Los ministerios de Interior, Justicia, la Fiscalía y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabajan conjuntamente para encontrar una fórmula mediante la que se pueda avisar a las víctimas de violencia machista de los antecedentes de agresores "persistentes" o reincidentes sin colisionar con la directiva europea de protección de datos ni con los derechos a la presunción de inocencia y al honor recogidos en la Constitución Española.

Esta misma semana, un hombre con antecedentes por violencia machista -su expareja interpuso una denuncia contra él en 2017- asesinó presuntamente a su novia, de 44 años, y a la hija de ésta, de ocho años, en Valladolid.

Según un estudio de Instituciones Penitenciarias que recoge datos de presos entre 2009 y 2019, el 41,60% de los condenados por violencia de género (176) repitió este mismo delito al salir de prisión. Unas cifras que preocupan tanto a las fuerzas de seguridad como a la Fiscalía, a los ministerios implicados contra la violencia de género y al Observatorio del CGPJ presidido por la vocal conservadora Ángeles Carmona.

El Ministerio del Interior propuso valorar el riesgo para la víctima en los casos de agresores reincidentes y comunicar los antecedentes de éstos cuando dicha información pueda evitar nuevas tragedias. Una medida que pronto hizo saltar las alarmas sobre su posible inconstitucionalidad al vulnerar los derechos a la presunción de inocencia (art. 48) y al honor y la intimidad (art. 18) recogidos en la Carta Magna. El ministro Fernando Grande-Marlaska espera utilizar la información del sistema VIOGEN de las fuerzas policiales para aportar la información delictiva, pero en este momento también se estudia cómo se podría articular la medida sin que suponga una vulneración de las leyes de protección de datos que no son sólo españolas, sino que se enmarcan en una directiva europea.

Cuando exista riesgo real para la víctima

Precisamente la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, emitió el pasado 10 de enero un informe al respecto después de consultar con el fiscal delegado de Protección de Datos en el que consideró que sólo se puede proporcionar información sobre los reincidentes en delitos de violencia de género si existe riesgo real para la víctima o sus hijos.

"La transmisión de la referida información a la víctima en los términos que se plantea la consulta no puede llevarse a cabo de manera automática y/o generalizada y únicamente debiera realizarse una vez se concluya, tras el examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso, no solo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección", se pudo leer en el citado informe.

¿Información sobre condenas o denuncias?

Fuentes del Gobierno consultadas por El Independiente trasladan que las conversaciones de las reuniones de coordinación, como la que tuvo lugar este martes en el CGPJ, están en su primera fase. Todavía no quieren avanzar si será posible que todas las partes respalden finalmente una medida como la propuesta por Interior porque hay muchos aspectos a tener en cuenta.

Entre éstos, fuentes del CGPJ destacan, además del juicio de prevalencia entre los derechos fundamentales a la vida, la presunción de inocencia y el honor, la decisión sobre si la información que se proporcionaría sería sólo de condenados o de personas contra las que se hayan presentado denuncias. Si finalmente se adopta la decisión de articular una vía legal para transmitir a las víctimas información sobre agresores reincidentes, será una decisión sin precedentes y pionera en Europa contra la violencia machista.

Paralelamente al estudio de la propuesta de Interior, el Pleno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género acordó insistir en la especialización de los juzgados de lo Penal y en la ampliación de la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para que las víctimas sean atendidas por profesionales especializados. También insistieron en la importancia de que tanto la Fiscalía como las fuerzas de seguridad apuesten por la implantación de pulseras que avisan a las víctimas de la proximidad de los agresores a los que han denunciado previamente, puesto que en ninguno de los asesinatos cometidos las víctimas o los agresores las portaban. A día de hoy se han instalado más de 3.000 pulseras de este tipo.

En la reunión también se acordó impulsar la creación de Unidades de Valoración Forense Integral en toda España, formadas por forenses, psicólogos y trabajadores sociales y la puesta en marcha de un protocolo de valoración forense urgente del riesgo en todos los partidos judiciales.

A propuesta del CGPJ, el Observatorio acordó que la asistencia letrada a las víctimas sea obligatoria antes de la interposición formal de la denuncia y, a propuesta del Consejo General de Procuradores, que se facilite la presencia de éstos desde que se inicia el procedimiento en el juzgado de guardia para dar más garantías a las denunciantes.