El Tribunal Constitucional se ha reunido este martes en Pleno para abordar distintos asuntos en los que ya ha quedado en evidencia la vinculación de los magistrados nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez con éste.

Los miembros del Alto Tribunal han aprobado las peticiones para abstenerse en varios asuntos del exministro de Justicia socialista, Juan Carlos Campo, y de Laura Díez, exasesora del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Campo planteó no participar en la deliberación sobre el recurso que presentó Vox contra distintas disposiciones de la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual o ley del sí es sí, entre ellas la más relevante, mediante la cual se eliminó la distinción entre los delitos de abuso sexual y agresión sexual que está provocando un goteo de rebajas de penas para delincuentes sexuales.

Durante la tramitación de la ley que se redactó e impulsó en el Ministerio de Igualdad con Irene Montero (Podemos) al frente, Campo (PSOE) formaba parte del Consejo de Ministros como titular de Justicia. De ahí que haya planteado que el resto de sus compañeros en el tribunal decidan si debe abstenerse en la primera deliberación sobre el asunto que coordinará el magistrado Ramón Sáez.

Campo también ha pedido abstenerse del estudio de los recursos de Partido Popular, Vox y el diputado Alberto Casero contra las decisiones de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, el 3 de febrero del año pasado, cuando impidió al miembro del grupo popular repetir la votación por la que sacó adelante por error, con su voto telemático, la reforma laboral. Campo es pareja sentimental de la presidenta de la Cámara Baja.

En cuanto a Laura Díez, también ella misma planteó su abstención en la deliberación sobre el recurso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el decreto con el que la Generalitat trató de sortear la obligación de dicho tribunal para impartir al menos un 25% de las clases en los centros educativos en castellano.

Díez fue la vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que avaló la proposición de la ley de ERC para el uso de lenguas en la Educación y el decreto de la Generalitat para vehicular su aplicación. De ahí que, por su vinculación directa en el asunto, haya planteado apartarse.

Conde-Pumpido se apartó del 'procés'

Quien aún no ha planteado apartarse del asunto del aborto, la primera deliberación que abordará el Alto Tribunal renovado para emitir sentencia, es el presidente Cándido Conde-Pumpido.

El magistrado era fiscal general del Estado en 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redactó el anteproyecto sobre la ley del aborto recurrida por el Partido Popular tres meses después de su entrada en vigor. Precisamente Conde-Pumpido participó en el Consejo Fiscal que estudió la ley, emitiendo un informe desfavorable. El entonces fiscal general del Estado, como los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) del órgano asesor de la Fiscalía, respaldó la ley del aborto en contra de los miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria.

Su participación en el estudio del anteproyecto de ley es uno de los motivos de abstención y recusación recogidos en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Entre las causas para apartarse figura la de "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo". Ex magistrados del propio tribunal de garantías consideran que el presidente debería apartarse del asunto. El Partido Popular, que es quien presentó el recurso en su día, no ha presentado incidente de recusación contra el magistrado.

Conde-Pumpido se apartó de los recursos del procés, igual que el magistrado recién salido del tribunal de garantías, Antonio Narváez, después de recusarles la defensa del expresidente catalán, Carles Puigdemont, por declaraciones contra el proceso de independencia catalán realizadas por los magistrados en el ámbito académico semanas después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El pasado diciembre, cuando el Tribunal Constitucional decidió paralizar cautelarmente la reforma del Gobierno para garantizar la renovación del propio tribunal de garantías antes de que llegara al Senado, Conde-Pumpido se posicionó a favor de recusar al entonces presidente del Alto Tribunal, Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, como pidieron PSOE y Podemos.

Los partidos del Gobierno pidieron apartar a ambos magistrados de la deliberación sobre el recurso del PP contra la reforma legal. De haberse admitido dicha recusación, la mayoría del tribunal habría cambiado y la decisión podría haber sido la contraria.

Tanto Conde-Pumpido como sus compañeros del grupo progresista Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán emitieron un voto particular contra la decisión de la mayoría. Consideraron que Trevijano y Narváez sí debieron ser obligados a apartarse de la deliberación por los motivos de pérdida de apariencia de imparcialidad expuestos por los partidos del Gobierno. Los recurrentes argumentaron que la reforma iba dirigida a asegurar la renovación del tribunal y que ambos magistrados estaban entre quienes debían abandonarlo por acabar mandato, por lo que había una causa o motivo de abstención y recusación clara, "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".

"Al contrario de lo que expresa la opinión mayoritaria, entendemos que entre los jueces recusados y la pretensión de amparo, tal y como ha sido planteada, hay una vinculación directa que expresa un interés preciso al existir una conexión lógico jurídica que evidencia un beneficio o evita un perjuicio a los magistrados recusados, suficiente para justificar la admisión a trámite del incidente de recusación", se pudo leer en el voto particular de Pumpido, Sáez y Montalbán.