Si hay algo a lo que se aferra el Partido Popular (PP) en esta recta final de legislatura, es a una dura oposición parlamentaria cargada de propuestas para mantenerse en primer plano y reforzar el papel de "alternativa" que reitera en cada intervención pública. La última demanda de los populares al Gobierno radica en que éste abra un canal de comunicación para garantizar la transparencia de los principales asuntos de Estado. Entre ellos, han citado el terrorismo yihadista, dado el reciente ataque de Algeciras. Y es que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha demandado que Moncloa autorice la convocatoria de la comisión mixta de seguimiento del pacto antiyihadista para valorar si es necesario o no elevar el nivel de seguridad. Pero en el PP, también entienden como troncal que Moncloa rinda cuentas en el Congreso de los Diputados, ante los grupos "y los españoles", sobre las cuestiones más relevantes de Exterior y Defensa. En este caso, del envío de carros de combate modelo Leopard, de fabricación alemana, a Ucrania que el Ejecutivo finiquitará próximamente.

Fuentes populares creen necesario que se den detalles del envío y el número de efectivos que mandan, datos que aún Moncloa no ha precisado. Indican que "lo lógico" ante una demanda de estas características en el plano continental, que preocupa a la sociedad, es que haya un contacto permanente y abierto entre las principales formaciones políticas. Y lamentan que éste no se da porque el presidente Pedro Sánchez "cada vez está más aislado de sus socios" y tiene que pugnar por ver "cómo maneja" sus opiniones opuestas en este asunto. Y es que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu se oponen a este envío de material militar, aunque no podrán evitarlo porque la ley no exige el visto bueno del Consejo de Ministros ni del Congreso.

Desde el partido morado, su secretaria general Ione Belarra considera que la entrega de estos tanques, como hará Alemania, pueden contribuir a la "escalada bélica" y a "una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia". Por ello, abogan por "la vía diplomática". Por su parte, republicanos y abertzales exigen votar en las Cortes la 'donación', y adelantan un posicionamiento contrario. Los de Aizpurúa coinciden con Belarra, mientras que Rufián lamentan la "acrítica" de la UE con la OTAN, aunque ello suponga "blanquear a Putin, que es un sátrapa".

Es precisamente ante este escenario disruptivo en el que el PP se dispone a presionar, para hacer visible públicamente, y previa votación en la cámara, las divergencias de una mayoría de investidura que Sánchez buscará reeditar a partir de diciembre, tras las elecciones. Desde Génova destacan que hay una serie de instrumentos democráticos que se han ido articulando durante décadas y "a través de ellos se debe abordar ciertos asuntos" como el que compete en este momento. Trasladan que algunas informaciones más pertinentes sobre la participación de España en la coordinación europea del conflicto ucraniano se han conocido, pero de manera posterior a su publicación. Las mismas fuentes alertan de que el silencio del presidente rompe esa cotidianidad legislativa, algo que amplifican a la ministra de Defensa Margarita Robles, de la que piden rendición de cuentas en la comisión que contempla sus competencias. "Si comparece, y se dan las explicaciones" pertinentes, "estaremos conformes", añaden.

Ahora bien, de no hacerlo, el PP está decidido a actuar. "Que no cuenten con nosotros para el ninguneo legislativo", advierten. Desde el partido insisten en que no cesarán en su insistencia, y de seguir el Gobierno negándose a dar explicaciones y a que Robles comparezca ante la comisión, optarán por las herramientas parlamentarias pertinentes y al alcance para garantizar el derecho de información. Atendiendo a ellas, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) puede recurrir a dos vías concretas. La primera es una interpelación urgente a la titular de Defensa, que podría llegar a pleno en la segunda semana de febrero. En ella, Robles respondería a las cuestiones planteadas desde la tribuna por los portavoces de la comisión de Defensa de cada formación. De concebirse que se han dado las explicaciones oportunas, el PP puede desistir. De no contemplarlo, puede continuar los trámites hacia una moción la semana siguiente para que "la cámara manifieste su posición". Así lo contempla el reglamento del Congreso y la Constitución, en su artículo 111. La alternativa, es que se haga este requerimiento mediante proposición no de ley, que puede llevarse a pleno, pero también a comisión.

El PP podría interpelar urgentemente a Robles y dar pie a una moción para exhibir la división de la mayoría de investidura

Además de que evidenciaría las diferentes posiciones dentro del Consejo de Ministros y entre los socios de investidura, el PP entiende que, en su afán de posicionarse como partido de Estado para retratar la ausencia de compromiso de Sánchez para alcanzarlos, "quedaría demostrado el respaldo mayoritario [PSOE y PP suman 208 diputados, a los que se sumarían, entre otros, los nueve de Ciudadanos, y distintos integrantes del Grupo Mixto] de la cámara que el Gobierno tiene para emprender esta acción", y por tanto, que se "apoya el envío" porque "entendemos el papel" que debe tener un Estado miembro de la Unión Europea, aseguran.

Los de Feijóo insisten en el acercamiento al Gobierno en temas clave, aunque solo ha habido un acercamiento 'firme' esta misma semana. Después de que propuestas como un pacto de Estado de Seguridad y Defensa hecho por el PP en el marco de la cumbre de la OTAN en Madrid, o del naufragio de las negociaciones para renovar y dotar de independencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un encuentro entre el ministro de la Presidencia y la portavoz popular abre la vereda a la reforma constitucional del artículo 49. Félix Bolaños y Cuca Gamarra han llegado a un principio de acuerdo para quitar el término "disminuido" de la Constitución.

Apuesta por la vía legislativa

En lo que resta hasta las elecciones generales, el PP va a centrarse en la propuesta legislativa como elemento diferenciador de la confrontación política. Más cuando Vox ha incrementado el tono y recuperado su agenda más tradicionalista, euroescéptica y antimigratoria para retener al votante más duro y complicar el movimiento a los de Feijóo. Si bien la portavoz en el Congreso y secretaria general de la marca, Gamarra, anunció el martes en la última comparecencia de Sánchez que promoverá una proposición de ley para paliar "los efectos negativos" de la ley del 'solo sí es sí', el PP ha adelantado que abrirá el nuevo ciclo de sesiones trasladando a pleno dos de las sesenta propuestas a las que Feijóo se ha comprometido en Cádiz con su Plan de Calidad Institucional.

En él se cita el fin de garantizar la independencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), desligándolo de una presidencia politizada. Una referencia velada a su actual director, el socialista José Félix Tezanos. Estos dos puntos del texto, al que se ha comprometido el líder gallego a desarrollar en los primeros cien días de gobierno si accede al poder, serán presentados como proposiciones de ley para ver qué "posición" toman el resto de partidos con representación.