Hay un principio de acuerdo. La voluntad consensuada de cambiar definitivamente la palabra "disminuido" del artículo 49 de la Constitución por la expresión "discapacitado" o "persona discapacitada" no debería suscitar mayores problemas para Gobierno y PP. Así lo acordaron este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. Pero los populares no las tienen todas consigo, temerosos de que los llamados partidos de la investidura, amén de otras fuerzas políticas de izquierda y anticonstitucionalistas, acaricien la idea de exigir un referéndum para sancionar dicha reforma.

De momento, parece cerrada la puerta a aceptar ningún tipo de enmienda que no tenga que ver con esta reivindicación de las asociaciones de la discapacidad destinada a eliminar un término más propio de otros tiempos. Y se hará conforme las recomendación del Consejo de Estado. Ese es el campo de juego pactado. Pero por mucho que Bolaños asegure que embridará a sus socios de Gobierno y a los aliados parlamentarios "nos estamos acostumbrando a ver cosas que parecían imposibles, por eso no hay que dar nada por supuesto", apuntan fuentes populares.

Una décima parte de los miembros del Congreso o del Senado puede pedir un referéndum

Y es que el artículo 167.3 de la Carta Magna, referido a la reforma constitucional, abre la puerta a que una décima parte de los miembros del Congreso o del Senado pueda pedir que dicha reforma se someta a referéndum de los ciudadanos. "Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras", que son 35 en el caso de la Cámara Baja y 27 en la Alta.

En definitiva, se trata de un número no muy alto de parlamentarios "que podrían llegar a sumar una serie de grupos", se temen en el PP, muchos de ellos socios de legislatura de Pedro Sánchez. De este modo, a las reticencias que les genera el propio Bolaños -después de negar a Esteban González Pons durante la negociación para el CGPJ que el Gobierno fuera a derogar el delito de sedición- se unen las que les producen otras formaciones con representación en el Parlamento.

La suma posible

Sería complicado, pero no imposible. ERC, con 13 diputados; PNV, con seis; EH-Bildu, con cinco; PdeCat y Junts con cuatro cada uno; Más País, con dos; CUP, con dos también; Compromís y BNG con uno, respectivamente, suman 38 escaños, sin contar con la ex diputada de Podemos, hoy en el Mixto, Meri Pita. Incluso Génova cree que algún diputado de Unidas Podemos podría abonarse a esa tesis de la consulta en referéndum.

La gran pregunta reside en qué conseguirían con ello aparte de retrasar una reforma que nadie cuestiona. "Pues enfangar", dice un destacado dirigente, "y abrir un debate en torno a la Constitución para cuestionarla", agrega. Por eso el PP quiere un compromiso firme de los socialistas, si es necesario, hasta por escrito, para evitar sorpresas indeseadas.

El acuerdo pasa por no aceptar en el trámite parlamentario otro tipo de enmiendas que nada tienen que ver con el artículo 49, pero que se aprovechan de ese cambio puntual para tocar aspectos muy sensibles de la Constitución como, por ejemplo, el de integridad territorial del Estado. Sin ir más lejos, el PNV propuso modificar el artículo 2 para eliminar que la Constitución "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", así como la referencia a las "nacionalidades" y al Ejército como defensor de esa integridad territorial y del ordenamiento constitucional.

El PNV propuso acabar con las referencias a la integridad territorial de España y Junts regular la amnistía

En el apartado de la jefatura de Estado limitaba la inviolabilidad del Rey "a cuando sus actos tengan relación con sus funciones institucionales" y proponía la supresión del artículo 155, que permitió la intervención de la Generalitat cuando declaró la independencia de Cataluña.

Por su parte, Junts aprovechaba la coyuntura para intentar incorporar en la Carta Magna un artículo que regulara, por ley orgánica, "el ejercicio del derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía", además de otras sobre la elección de los miembros del CGPJ.

Gobierno y PP seguirán negociando en las próximas semanas para culminar el acuerdo de modificación del artículo 49. En un principio, conforme al artículo 167, los proyectos de reforma constitucional "deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras". Si no hubiera acuerdo entre ambas, "se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado". Quiere decir que deberían sumar el apoyo de 210 diputados y de 158 senadores.

De no lograrse la aprobación mediante este procedimiento, "y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma".