El PSOE se mantiene firme en su reforma del 'sí es sí' y se aleja el pacto con Igualdad

El tiempo de la prórroga también se va consumiendo. El ala socialista del Gobierno concedió un mayor margen a la negociación con Podemos para la reforma de la ley del sí es sí: eludió registrar el pasado viernes su propuesta de modificación, y decidió esperar como máximo al martes por la mañana para presentarla, bien con acuerdo o en solitario. Las conversaciones siguen, pero en punto muerto, sin avances, así que, salvo giro de ultimísima hora, el choque entre los dos socios de la coalición parece ineludible, abriéndose ante ambos la crisis interna más formidable de toda la legislatura, por mucho que se sortee la ruptura del Ejecutivo.

La sensación de que el Gobierno se ve abocado al desacuerdo se palpaba con rotundidad este sábado en el acto de presentación de la ministra Reyes Maroto como candidata a la alcaldía de Madrid. Pedro Sánchez esquivó, muy significativamente, toda mención a la diferencia con Podemos con el propósito de no crispar los ánimos. Pero en su Ejecutivo —hasta siete ministros arroparon a la cabeza de cartel por la capital—, en la dirección federal y en la del grupo parlamentario en la Cámara baja perciben que la tormenta está ya encima. Que puede no haber arreglo ni espacio para el acuerdo.

La irritación en el sector socialista del Gobierno con los morados es máxima. Ya indisimulable. Las próximas horas serán absolutamente claves

Porque los socialistas, y así lo ratificaban todos los dirigentes consultados, están determinados a redactar una reforma de la ley del sí es sí que aumente las penas a los agresores sexuales a futuro —nada se puede hacer para detener el goteo de revisiones de condenas, ya que el reo se beneficia siempre de la ley que le es más favorable— y que lance un mensaje claro de autoridad, de empatía con la alarma social generada por una norma con "efectos indeseados". No están dispuestos a un maquillaje, porque sería "tropezar dos veces con la misma piedra", advierten en Ferraz. El contador aprieta: ya son 400 los beneficiados por el texto impulsado por la ministra Irene Montero. La última palabra la tendrá Sánchez, pero ministros de su plena confianza subrayan que apoyará las tesis defendidas por Justicia, departamento pilotado por Pilar Llop. Ella conduce las conversaciones, junto al titular de la Presidencia, Félix Bolaños.

El ala socialista del Ejecutivo acusa a Podemos de estar "desenfocando el debate". "El problema no es el consentimiento, que jamás hemos planteado tocar, sino la bajada de penas a los delincuentes sexuales que introdujo el sí es sí, que es gravísima", señalan fuentes concernidas directamente en las negociaciones. La irritación en el sector socialista del Gobierno con los morados es máxima. Ya indisimulable. Prueba de que las posibilidades de acuerdo son, en estos momentos, reducidas.

El bloqueo se sitúa en el mismo punto desde hace días. Justicia, que lanzó su última propuesta a Igualdad el pasado viernes, defiende que solo hay una vía posible: dejar las penas como están en el tipo general del artículo 178 del Código Penal e introducir un subtipo que imponga condenas más altas, semejantes a las que había antes de la entrada en vigor del sí es sí, cuando concurre violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima. Así, la ley impone de uno a cuatro años de cárcel al responsable de una agresión sexual, y subiría a una horquilla de uno a cinco años si hay violencia. Si se trata de una agresión con penetración vaginal, anal u oral, la pena va de cuatro a 12 años, pero si concurriera la violencia, el castigo iría de los seis a los 12 años. Y así sucesivamente.

Un subtipo penal "ata más a los jueces", les deja menos libertad de interpretación, pero un agravante lo puede apreciar o no un juez

Podemos se opone a esta formulación porque sería retornar al modelo anterior, cuando lo que distinguía los dos delitos sexuales entonces existentes, abuso y agresión, era la violencia. Igualdad entiende que se desvirtuaría de facto el corazón del sí es sí, el consentimiento de la víctima, y esta se vería de nuevo sometida a un "calvario probatorio", al tener que demostrar que se resistió. Lo que plantean los morados es que se incrementen las condenas, sin más —Justicia alega que no es posible, que hay que justificar los cambios— o que la violencia se refuerce como agravante, no como subtipo penal.

