La Audiencia Nacional dictó 79 sentencias condenatorias por terrorismo yihadista hasta 2022, según las memorias anuales del tribunal especializado en delitos terroristas y de la Fiscalía General del Estado.

En 2019 se dictaron 43 sentencias por terrorismo yihadista, 41 condenatorias y dos absolutorias; en 2020 fueron 22 sentencias con condenados frente a 7 con absueltos y en 2021, 16 frente a tres.

El Ministerio Público presentó 24 escritos de acusación por delitos de terrorismo yihadista en 2019, 8 en 2020 y 12 en 2021. De todas las diligencias de investigación abiertas durante esos tres años en los Juzgados Centrales, 74 se correspondieron con hechos relacionados con el terrorismo, principalmente islamista y de ETA; 197 en 2020 y 151 en 2021.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea atribuye los delitos de asesinato y fines terroristas a Yasine Kanja, el hombre detenido este miércoles por matar a machetazos a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma de Algeciras (Cádiz), y herir a otros cuatro miembros de la Parroquia de San Isidro. A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó durante una comparecencia pública en Algeciras este jueves que la investigación apunta a que el agresor "sufre algún trastorno mental", "actuó solo y no consta que estuviera radicalizado", el instructor de la causa secreta contra él vincula el ataque al "salafismo yihadista".

Atentados de Barcelona y Cambrils

Entre las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en los últimos tres años donde se ha demostrado que los autores de ataques actuaron motivados por el fanatismo islamista estuvo la de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de mayo de 2021 contra los tres miembros de la célula yihadista que cometió los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, en los que murieron dieciséis personas y otras 140 resultaron heridas.

Los magistrados impusieron una pena de 53 años y seis meses de cárcel a Mohamed Houli Chemlal y de 46 a Driss Oukabir por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia y depósito de armas así como dieron por probado que fabricaron aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. También les atribuyeron estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.

El cumplimiento efectivo de las penas para ambos no excederá, como se aclaró en la resolución, los 20 años de prisión. El tercero de los acusados, Said Ben Iazza, fue condenado a 8 años de cárcel por el delito de colaboración con organización terrorista. También se le prohibió acercarse a Alcanar (Tarragona) durante cinco años. Allí fue donde los terroristas ocuparon una vivienda en la que acumularon 104 bombonas de butano y en la que prepararon un ataque que, de no haberse frustrado, habría sido todavía más brutal que el atropello de la Rambla de Barcelona del 17 agosto de agosto de 2017.

La Fiscalía recuerda la necesidad de más personal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional es la que se ocupa del impulso de la investigación contra los delitos de terrorismo yihadista, que se han ido incrementando a lo largo de los años.

El equipo del Ministerio Público en los Juzgados Centrales está compuesto por un fiscal jefe, un teniente fiscal y 15 fiscales, "siendo la única de entre las Fiscalías Especiales que no ha visto incrementada su plantilla en los últimos años pese al constante aumento de su actividad y competencias, lo que ha obligado a acudir a las comisiones de servicio para paliar las carencias", se pudo leer en la última memoria de la Fiscalía presentada.

Precisamente el Ministerio Público consideraba que "es una plantilla insuficiente para abordar adecuadamente las amplias funciones que desempeña, no pudiendo obviarse, nuevamente, la entrada en vigor de la Orden Europea de Investigación (OEI) y las esenciales funciones que la misma otorga a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por lo que se traslada la necesidad de su ampliación para poder hacer frente a los retos existentes".