Los fiscales que ejercieron la acusación contra los líderes del procés en el juicio ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo han solicitado a éste que mantenga la pena de inhabilitación al ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a pesar de la reforma impulsada por el Gobierno y por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para modificar el Código Penal.

Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Javier Moreno y Fidel Cadena piden al tribunal, al contrario de lo que reclamó este mismo miércoles el propio Junqueras, que no revise la sentencia impuesta por impulsar el proceso independentista de 2017 y mantenga inhabilitado al político por la aplicación de la pena prevista para la malversación agravada en la nueva redacción del delito.

"La horquilla de la pena de la inhabilitación absoluta resultante en la nueva redacción de la malversación (de 10 a 20 años) es igual que la prevista en el precepto penal aplicado en la sentencia, lo que permite concluir que las penas de inhabilitación absoluta impuestas (13 años para Oriol Junqueras y 12 años para Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) son penas que se encuentran en la mitad inferior de las penas de inhabilitación absoluta actualmente previstas con idénticos tramos y también imponibles tras la reforma, por lo que las penas que les fueron impuestas no deben revisarse", se puede leer en el escrito consultado por El Independiente.

Tanto el ex vicepresidente de Govern como los consejeros Romeva, Turull y Bassa fueron condenados por el Supremo por los delitos de sedición y malversación en concurso medial. De ahí que el Ministerio Público sostenga que se les debe mantener la inhabilitación -las penas de prisión les fueron indultadas por el Gobierno- atendiendo a la redacción de los nuevos artículos 432 y 432 bis del Código Penal sobre la malversación agravada que prevé altas penas de inhabilitación.

Rebajas para los condenados por sedición

En cuanto a los impulsores del procés que fueron condenados únicamente por el delito de sedición, la presidenta del Parlament Carme Forcadell, los líderes de las entidades independentistas ANC y Ómnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, los fiscales sí creen que procede revisar la sentencia.

En su caso, la Fiscalía considera que el nuevo delito de desórdenes públicos agravado encuadra las actuaciones antes previstas en el delito de sedición por el que fueron juzgados y condenados. También ven que se debe revisar la sentencia y condenar a quienes ejercían cargos públicos también por el delito de desobediencia.

De esta manera, solicitan que Forcadell sea condenada a 9 años y 2 meses de inhabilitación (previamente la imposibilidad de ejercer cargo durante el tiempo de la condena fue de 11,5 años); Rull y Forn a 8 años y dos meses de inhabilitación (antes era de 10,5). Para Sànchez y Cuixart, piden inhabilitación de cinco años (antes de 9 años).

Al contrario que el instructor del procés, Pablo Llarena, quien consideró que no se puede atribuir a los procesados aún no juzgados el nuevo delito de desórdenes públicos, por lo que decidió proceder contra ellos por malversación y desobediencia, los fiscales del Tribunal Supremo manifiestan que "sería de todo punto incomprensible que la multitud de episodios violentos, organizados con la finalidad de alterar el orden constitucional, planificados, ideados, dirigidos, impulsados y realizados intelectual y materialmente por los acusados, quedaran convertidos en atípicos desde el prisma del orden público".