Nuevo giro de guión. El Gobierno de Pedro Sánchez entiende que su objetivo de parar el plan antiabortista de Castilla y León ha sido atendido porque la Junta ha dado marcha atrás. Ha "rectificado" y "acatado". Pero al mismo tiempo reconoce su "preocupación" por los últimos anuncios y declaraciones de los máximos responsables del Ejecutivo regional, por lo que seguirá vigilante por si adopta "cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir" a la mujer embarazada que haya decidido interrumpir su embarazo la utilización de cualquier tipo de prueba diagnóstica fuera de las indicaciones médicas y que se puedan interpretar como una coacción.

En un comunicado difundido a los medios este viernes [aquí en PDF], la Moncloa zanja, por ahora, su choque con el Gabinete de Alfonso Fernández Mañueco porque ayer jueves por la tarde recibió respuesta al requerimiento de incompetencia que el Consejo de Ministros acordó el martes pasado. Como la Junta declara en su escrito que "no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado" en el seno del Consejo de Gobierno de PP y Vox y que "tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente", el Ejecutivo de Sánchez considera que el Gobierno autonómico "ha acatado formalmente el requerimiento realizado".

Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por Castilla y León", dice la nota

¿Y por qué lo cree así? Porque la Junta se ha "abstenido de adoptar y aplicar", o ha "dejado sin efecto aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales", pudieran incumplir "la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico". Es decir, que como la Junta ha respondido por escrito que no ha aprobado ningún protocolo antiabortista, entonces se entiende que da marcha atrás. Por ello, y como hay ya una huella por escrito, no dará el paso de acudir al Tribunal Constitucional, terreno que había allanado.

"Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el Gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores", asegura el comunicado de la Moncloa.

Se refiere la nota, por tanto, a la rueda de prensa que ofrecieron, tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo (Vox), y el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo (PP). En ella, el dirigente de ultraderecha anunció que los dos socios habían "consensuado" un protocolo para las embarazadas, con medidas "imperativas" para los médicos: ofrecer, también a aquellas que quisieran abortar, atención psicológica, escucha del latido fetal o una ecografía en 4D. En aquel momento, García-Gallardo hablaba de medidas "provida" y que el objetivo era que las mujeres tomasen decisiones "mucho más conscientes" ante el "drama social" del aborto.

Las medidas siguen adelante

Pero la Moncloa, a renglón seguido, muestra su inquietud por la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este 19 de enero, en la que Fernández Carriedo expresó que las nuevas medidas para las embarazadas anunciadas el día 12, de "fomento de la natalidad y apoyo a las familias", "seguían adelante". Se trata de una "mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario", alegó, por lo que la nota de prensa publicada en la web de la Junta "sigue vigente". "Es decir, que el Gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010 [la ley de plazos del aborto], en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida".

El Gobierno se felicita de haber "frenado los primeros intentos de la Junta" de imponer medidas contrarias a la ley del aborto de 2010

Por eso, el Ejecutivo de Sánchez "reitera su preocupación" por los anuncios y las palabras de los "máximos responsables de la Junta de Castilla y León" que el jueves apuntaban a una "voluntad de vulnerar" la ley del aborto, algo que el Gobierno "en modo alguno va a tolerar ni consentir". Por esa razón, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, remitirá una carta al consejero de Presidencia de la Junta, Jesús Julio Carnero (PP), para recordarle que es "contrario" a la ley y al orden constitucional que una comunidad autónoma adopte cualquier medida que suponga "obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir" a una mujer embarazada que haya decidido libremente abortar o no haya manifestado su deseo de llevar su gestación a término, que se haga una prueba ecográfica (como la técnica de Doppler para la escucha del latido fetal) fuera de las indicaciones avaladas por la "evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica".

El Gobierno también subraya que trasladará a la Junta que si, "pese al acatamiento formal del requerimiento remitido", el Ejecutivo de Mañueco "materializa, por cualquier vía, su intención de actuar" al margen de la ley del aborto, actuará "en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas". El Gobierno de Sánchez, pues, se "reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas".

"Nos tememos que el PP sigue buscando una fórmula que dé respuesta a las exigencias de sus socios de Vox", advierten en la Moncloa

Fuentes de la Moncloa expresaron su satisfacción por el desarrollo de los hechos, en línea con la lectura optimista que ya habían expresado en los últimos días. Consideran que su presión "ha frenado los primeros intentos de la Junta" de imponer medidas contrarias a la ley del aborto de 2010. Así, "triunfa la defensa del Gobierno de los derechos de las mujeres". Pero también mantiene su "preocupación y vigilancia", por lo que exigirá a la Junta "máxima transparencia". "Nos tememos que el PP sigue buscando una fórmula que dé respuesta a las exigencias de sus socios de Vox". Y por último, reiteran que no consentirán otro intento que suponga "un retroceso y que limite los derechos y libertades de las mujeres" y que contravenga la normativa de 2010. Bolaños puso desde La Palma, donde se encontraba de viaje este viernes, voz a ese mensaje. Recalcó que el Gobierno logró "frenar" el plan de Castilla y León. Pero avisó: "La derecha y la ultraderecha no podrán, con sus pactos ocultos y con sus insultos, tapar el intento de retroceso de los derechos que han llevado a cabo en Castilla y León en los últimos días".

La "chapuza de la 'ley del sí es sí"

Mañueco, en declaraciones a los medios este viernes desde la feria Fitur, señaló que el comunicado de la Moncloa prueba el "engaño" del Gobierno de Sánchez. Pero también advirtió severamente a sus socios de Vox de que "quien fija la posición del Gobierno es el presidente". Los periodistas le preguntaron por la insistencia de la ultraderecha: "Usted me ve a mí la cara: soy el presidente de la Junta. Escuchó ayer al portavoz del Gobierno, que representa al Gobierno, no hay más que decir".

Feijóo exige a Sánchez que zanje la polémica: "Si quiere ser serio, no puede haber conflicto cuando no hay conflicto"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió al Gobierno que dé ya por cerrado el "conflicto inexistente" con Castilla y León. Preguntado en Fitur si cree que el comunicado de la Moncloa acaba con la polémica, sostuvo que "dependerá del Gobierno si quiere ser serio y estar a la altura de un país como España". "Si quiere ser serio, no puede haber conflicto cuando no hay conflicto". El jefe de los conservadores subrayó que su partido "sabe" dónde está y qué quiere. "Nunca vamos a coaccionar a mujeres que quieran interrumpir su embarazo siempre que se cumpla la ley".

Sobre la relación de Mañueco con Vox, Feijóo apuntó que debe ser el presidente regional quien tome las decisiones sobre su Ejecutivo y sobre sus alianzas. El líder del PP emplazó a Sánchez a que si quiere hablar de sanidad, que acepte la propuesta de su partido de "aumentar las plazas MIR"; si quiere hacerlo sobre mujer, que enmiende ya "la chapuza de la ley del sí es sí", y si quiere hablar de la Carta Magna, que rompa con partidos que "no cumplen con la Constitución", como ERC y Bildu.