El nuevo TC, con Cándido Conde Pumpido al frente, resolverá en breve, después de trece años, el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la ley de plazos del aborto un ya lejano 2010. Un recurso firmado por setenta parlamentarios populares de la época en que Mariano Rajoy le hacía la oposición a José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno socialista aprobó con la fuerza de sus votos y el apoyo de PNV, ERC, IU, BNG, Nafarroa Bai y 2 parlamentarios de CiU, una ley de plazos que venía a sustituir a la anterior por considerarla, entre otras cosas, más garantista y no "un coladero" como la de supuestos de la etapa de Felipe González. Y el PP hizo con la de de Zapatero lo mismo que varios lustros antes, en 1985, Alianza Popular con la de González, llevarla al Tribunal Constitucional.

Pero en la década de los 80 el Tribunal de garantías no se durmió en los laureles y sentenció con cierta prontitud a favor de aquella ley de supuestos. En cambio, los trece años transcurridos desde que Federico Trillo, Sandra Moneo y Santiago Cervera acudieron a la sede del TC con su escrito rubricado por 70 parlamentarios han terminado de normalizar una reforma de la que acabó renegando el propio gobierno de Mariano Rajoy, y ahora, el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Rajoy el primer firmante, seguido de Sáenz de Santamaría

De hecho, no ha resultado fácil hacerse con el texto de dicho recurso, como si el paso del tiempo lo hubiera volatilizado o existiera una relación vergonzante con el mismo. Entre los firmantes están Mariano Rajoy y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y muchos de los que luego fueron ministros del PP como Fátima Báñez, Jorge Fernández Díaz, Alfonso Alonso, Álvaro Nadal, Miguel Arias Cañete y Ana Mato. También Cayetana Álvarez de Toledo, Gabriel Elorriaga, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Bonilla, Soledad Becerril, Ignacio Astarloa, Andrea Fabra, Santiago Lanzuela, María Eugenia Carballedo e Ignacio Cosidó y el hoy diputado de Vox y miembro de la Mesa del Congreso por este partido, Ignacio Gil Lázaro, entre otros. Perfiles muy diferentes, algunos hoy enfrentados, que siguieron las instrucciones de su partido para acudir al tribunal de garantías.

La mayor parte de los 70 nombres ya está fuera de la primera línea política, pero los más significados tuvieron responsabilidades de Gobierno entre 2011 y 2018 y no promovieron una contrarreforma de la ley más allá de volver a exigir el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que decidieran poner fin a su embarazo.

Y es que a pesar de ser una promesa de campaña de Mariano Rajoy y de hacerle un encargo explícito en este sentido a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, los populares comenzaron a recular desde el principio conscientes de que entraban en terreno pantanoso con un asunto que genera tanta sensibilidad social.

El Gobierno de Rajoy comenzó a recular pronto, salvo Gallardón, que siguió adelante

El único que seguía adelante era Ruiz-Gallardón, inasequible, a quien animaba, incluso, una cuestión de índole personal. Y es que su padre, José María, fue el autor del recurso de inconstitucionalidad que Alianza Popular (AP) presentó a la primera ley del aborto, de 1985. En cierto modo, Gallardón creía que se la debía a su padre.

Pero un día todo estalló por los aires para el también ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de la capital de España. El Gobierno retiraba una reforma que estaba "dividiendo" a la sociedad, según admitió el propio Rajoy y para la que carecía de apoyos. Al Ejecutivo sólo le valió una "primera lectura" del anteproyecto de "Ley de Protección del Concebido y los derechos de la embarazada" para frenarlo en seco a pesar de que el titular de Justicia se había apoyado en el contenido del recurso ante el TC. "Estamos ante un tema que afecta a convicciones profundas de todos los ciudadanos, y genera división en mucha gente. Hay que tomárselo en serio, y yo, desde luego, me lo tomo, muy en serio", dijo el 23 de septiembre de 2014.

Ese mismo día, por la tarde, Alberto Ruiz-Gallardón convocó a los medios de comunicación en la sede del Ministerio de Justicia para anunciar su dimisión como ministro, su abandono del escaño y de la ejecutiva nacional del partido, todo en uno. "La reforma de la ley del aborto ha sido sin duda uno de los asuntos que más debate ha suscitado en el Congreso, en el Senado y en la opinión pública", dijo ante los periodistas. Y agregó: "Yo asumí ese compromiso de acuerdo con la doctrina de nuestro partido, que ha recurrido la ley actual ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el presidente ha tomado la decisión de no seguir adelante con el nuevo anteproyecto".

Algunos firmantes del recurso de 2020 admiten que "ahora no lo haría, fue un error"

Así pues, se acometió en los primeros meses de 2015 una reforma limitada a devolver el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, que retomará Alberto Núñez Feijóo de llegar a gobernar. Lo dejó muy claro el pasado martes en una entrevista en Telemadrid: «Ni en Castilla y León ni en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer que decida poner fin a su embarazo según la ley vigente. No hay ningún gobierno el PP que coaccione a nadie, al contrario».

Los populares no quieren enredarse con este asunto, ni antes de que estallara la polémica en el Gobierno de Castilla y León, ni mucho menos en los actuales tiempos. La interrupción voluntaria del embazado siempre ha provocado disensiones internas en las filas populares. De hecho, algunos firmantes del recurso de 2010 admiten que "ahora no lo haría, aquel recurso fue un error". No les cabe duda de que el Tribunal Constitucional avalará la ley de 2010 y que, a lo sumo, puede entrar en el tema de las menores, pero poco más. La idea es pasar página cuanto antes después de dos lustros y medio.