La Justicia ha requerido al Ayuntamiento de San Sebastián para que de manera inmediata dote de protección los edificios del Acuartelamiento de Loiola que el Ministerio de Defensa acordó ceder al consistorio de la capital guipuzcoana. El pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aceptó de modo parcial los argumentos esgrimidos por Vox y por el que prohibía la demolición que el Ayuntamiento tenía previsto llevar a cabo dentro de su plan de expansión urbanística en la zona y urgía a dotar de protección a las fachadas de los inmuebles.

Ante la oposición y el incumplimiento de la medida, además de la demora en la inclusión de los edificios en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido de la capital guipuzcoana, la formación de Abascal volvió a reclamar al TSJPV el cumplimiento de la sentencia que dictó a mediados de julio y que ahora reitera para su cumplimiento inmediato.

Plan de expansión

El Acuartelamiento de Loiola fue cedido al Ayuntamiento dentro de los acuerdos que el PNV alcanzó con el Gobierno de Pedro Sánchez para respaldar sus presupuestos de 2021. La cesión de los inmuebles permitía ejecutar el proyecto de expansión en la zona y en la que se prevía su derribo. Tras la primera resolución judicial el Consistorio se comprometió a buscar "un equilibrio" entre la protección del patrimonio al que se le instaba y los nuevos usos que se quería dar a toda el área afectada.

El proyecto incluye la compra de la parcela, una vez acordada la desvinculación del Ejercito con los cuarteles de Loiola, y derribar los edificios. En la operación el Ayuntamiento había reservado una partida de casi 15 millones de euros. La decisión del TSJPV de ordenar la inclusión de los edificios en el Plan de Protección del Patrimonio de la ciudad se basó en informes elaborados por el Gobierno vasco y la Diputación de Gipuzkoa que incluían los cuarteles entre el patrimonio histórico arquitectónico a proteger por su valor cultural. Informes emitidos por instituciones "ajenas al procedimiento" y por tanto dotados de la necesaria "objetividad" para valorar el valor patrimonial de los inmuebles.