La Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Carmen Adán del Río, ha instado a las instituciones a denunciar los casos de posible agresión machista "aunque la víctima no quiera". Adán del Río ha defendido que presentar denunciar en este tipo de agresiones "obligado" para no contribuir a "la impunidad del agresor y a aumentar la vulnerabilidad de la víctima". Considera que es una obligación y un "compromiso institucional" en el que deben implicarse todos los organismos que, de una u otra manera, participan en la erradicación de esta violencia contra las mujeres.

Adán del Río, que ha participado en la firma del tercer acuerdo para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista en el que han intervenido todas las instituciones vascas, subraya la necesidad de fortalecer la respuesta institucional "conjunta": "No se trata de protagonismos sino de reconocernos todos y cada uno como parte de una cadena de servicios público cuyo objetivo único, esencial y prioritario es la protección de las víctimas de la violencia de género".

En Euskadi las denuncias presentadas por las víctimas y recibidas en los juzgados de violencia de género permanecen más o menos estables a lo largo de los últimos años. Si en 2009 el Consejo General del Poder Judicial las cifró en 319, en 2019, una década después, el número de denuncias fue prácticamente similar, 301.

En este tiempo sí se ha producido un cambio relevante en el número de denuncias fruto del resultado de atestado por intervención directa de la Ertzaintza, con apenas 370 hace una década y por encima de las 1.600 el año pasado.

Evitar la revictimización

Según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres tardan de media 8 años y 8 meses en verbalizar la situación de violencia de género que padecen, bien a través de la interposición de una denuncia o después de pedir ayuda a los servicios y recursos públicos de apoyo.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, también apela a la necesidad de reforzar la coordinación institucional en favor de la protección de las víctimas. En este sentido, se felicita del acuerdo que este martes han firmado las instituciones vascas y que actualiza no sólo el pacto inicial y pionero alcanzado en 2001, sino también su renovación de 2009. Subijana subraya que es urgente que posibles errores o demoras en la coordinación institucional puedan derivar en un riesgo de "revictimización" de las mujeres que sufren "esta lacra social": "Hay que construir 'mapas' y propuestas de pr0tección efectiva que lleven a que una víctima no tenga ese riesgo. Son necesarias políticas públicas para reducir ese riesgo de reincidencia de los agresores".

La actualización del acuerdo interinstitucional busca incorporar el marco de acuerdo a los cambios normativos y sociales producidos en los últimos años. En algunos casos se trata de mejoras legislativas de calado en esta materia y que obligan a revisar los protocolos de actuación y coordinación entre las instituciones.

Todas las formas de agresión

Aspecto como la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres o el Convenio de Estambul. A ello se suma la aparición y extensión de nuevas formas y vías de agresión machista, como son las acciones ejercidas a través de las redes sociales, los dispositivos móviles o las agresiones a mujeres mediante fórmulas como la 'sumisión química'.

Entre las novedades incluidas en el nuevo documento, de acuerdo con el nuevo contexto normativo, figura tener en cuenta todas las formas de agresión o violencia hacia las mujeres, no sólo la ejercida por una pareja o expareja, sino también la intrafamiliar, la violencia sexual. También se extiende el reconocimiento como víctimas de las mujeres, a sus hijos e hijas y otras personas de su entorno. El plan suma además la creación de nuevos grupos de coordinación interterritorial y planes de intercambio periódico de información dirigido a mejorar la formación de todos los profesionales implicados.