La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de este martes despeja el camino del juez del procés, Pablo Llarena, para reclamar a los procesados por la puesta en marcha de la ruta independentista de Cataluña en 2017 aunque todavía quedan algunos pasos para que el magistrado pueda emitir una nueva orden europea de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Principalmente, que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) aclare si éste recupera o no la inmunidad plena como europarlamentario.

De momento, la resolución del Tribunal de Luxemburgo sí permite al magistrado del Tribunal Supremo que vuelva a reclamar a Bélgica la entrega del exconsejero de Cultura Lluis Puig, destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017. Él fue uno de los políticos que, como Puigdemont, se marchó de España cuando supo que la Fiscalía General del Estado presentaría una querella por rebelión contra todos los líderes independentistas, antes de la detención de éstos.

Desde entonces reside en Bélgica, país cuyos jueces se negaron a entregarle a España en 2021, admitiendo en parte la alegación de su defensa y considerando que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarle, por lo que podría estar vulnerándose su derecho a un juicio con todas las garantías.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dirigió una cuestión prejudicial al TJUE en la que preguntó si un país de la Unión, en este caso Bélgica, se podía negar a responder a una orden de entrega planteada por otro, España. La Justicia europea ha tardado dos años en emitir sentencia con la contestación a dicha cuestión prejudicial, en la que ha dado la razón a Llarena.

Antes de volver a emitir una nueva euroorden contra Puig, algo que no se espera que sea inminente según trasladan fuentes del Tribunal Supremo a El Independiente, el instructor del procés espera recibir oficialmente una copia íntegra de la sentencia para ajustar la euroorden a todas los aspectos técnicos que se contengan en ésta. También aguardará para tomar la decisión a que el tribunal que juzgó a los líderes independentistas se pronuncie sobre cómo debe interpretarse y aplicarse la reforma de la sedición y la malversación y ver qué delito o delitos son imputables a Puig.

En la sentencia de este martes, el TJUE concluye que "una autoridad judicial de ejecución no puede negarse, en principio, a ejecutar una orden de detención europea basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la person buscada en el Estado miembro emisor". El caso de Puig es extensible al de Carles Puigdemont, también procesado por malversación y desobediencia -el juez le retiró la sedición tras la reforma del Código Penal-, así como a los consejeros de su Gobierno Toni Comín y Clara Ponsatí fugados con él de la Justicia española y residentes en Bélgica y Reino Unido.

Reduce la negativa de entrega a una situación improbable

El tribunal de la Unión Europea tan sólo deja abierta la puerta a una negativa para la entrega de reclamados entre países miembros a que la autoridad judicial de ejecución "compruebe que en ese Estado miembro hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello", una situación improbable y, en todo caso, que no se corresponde con la de España. En nuestra Justicia no hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ya ratificó que la Sala Segunda del alto tribunal era la correspondiente para juzgar el procés.

La defensa de Puigdemont y del resto de exconsejeros catalanes se aferra a esa excepción planteada por el TJUE para afirmar que la sentencia hace inviables las euroórdenes, pero en el Tribunal Supremo se da por hecho que con la resolución Llarena puede volver a emitir una petición de entrega de Lluis Puig por malversación. El presidente del alto tribunal, Francisco Marín Castán, valoró con satisfacción la resolución del TJUE tras la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona: "Se entiende como un respaldo al Tribunal Supremo y al juez instructor", afirmó y recoge Iva Anguera de Sojo.

Sentencia del TGUE

El caso de Puigdemont y los exconsejeros Comín y Ponsatí es distinto. El juez Llarena supedita la emisión de una nueva orden europea de detención contra ellos a otra sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) relativa a la inmunidad parlamentaria que se espera para este mes o el siguiente.

Los tres políticos presentaron una demanda contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio que solicitó Llarena para que perdieran su inmunidad como europarlamentarios y así proceder contra ellos. Posteriormente, recuperaron la inmunidad de manera cautelar, por lo que en este momento no pueden ser detenidos ni entregados. Si la sentencia del TGUE concluye que el Parlamento Europeo procedió correctamente, el Supremo habría dado otro paso adelante para reclamarles.