Otra vez la ley del solo sí es sí provoca un choque de primera magnitud dentro del Gobierno. Ahora, en un contexto de altísima sensibilidad y de enorme preocupación social, por las más de 330 reducciones de penas a agresores sexuales, de fortísima presión dentro del PSOE y en una coyuntura extremadamente delicada, a ya menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. Pero esta vez hay un elemento distintivo: Pedro Sánchez ha dado un golpe encima de la mesa. Diáfano. Está dispuesto a impulsar la reforma de la norma en solitario, aun sin el concurso de Podemos, aun sin ir de la mano de la ministra impulsora del texto, Irene Montero, la responsable de Igualdad. Pero con el riesgo evidente de tensionar más la coalición y de quedar en manos del PP para aprobar el cambio, ya que requiere de mayoría absoluta en el Congreso, imposible de alcanzar si los morados se plantan y no lo respaldan.

Sánchez lanza un mensaje político, de autoridad interna, y pretende recalcar a los ciudadanos que es consciente de la alarma social, que entiende y "comparte" y que está afanado en "buscar una solución a un problema"

El Ejecutivo está metido en una ratonera de difícil escape, porque además el goteo de revisiones a la baja de penas que comenzó el pasado octubre, con la entrada en vigor de la ley, no se va a detener, porque los reos siempre pueden acogerse a la legislación más favorable, así que cualquier reforma pensada para evitar los "efectos indeseados" del sí es sí solo puede actuar para que no se repitan en el futuro las rebajas de condenas, tal y como insistían este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz socialista, Pilar Alegría.

Pero lo que Sánchez lanza, sobre todo, es un mensaje político, de autoridad interna —como le empujaban en el PSOE—, con el que también pretende recalcar a los ciudadanos que es consciente de la alarma social, que entiende y "comparte" y que está afanado en "buscar una solución a un problema", solución que no podía esperar más, según explican en la Moncloa.

Los dos socios de la coalición intentan sortear el choque total, reconducir las discrepancias. La negociación está en marcha y ni los socialistas ni los morados querían anticipar este lunes las siguientes entregas, porque están a la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ambos. Pero Ferraz desea caminar rápido: en la dirección reiteran que la presentación de la proposición de ley en el Congreso se hará de manera "muy inmediata". "Por nosotros no va a quedar, pero Igualdad no tiene mucho margen. Saben cuál es nuestra posición", señalan en el equipo del presidente. En principio, el registro de la iniciativa no será este mismo martes: el PSOE otorgará a los morados "un poco" más de aire. "Pero la salida ya saben cuál es", advierten.

No se cambiaría la esencia de la norma

La salida que indican los socialistas es la de la reforma urgente del sí es sí y que parta de la propuesta de Justicia, agravando las penas y siempre preservando el consentimiento, el eje central de la ley, el "corazón" que bajo ningún concepto Podemos quiere modificar. La ministra Pilar Llop, recuerdan en su equipo, lleva trabajando desde noviembre a nivel técnico para ofrecer propuestas a Igualdad y evitar a futuro condenas a la baja, "sin tocar el consentimiento". La fórmula hallada por Justicia, adelantada por la SER, es volver a las penas anteriores al sí es sí en los casos en los que concurra "violencia o intimidación" o se anule "la voluntad de la víctima por cualquier medio".

Para Podemos, volver a incluir la violencia es un paso atrás, se convierte en el "calvario probatorio" para las víctimas y se regresa a una mayor impunidad

Pero Podemos se niega a aceptar esta vía. Radicalmente. Entiende que si se vuelve a poner el foco en la violencia, como ocurría antes, cuando la distinción entre los dos delitos entonces vigentes —abuso y agresión sexual— era, precisamente, la concurrencia o no de ese elemento. El sí es sí (oficialmente, la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual) unificó los dos tipos en una figura penal, la agresión sexual, situando en el centro el consentimiento. En suma, los morados acusan al PSOE, incluso públicamente, de retornar al modelo del PP. Los socialistas lo desmienten: Justicia subraya que no se regresa a la diferencia de abuso y agresión: todo sería agresión, como ahora, sin que se elimine en ningún caso el núcleo de la norma, el sí de la víctima. Es decir, que esta sería una vía para reformar el texto sin cambiar en absoluto su esencia.

"Aunque no derogues la palabra consentimiento, si introduces otra vez esa inercia judicial de atender a la violencia y a la intimidación, esto se convierte en el calvario probatorio, en una necesidad de probar la resistencia de las mujeres ante esa violencia o intimidación", señalaba este lunes por la tarde la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Y esto es lo que ha llevado a que haya "un 8% de denuncias y un 92% de impunidad y muchas sentencias que van a la mínima", subrayó.

