La última vez que se debatió en el Congreso de los Diputados fue el 16 de octubre de 2018 siendo Pablo Casado presidente del Partido Popular. No tuvo suerte, como tampoco su antecesor, Mariano Rajoy, cuando suscitó el asunto de dejar gobernar al alcalde más votado. De aquello quedó aquel galimatías que forma parte de los anales de la política reciente. "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde" dijo un 1 de diciembre de 2015 en Benavente (Zamora) el ex líder del PP y ex presidente del Gobierno, localidad donde los populares ganaron las elecciones municipales de ese año pero no se hicieron con la alcaldía.

La propuesta la volvió a resucitar formalmente Alberto Núñez Feijóo dentro de su "Plan de calidad institucional", que aunque contiene otras 59 medidas referidas a transparencia, dación de cuentas, calidad legislativa, control del gasto, independencia de la Justicia, puertas giratorias o relaciones institucionalizadas con el Gobierno, pasaron desapercibidas ante la polémica generada por ir a la elección directa de alcaldes.

Feijóo no entraba en honduras más allá del enunciado del punto 22. "A fin de respetar mejor la voluntad popular y evitar la fragmentación que pone en riesgo la gobernabilidad en los ayuntamientos, se propone una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada". Esta reforma, seguía el texto, "garantizará que el Gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al Ejecutivo local".

35 por ciento del voto y una ventaja de 5 puntos sobre el segundo o 30 por ciento y 10 de ventaja

Pero, ¿en qué consiste exactamente la propuesta? La proposición de ley que los populares presentaron en 2018, ya fuera del gobierno, era un calco de otros textos defendidos antes infructuosamente. En ellos se establecía la lista de condiciones para que el candidato más votado se hiciera con el bastón de mando municipal, lo que no era, o, al menos no en todos los casos, una cuestión automática.

Para empezar se otorgaba una prima de mayoría absoluta a aquel candidato que obtuviera como poco el 35 por ciento del voto y se distanciara del segundo en cinco puntos. O bien, consiguiera un 30 por ciento, pero 10 puntos de distancia sobre su segundo competidor.

En todo caso, según explica a El Independiente uno de los diputados que estuvo en la génesis de este plan "era totalmente abierto, sujeto a las sugerencias y consideraciones que deseara hacer el PSOE". Porque esto siempre se planteó como una cuestión entre las dos grandes fuerzas políticas del país "cuando se trata de cambiar las reglas del juego", aducen los medios consultados.

En caso de que ningún aspirante a alcalde lograra esos porcentajes, dada la enorme fragmentación que hay en muchos municipios de España, se iría a una segunda vuelta, -esa de la que habló esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, en un plazo de quince días. Y no necesariamente entre los dos más votados, sino entre aquellas candidaturas que hubieran superado el 15 por ciento del voto prohibiendo entre medias ningún tipo de coalición. En esa segunda vuelta, se llevaría la mayoría absoluta el que alcanzara la barrera del 40 por ciento y siete puntos, como poco, de distancia con respecto al segundo. Y si, aún así, los números siguen sin dar se repartirían los concejales conforme a los resultados de la primera vuelta.

El PSOE sugirió incorporar la segunda vuelta, pero, finalmente, rechazó el texto

La primera vez que el PP lo puso sobre la mesa Rajoy presidía el partido y enfrente se sentaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Fueron precisamente los socialistas los que, tras poner objeciones, "apuntaron al mecanismo de la segunda vuelta, al estilo francés, y lo incluimos en la propuesta, pero acabaron rechazándolo". Uno de los argumentos que esgrimieron fue que "en España no había tradición de segunda vuelta por lo que era un tema complejo".

Tenía entonces Rajoy 186 diputados sentados en los escaños del Congreso, esto es, diez diputados por encima de la mayoría absoluta, lo que le hubiera permitido abordar una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General sólo con la fuerza de los votos de la bancada popular. "Pero nos dijo que no siguiéramos adelante. La base de la reforma pasaba por consensuarla con el PSOE, nunca en solitario".

Es muy probable que la iniciativa popular llegue al Congreso de nuevo como proposición de ley y, del mismo modo que en anteriores ocasiones, no suscite apoyos entre el resto de los partidos de la Cámara.