Establecer por ley "pautas para la configuración de los gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios y altos cargos, así como de criterios de moderación para el nombramiento de asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno". Este es el punto 26 de los sesenta que compone el Plan de calidad institucional que presentó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en Cádiz, cuna del constitucionalismo en nuestro país.

En el capítulo referido a las "Medidas para un buen Gobierno", hay una enmienda a la totalidad a la actuación de Pedro Sánchez, empezando por su sobredimensionado Consejo de Ministros, producto de la coalición con Unidas Podemos. En este mismo apartado propone acabar con la que ha venido siendo una práctica habitual del inquilino de la Moncloa, esto es, montar un acto institucional donde tiene previsto otro de partido para poder desplazarse en el Falcon o en el Superpuma a costa del presupuesto de Presidencia y no del PSOE.

Por eso, con carácter general, propone Feijóo evitar la celebración de actos partidistas en viajes institucionales en los que se usen fondos o recursos públicos y, en caso de dicha coincidencia, "los costes del desplazamiento serán asumidos por el partido que organice el evento", que, por otro lado, también se financia principalmente de los impuestos públicos. Asimismo, apuesta por regular la composición de las comitivas de acompañamiento en los viajes y abrir un registro sobre el uso del Airbus A310, del Falcon y del helicóptero Superpuma por parte de los miembros del Gobierno, información que muchas veces la Moncloa se resiste a proporcionar a través del Portal de Transparencia alegando cuestiones de seguridad.

Pide regular los traspasos de poder y controlar si se traslada "información errónea" al nuevo Gobierno

Hay otras cuestiones llamativas que afectan a las relaciones entre el Gobierno y la oposición. "Regular" es, posiblemente, el verbo que más se conjuga en las 30 páginas del Plan de calidad institucional. El líder del PP pide también regular los debates del estado de la nación, y no dependan del albedrío del presidente de turno, y los traspasos de poder, incluyendo la asunción de responsabilidades, en caso de que los miembros del Ejecutivo saliente "ofrezcan datos erróneos u oculten de manera deliberada información que les hubiese sido requerida expresamente".

Ante unas relaciones Gobierno-PP prácticamente cortocircuitadas, con ausencia de niveles de interlocución a ningún nivel, quieren los populares el establecimiento de unas vías de información institucionalizadas entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, o de las personas que ellos designen, como mínimo una vez por cada periodo de sesiones en cuestiones como cumbres internacionales, otros asuntos de política exterior y Defensa y en pactos de Estado contra la violencia de género y el Antiterrorista.

Respecto a la calidad legislativa, hay una crítica al uso generalizado de decretos leyes, instrumento que solo debe usarse en caso de urgente necesidad como puede ser la declaración del estado de alarma en la pandemia del covid. La particularidad es que el Ejecutivo de Sánchez lo ha convertido en una forma de gobernar que, en su momento, criticaron mucho a Mariano Rajoy, con bastantes menos de los acumulados por el actual Consejo de Ministros.

La segunda vía de reforma legislativa preferida del Gobierno de coalición y de los grupos que lo sustentan es la proposición de ley para evitar ir a los órganos consultivos. Por ello, los populares proponen que también sean sometidas a informes técnicos una vez sean tomadas en consideración de modo que pasen por el CGPJ, el Consejo Fiscal o el de Estado y que los parlamentarios sean informados.

Legislar contra las "enmiendas intrusas"

Asimismo, ponen el foco en las "enmiendas intrusas", esas que se cuelan en otras iniciativas legislativas que nada tienen que ver con el contenido principal del texto, como cuando se intentó cambiar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del CGPJ a través de la reforma de los artículos del Código Penal relativos a la sedición y a la malversación.

Para ello "se modificarán los reglamentos de las Cortes Generales a efectos de excluir expresa y claramente la posibilidad de introducir enmiendas "intrusas", manifiestamente contrarias a Derecho o inconstitucionales. Por enmiendas intrusas y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se entenderán aquellas que no guarden una conexión de homogeneidad con el objeto material de la norma en tramitación".

No cabe duda que este plan tiene una cláusula anti-Tezanos por la cual el dirigente socialista nunca hubiera llegado a la cúpula del CIS. Dicha cláusula supondría la incompatibilidad de esta presidencia con haber ocupado un cargo orgánico en el PSOE, o en cualquier otro partido, en los últimos cinco años. Pero además, el PP propone volver a los sondeos trimestrales de intención de voto y recuperar las series históricas que se rompieron en cuanto José Félix Tezanos llegó al instituto demoscópico alterando todo el trabajo de sus predecesores.

En definitiva, un plan amplio, ambicioso, que toca todos los palos del ejercicio del poder y que deja lugar a la autocrítica cuando, en su exposición de motivos, asume el PP que "en el pasado reciente, hubo mayorías que pospusieron reformas clave, impelidos por problemas más acuciantes. No volverá a ocurrir si los españoles nos otorgan su confianza mayoritaria", en alusión al último Gobierno de Mariano Rajoy, que aparcó cambios como el sistema de elección de los miembros del CGPJ.