Igualdad, tras el órdago del PSOE, se mostró dispuesto a admitir "algún retoque" en las penas mínimas para evitar las reducciones de condenas, siempre que se "blinde" el modelo basado en el consentimiento. Lo que plantea el ministerio es subir las penas sin más, sin incorporar de nuevo el concepto de violencia o intimidación. Es decir, que el legislador determine que "a un hecho le corresponde una pena mayor que hasta ahora, y punto". Pero Justicia recalca que esa vía no es posible técnicamente: "Hay que justificar las subidas de penas y con este modelo solo hemos encontrado la solución de poner mayores condenas cuando hay violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Las penas responden a un principio de proporcionalidad y taxatividad. Si hubiera otra solución para justificar el aumento de penas, se haría". No justificar ese alza, alegan en el ministerio de Llop, sería "arbitrario", ya que el sistema es "muy garantista y no se pueden modificar las leyes a capricho".

Hay consenso entre los socios en que la salida es subir las penas, pero discrepan en cómo hacerlo. Justicia advierte que las revisiones al alza hay que justificarlas

Es decir, que hay consenso entre los socios en que la salida es subir las penas, pero discrepan en cómo hacerlo. Y, a priori, parece complicado encontrar una solución confortable para los dos partidos, pero no imposible. El ministerio de Irene Montero siempre ha defendido —y así lo reiteraron este lunes Rosell y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam— que el problema no radica en la ley, sino en la aplicación incorrecta que de ella están haciendo los jueces. Para los socialistas, su percepción es otra: tras comprobar el sentido en el que están resolviendo tribunales de todo el país, y también el Supremo, es evidente que hay un agujero en la norma. "Efectos indeseados", los califican. Una asunción implícita del error.

"La decisión está tomada"

Para evitar la reproducción de esos fallos a futuro, se introduce en la propuesta de reforma de Justicia un peldaño para "sancionar los delitos contra la libertad sexual cometidos con violencia o intimidación o con anulación de la voluntad de la víctima, de manera más grave, en los mismos términos que venían siendo castigados" con la legislación anterior. Así, si un delito de agresión sexual es penado hoy, en el tipo general, con uno a cuatro años de prisión, iría de uno a cinco en los casos con violencia. Si la agresión consiste en el "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos", el reo por violación es castigado con cuatro a 12 años de prisión con la norma vigente, pero si mediara violencia la pena sería de seis a 12 años. Esa subida de las condenas sucedería con todos los demás tipos, según plantea Justicia. Pero la definición de consentimiento, consignada en el artículo 178 del Código Penal, no se modificaría. Garantía que recalcaron tanto el titular de la Presidencia como la portavoz del partido.

Si Podemos votara en contra, el apoyo del PP sería necesario, lo que fracturaría la coalición. "Si Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará", avisa un duro Iglesias

Si Podemos no cambia su postura, el PSOE está dispuesto a dar "un paso adelante", como recalcó Alegría. Es decir, que pondría en marcha la reforma de forma unilateral, aun sin sus socios. "La decisión está tomada", insisten en la cúpula, donde reconocen que las consecuencias están "medidas", igual que los morados habrán de tenerlas en caso de que se desmarquen. Montero quedaría desautorizada: su ley estrella, icónica para el Gobierno de coalición, sería modificada con su opinión en contra por decisión del presidente. Pero su mayor debilidad no tendría por qué traducirse en una ruptura de la coalición que ninguno de sus miembros quiere. En el núcleo duro de Sánchez, además, anida la profunda convicción de que ni Montero ni su compañera Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, romperán y se marcharán del Ejecutivo. "No se irán ni con agua caliente", subrayan.

Pero Sánchez también asume riesgos si pone la directa sin su aliado minoritario. Porque si Unidas Podemos votase en contra de la reforma, esta quedaría al albur del PP, ya que al tratarse de una ley orgánica necesita de 176 votos, mayoría absoluta. "Pues nos pondremos el chubasquero" para aguantar el temporal, observa una responsable de la cúpula y del comité electoral. Socios de investidura como Más País o Compromís, o incluso integrantes del Gobierno como IU, no ven problema en corregir las penas.

Alberto Núñez Feijóo garantizó este lunes que dará su apoyo a una modificación que, cierto, se acerca a la proposición de ley que registró el Grupo Popular en diciembre. "Si presentan solos la iniciativa, tiene unas consecuencias —señalan fuentes del espacio confederal a este diario—, porque si se abrazan al PP, entonces se abre un lío en el Gobierno antes de las elecciones. Quizá tienen medido registrar la ley, pero no sé si tienen tan medido cómo aprobarla. El PP no va a salvar al soldado Ryan, y ese soldado Ryan no es Irene Montero, es el presidente". En suma, que Sánchez se expondría a abrir una crisis de gobierno de repercusiones impredecibles.

La gravedad de la tensión que afronta el Gobierno la reflejó el exvicepresidente Pablo Iglesias —sin cargo en Podemos, pero con una influencia indudable en su partido— en Hora 25 este lunes, en la SER. "Un presidente del Gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la presión mediática de la derecha y la ultraderecha", se arrancó. Y lanzó una carga de profundidad: "Plantear a tu socio de Gobierno que o aceptas lo que hago yo, que es acabar con la ley del sí es sí, que es traicionar a las mujeres que se manifestaron, o lo pacto con el PP, pues buena suerte. Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará". Advertencia directa y al corazón. La coalición se sitúa al borde del abismo de nuevo. Puede que los socios se pongan a salvo en el último minuto, como ha ocurrido hasta ahora, o puede que den un paso más hacia el vacío.