La ley del solo sí es sí se va a "corregir", y ya no hay ninguna duda, y se modificará en la parte que afecta a las penas. Lo confirmaron este lunes con nitidez tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El ala socialista del Ejecutivo seguirá adelante, preservando el consentimiento de la víctima como corazón indispensable, porque la decisión es actuar a la vista de los "efectos indeseados" que se han probado en estos meses de aplicación de la norma y la "preocupación social" que el Gabinete comprende y "comparte".

Pero la salida no será la que plantea Igualdad, un decálogo de propuestas para proteger a las víctimas de violencia sexual, como doblar los juzgados exclusivos y reforzar la fiscalía de violencia sobre la mujer, garantizar la asistencia jurídica gratuitas a las víctimas o crear un servicio de atención psicológica especializada. Lo que hará el Gobierno es partir de la propuesta del Ministerio de Justicia, tal y como dijo Bolaños desde Cantabria. El borrador del departamento de Pilar Llop expone la opción de volver a las penas anteriores cuando haya violencia o intimidación. Es una alternativa que Igualdad a su vez rechaza porque desplazaría el consentimiento como eje de la ley, y pondría en el foco de nuevo la violencia.

Bolaños subrayó, de entrada, que la "inmensa mayoría de la ley del sí es sí es positiva para las mujeres y para nuestro país", porque ahora hay comportamientos delictivos que ahora tienen reproche penal y antes no, pero hay que "corregir" los "efectos indeseados que nadie quería". "Y por eso vamos a modificar la ley para paliar esos efectos indeseados" de la norma, para que no se repitan "en el futuro". Los cambios ya se están trabajando en el seno del Ejecutivo, siguió, y la reforma legal "es compleja". El ministro recordó, en ese punto, que hay una propuesta del Ministerio de Justicia, que "con todo rigor aborda" esa revisión del texto, "y hay que trabajar sobre ese documento de trabajo, como habrá que trabajar sobre otros documentos que también se planteen".

Es decir, que el punto de partida es el borrador de Justicia, que este lunes adelantó la SER. Lo que plantea el departamento de Llop es volver a penas de entre uno y cinco años cuando concurra violencia, intimidación o se anule la voluntad de la víctima, y de entre seis y 12 años cuando haya penetración en esos mismos casos. Cuando haya agravantes, se sugiere retornar a los castigos anteriores de entre cinco y 10 años si no hay penetración, y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La propuesta sería extensible a los casos en los que un menor sea la víctima. Igualdad se niega a volver al modelo anterior, que distinguía entre abuso y agresión sexual, porque lo que considera Irene Montero es que el problema no es la ley en sí misma, sino la aplicación que de ella están haciendo los jueces, razón por la que pone sobre la mesa un plan de medidas de especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las víctimas.

"El consentimiento es nuclear"

"Queremos que en el conjunto del Gobierno seamos conscientes de que queremos corregir la ley del sí es sí para paliar los efectos indeseados que se han producido", las rebajas de penas a violadores y las excarcelaciones, y que "no se repitan a futuro", aseguró Bolaños. La reforma se hará "de la mano de los expertos, de los catedráticos, de los magistrados que más conozcan esta parte del Derecho penal".

El ministro sí subrayó, en otro mensaje claro a Igualdad, que el Gobierno mantendrá el consentimiento como eje de la ley. Para Podemos, esta cuestión es capital, innegociable, y había acusado a sus socios de querer desmontarla. "En la modificación que hagamos, el consentimiento volverá a estar en el centro —garantizó Bolaños—. No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas. Por tanto, el consentimiento es nuclear tanto en la ley del sí es sí actual como también en la corrección que hagamos, y esto ha de quedar meridianamente claro. No queremos ni un solo retroceso en los derechos de las mujeres, ni uno solo. Este es un compromiso que adquirimos". Para Podemos, lo que pretende el PSOE es volver al modelo del PP, y esa dureza explica la respuesta del titular de la Presidencia.

En la Moncloa no indican aún en qué plazo estará lista la reforma, porque quiere andarse con mucho cuidado con una redacción que, como reconoció el ministro, no es sencilla. Se espera que en "los próximos días o próximas semanas" ya esté más claro un calendario, pero también todo dependerá de la tramitación parlamentaria. Lo importante es que la reforma sea "impecable" desde el punto de vista técnico, insistió.