La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza para Pompeyo G. P., el jubilado de 72 años que presuntamente envió cartas con material "deflagrante" a la embajada de Ucrania en Madrid o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros. El acusado se ha negado a declarar.

El Ministerio Público le atribuye seis delitos de terrorismo por el envío de los paquetes, que provocaron heridas leves a un trabajador de seguridad de la delegación diplomática. La investigación ha estado a cargo del juez del Juzgado Central de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La fiscal considera que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, así como la comisión de nuevos delitos.

La Policía Nacional detuvo a este hombre el pasado miércoles en un barrio de Miranda del Ebro (Burgos). Los agentes le sorprendieron en la calle, ante el temor de que tuviese más material explosivo en su vivienda, como después se descubrió.

Los investigadores registraron su casa, situada en calle Altamira, y su vehículo. En el domicilio, además del citado material, averiguaron que estaba trabajando en la confección de nuevos paquetes.

Solitario

Pompeyo es un hombre solitario. No tiene pareja ni hijos. Trabajó como funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria hasta 2013. En estos momentos los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) están analizando los soportes informaticos que el 'unabomber' español tenía en su poder.

De los primeros análisis se ha concluido que Pompeyo G. P. era consumidor de propaganda prosoviétiva. Su animadversión al apoyo que España está dando a Ucrania ante la invasión rusa le habría llevado a enviar las cartas bomba.

Además de la embajada y el presidente del Gobierno, entre sus objetivos estuvo una empresa de armamento en Zaragoza, el Ministerio de Defensa y la embajada de Estados Unidos en la capital.