla". Tanta, que García-Gallardo ha vaciado su agenda de actos públicos.

En definitiva, "o controlan a Gallardo y lo tranquilizan o esto no va a acabar bien con él". Si no cambia de actitud en el futuro y sigue siendo el principal escollo de la marcha de la coalición, no acabará la legislatura como vicepresidente del ejecutivo autonómico y eso será más pronto que tarde. La paciencia de Fernández Mañueco se ha ido agotando a base de salidas de pata de banco de su "número dos", al que despojó a sabiendas de cualquier cometido en una vicepresidencia sin cartera.

El PP se da de plazo hasta las elecciones locales y autonómicas del próximo 28 de mayo "si el vicepresidente no cambia de actitud"

Y ha sido esta última polémica la que ha colmado el vaso de la paciencia al tocar un tema de tanta sensibilidad social como es la interrupción voluntaria del embarazo, cuestión, además, en la que la administración autonómica no tiene competencias ni, mucho menos, García-Gallardo.

La idea es esperar a la celebración de las elecciones locales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Ahora se abre un periodo preelectoral "en el que vamos a estar muy volcados en los comicios municipales y el foco se desviará un poco del gobierno a los partidos", justifican. Pero si para entonces García-Gallardo "no ha corregido su actitud, no puede seguir en el gobierno". Eso no significa que rompan con Vox su pacto de gobierno sino que "se prescinde del actual vicepresidente, pero mantenemos la coalición. Otra cosa es que sea Vox la que rompa y tendrán que explicarlo ellos", aunque dicen confiar en que antes llamen al orden a su único vicepresidente autonómico de España.

En el sector mayoritario del gobierno regional aseguran no tener problemas con los otros tres consejeros de Vox. Se trata de Gonzalo Santoja (Cultura y Turismo); Gerardo Dueñas (Agricultura) y Mario Venganzones (Industria y Empleo).

Las dificultades son "sólo con García-Gallardo y casi desde el minuto uno". "¿Quién crea problemas? Siempre la misma persona. ¿Por qué el gobierno de Castilla y León es el de los líos? Siempre por la misma persona. ¿Por qué no funciona el gobierno de coalición? Siempre por la misma persona. Hay un problema con esa persona, no con Vox más allá de que intente imponer su agenda", resume un miembro del ejecutivo regional respecto de las distorsiones que genera García-Gallardo.

Siguiendo el modelo Aragonés-Puigneró

Hay un antecedente muy cercano en el tiempo de cómo un presidente autonómico cesó a su número dos a pesar de ser de otro partido. Es el caso, recuerdan las mismas fuentes consultadas por El Independiente, del catalán Pere Aragonès. El presidente de la Generalitat cesó el mes de septiembre del año pasado a su entonces vicepresidente, de Junts, Jordi Puigneró "por desleal".

Aquello dinamitó la coalición gubernamental, fragmentando aún más a las fuerzas independentistas, que a duras penas se entendían en el Ejecutivo regional. Algo similar podría pasar entre PP y Vox , aunque los de Santiago Abascal han ido suavizando su posición desde el amago de ruptura que hiciera Ignacio Garriga, a las matizaciones introducidas por Iván Espinosa de los Monteros.

Hay quienes se malician en el PP que García-Gallardo persigue convertirse en el barón territorial de referencia de Vox antes de que puedan firmarse otros gobiernos de coalición con los populares tras las elecciones del 28-M. Los sondeos vienen apuntando a que las posibilidades de gobierno del PP dependen en buena medida de pactos postelectorales con el partido su derecha. Son conscientes de esta eventualidad, pero insisten que, en el caso de Castilla y León, "el problema lo tenemos nosotros, pero también el partido de Abascal", afirman.

Choque institucional con el Gobierno de Castilla y León

Una controversia usada oportunamente por el Gobierno de Pedro Sánchez a quien le ha servido para desviar el foco de los escándalos que se le amontonan en la mesa como la aplicación de la ley del "sólo sí es sí" o las críticas, también del ámbito de la izquierda, por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación de fondos públicos.

Precisamente, este jueves el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha decidido inadmitir el requerimiento del Gobierno bajo el argumento de que no hay ningún acuerdo que afecte a la interrupción voluntaria del embarazo. Según ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se ha remitido un escrito al Gobierno central, avalado por los servicios jurídicos, en el que hablan de "la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento".