La tercera revisión puntual de la Constitución de 1978 puede estar ya en camino. Gobierno y Partido Popular alcanzaron este miércoles un principio de acuerdo para eliminar de la Carta Magna el término "disminuido" y sustituirlo por el de "personas con discapacidad". Se trataría de una reforma del artículo 49 del texto, y solo de ese precepto. No se abrirán otros melones ni se atenderán otras demandas de los socios. El acuerdo de las dos grandes fuerzas es ese: que la modificación de la Ley Fundamental de 1978 se "ceñirá" a ese único punto.

Ejecutivo y PP dieron ese primer paso, una entente que de consumarse sería el primer gran pacto de Estado de esta legislatura con Alberto Núñez Feijóo en la cúpula de su partido, tras una reunión en el Congreso entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general de los conservadores, Cuca Gamarra. Las dos partes se comprometieron a seguir hablando en los próximos días y semanas para "lograr un texto pactado" entre los dos grandes partidos y "con el resto de fuerzas políticas", que tenga también el aval del sector de la discapacidad, puesto que esta es una reivindicación histórica de las entidades sociales. El objetivo es conseguir el "máximo consenso" parlamentario y social y que la aprobación del nuevo texto pueda ser unánime.

"Queremos un texto pactado, consensuado y ajustado a las recomendaciones del Consejo de Estado"

FÉLIX BOLAÑOS, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

"Queremos un texto pactado, consensuado y ajustado a las recomendaciones del Consejo del Estado", aseguró el ministro. El acuerdo incluye rechazar incluir otras reformas en la Carta Magna que pedían los socios, como tocar la inviolabilidad del Rey —que demandaba el PNV— o incorporar el derecho civil valenciano —que pedía Compromís—. Ciudadanos, por su parte, demandaba la recentralización de competencias. El PP, como recordó Gamarra, exigía "ceñir única y exclusivamente" la reforma constitucional al artículo 49, propósito que compartía ya de entrada el Ejecutivo, por lo que era fácil encontrar ese punto de conexión entre las dos fuerzas y "no entrar en otras enmiendas", señaló el titular de la Presidencia.

La dirigente del PP incidió en que para su partido es muy importante que se sigan las recomendaciones incluidas en el dictamen del Consejo de Estado de 2019 [aquí en PDF], y así será. Ese documento, que plantea unas mínimas observaciones para mejorar y pulir la redacción, será "la guía" para la reforma. Gamarra también quería tener las garantías de que no habrá más cambios, que "nadie tenga la tentación" de aprovechar la apertura de la Carta Magna para otros objetivos distintos a los de cambiar el artículo 49, en la que será una revisión capital para un colectivo que afecta a tres millones de personas. Se trata de eliminar una "terminología muy ofensiva, contraria a los estándares internacionales", expresó este miércoles Bolaños.

El máximo órgano consultivo, en su informe, dio el visto bueno a la reforma que ya planteó el Ejecutivo de Sánchez en su primera legislatura, pero sí reclamó retocar algunos aspectos menores, como refundir dos apartados para dejar claro que las personas con discapacidad ejercen sus derechos y deberes de conformidad con lo dispuesto en la Constitución (no hablar de su titularidad, puesto que sus derechos son los mismos que los de los demás ciudadanos), cambiar la expresión "protección reforzada" de los discapacitados por la de "protección especial", completar la referencia a la participación de las organizaciones profesionales con la remisión a lo que disponga la ley y quitar el apartado que alude a los tratados internacionales, pues es ocioso.

La renovación del CGPJ

Por ahora, no hay un plazo temporal para que el acuerdo vea la luz. La secretaria general del PP apuntó que tanto su partido como el Ejecutivo le darán "prioridad". "Por nuestra parte no será. Si queremos todos, seremos ágiles", sostuvo, recordando que este fue un punto en el que ofreció consenso Feijóo en su primera reunión con Sánchez, en abril de 2022. El Ejecutivo ha defendido que siempre ha tenido mano tendida con el PP, formación sin el cual cualquier retoque de la Carta Magna es imposible —se exige una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado—, y que fueron los conservadores, cuando estaba Pablo Casado al frente, quienes incluso presentaron una enmienda de totalidad, que fue rechazada en septiembre de 2021. Ahora su posición ha cambiado, dijo, cosa que el Ejecutivo celebra.

Le vamos a dar prioridad, es importante. Si queremos todos, seremos ágiles"

cuca gamarra, secretaria general del pp

Bolaños también insistió a Gamarra en que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, para lo que bastaría con firmar el preacuerdo alcanzado el pasado octubre, y que incluía la cobertura de una vacante del Tribunal Constitucional, la que dejó, por enfermedad, el conservador Alfredo Montoya el verano pasado. La dirigente del PP lamentó que el ministro hubiera aprovechado la reunión para "otros aspectos", porque los "protagonistas" son "los discapacitados", aunque sí convino en que sería "buena" la entrada de ese nuevo magistrado para que el TC funcione ya a pleno rendimiento. Ella no habló del CGPJ.

Si cuaja esta reforma, se cerraría la tercera reforma de la Carta Magna, tras las modificaciones puntuales de 1992 y 2011. La primera era una adaptación obligada por el Tratado de Maastricht, por la que se introdujeron solo dos palabras —"y pasivo"— para permitir a los ciudadanos comunitarios que residan en España poder presentarse a las elecciones municipales. La segunda, de mucho mayor calado, fue pactada por Gobierno y PP en plena crisis de la deuda, para consagrar el principio de equilibrio presupuestario y reducción del déficit. España estaba entonces a punto de ir a elecciones. Como ahora.