18 de octubre de 2022. Martí, condenado a 9,6 años de cárcel por violar a una joven en 2019, presentaba un recurso para rebajar su pena. ¿El motivo? La ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del sólo sí es sí, había entrado en vigor el día 7 de ese mismo mes. Era el primero que lo pedía.

Tres meses después, también el día 18 pero de este mes de enero, se daba a conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: dos años menos de condena. La defensa de este joven abrió una brecha legal para que cientos de agresores sexuales condenados se acogiesen a la nueva legislación, más favorable para el reo en muchos casos. Al cierre de la edición de este viernes, al menos 244 hombres como Martí se habían beneficiado de ello.

La nueva ley es una de las medidas estrellas del Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero. Inspirada en el clamor de la calle cuando se conoció la primera sentencia de la Manada de San Fermín, el texto elimina el delito de abuso, convirtiendo todo acto sexual sin consentimiento en agresión.

Al unificar los dos tipos, fue necesario establecer un nuevo marco penológico que obligó a rebajar las penas mínimas previstas anteriormente para el delito de agresión con el fin de que englobaran el castigo para los anteriores delitos de abuso. Esto ha conllevado que condenados por agresión previamente pidan que se les apliquen las nuevas penas más favorables, en atención a la aplicación de la ley más favorable al reo, como prevé el artículo 2.2 del Código Penal.

A pesar de los informes preceptivos que avisaban de que esta situación se produciría, desde el departamento de Igualdad se negó la mayor, acusando a los medios de propagar “bulos machistas”. Tras los primeros casos de rebajas de penas, miembros del Ministerio atacaron a los jueces bajo la misma premisa.

Nuevas rebajas

Este viernes se daba a conocer otra batería de rebajas. Hasta 42 que se producían en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. Además el nuevo texto ha excarcelado a 19 personas. Algunos casos son de extrema gravedad, como el del hombre que confesó a un compañero de prisión que al salir iba a buscar a su expareja, una mujer de Zamora, para “cortarle el cuello”. La mujer tuvo que huir de su pueblo ante tales amenazas.

A 20 de enero, se confirman revisiones de sentencia y rebajas de pena en 17 comunidades autónomas. Según los datos recabados hasta ahora por Europa Press, constan 42 en Madrid, 35 en País Vasco, 33 en Comunidad Valenciana, 21 en Galicia, 20 en Andalucía, 18 en Baleares, 16 en Castilla y León, 13 en Canarias, 12 en Asturias, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 6 en el Supremo, 5 en Cataluña, 2 en Murcia, 2 en La Rioja, 2 en Aragón, 1 en Castilla-La Mancha y 1 en Navarra.

De estos 244 casos, 19 han conllevado la excarcelación de condenados: 6 de Madrid, 2 de Baleares, 2 de Galicia, 2 en la Comunidad Valenciana, 2 de Cantabria, 1 en Extremadura, 1 en Castilla y León, 1 en Asturias, 1 en Canarias y 1 en País Vasco -por orden del Tribunal Supremo-.

Entre las rebajas más sustanciales registradas, constan dos en Cantabria en las que se redujo la pena de prisión en 7 años. Así, los condenados pasaron de penas de 18 años a 11 años por una agresión sexual a una joven en un hostal de Santander.

Los casos aquí contabilizados representan una estimación a la baja, toda vez que no todos los TSJ llevan un registro actualizado al día número de casos de rebajas que se dictan en sus tribunales.

Sin modificaciones

La ley del sólo sí es sí ha sido un quebradero de cabeza para el Gobierno. La parte socialista ha pedido en privado y en público que se reconozcan errores y se cambie la legislación. Figuras cercanas a Unidas Podemos, como Manuela Carmena, ha reconocido que no corregirla sería “soberbia infantil”. El ex ministro Alfonso Guerra apuntaba a que “alguien tendrá que pagar por esta incompetencia”. La oposición ha tomado por bandera este asunto para hacer sangre en la coalición.

Tanto Montero como su equipo han repetido que el texto legislativo no se va a tocar y que los cambios no iban a tener repercusiones. Sin embargo, este martes la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, informa que en diciembre Igualdad había ordenado que se instalasen pulseras GPS en menos de 24 horas a todas las víctimas de violencia sexual que lo solicitasen.

La novedad de estas pulseras de seguimiento es que podrán pedirlas las "víctimas afectadas por reducciones de penas imprevistas o incluso algunas excarcelaciones sorpresivas", siempre con autorización judicial.

Tal y como publicó El Independiente, este sistema de rastreo para mujeres y agresores no sirve para los “persistentes”, aquellos con más de una víctima. Este tipo de condenados es en los que el Ministerio del Interior puso el objetivo a finales de 2023.