Ya opera en las agresiones a menores

La diferencia es relevante. Capital, según defiende Justicia. Un subtipo —contemplar penas más graves cuando hay violencia o intimidación— "ata más a los jueces", les deja menor margen y libertad de interpretación, mientras que un agravante puede apreciarlo o no un juez. Justicia esgrime, por tanto, que solo introduciendo un subtipo se puede garantizar que hay mayores penas, mientras que con un agravante se corre el riesgo de que la situación no cambie.

En Justicia recalcan que no hay que probar el consentimiento cuando hay violencia. Y se preguntan: "¿Se puede castigar igual tocar el pecho a una mujer y darle una paliza o solo tocar el pecho?"

En el departamento de Llop recuerdan que en su propuesta no se modifica la redacción del 178.1, el que define qué es el consentimiento ("solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que [...] expresen de manera clara la voluntad de la persona"), y que el 178.2 ya subraya que se considera agresión sexual (o sea, que no hay consentimiento) cuando los actos de contenido sexual se realicen "empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima", y los que se ejecuten "sobre personas que se hallan privadas de sentido" o de cuya situación mental se abusara, o cuando la víctima tenga anulada su voluntad.

Justicia plantea un nuevo artículo 178.3, que entienden congruente con esta redacción, para que justamente cuando haya violencia las penas sean más graves, porque "es injusto no castigar con más severidad lo que es más grave". "¿Qué es más grave? ¿Tocar el pecho a una mujer y darle una paliza o solo tocar el pecho? ¿Los dos actos se pueden castigar igual? Que se lo digan a las víctimas", se preguntan. Argumentan estas fuentes consultadas por El Independiente que también la ley diferencia entre hurto y robo, aunque ahora no se trata de construir dos tipos penales otra vez, "y no se toca el consentimiento, que continuaría estando en el centro".

También recuerdan en Justicia que el artículo 181 del Código Penal, el que se detiene en las agresiones sexuales a menores, sí contempla la violencia e intimidación y luego ya entra en los agravantes. "Pues claramente eso debieron haberlo llevado al artículo 178 cuando la víctima es mayor de edad", razonan.

"Ellas [Irene Montero y su equipo en Igualdad] mezclan todo y engañan a las víctimas cuando dicen que con la propuesta de Justicia se elimina el consentimiento porque hay que probar la violencia", denuncian fuentes próximas a Llop. Y añaden: "Antes, las víctimas tenían que probar que no habían consentido y eso era el calvario probatorio. Con el sí es sí, todo cambia y ese es el avance del 178.2, que ya no hay que probar el consentimiento cuando hay violencia. Lo que pasa es que sí hay que probar la violencia porque es un elemento que concurre en un delito, y esto es un Estado de derecho". En el ministerio recalcan que para la propuesta se ha seguido el modelo sueco, que también ha reformado recientemente su Código Penal [aquí en PDF], y en efecto así lo diferencia en su capítulo 6.

La diferencia con la "extrema gravedad"

En Justicia apuntan asimismo que la ley del sí es sí (la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual), sí introdujo como agravante la "extrema gravedad", porque así lo exigía el Convenio de Estambul de 2011. "Así que no puedes poner con igual valor la violencia y la violencia extrema o brutal. Y los agravantes operan los tipos básicos, pero nosotros decimos que no es igual penetración con violencia que sin violencia, por ejemplo". "Es decir, no tocamos el consentimiento, que además fue una propuesta de Carmen Calvo de 2018, y ellas desenfocan el gravísimo y enorme problema, que son las penas más bajas", se quejan.

Montero se muestra dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo, pero rechaza lo que interpreta como volver al modelo anterior

La lectura que hacen los socialistas es que en Igualdad "saben" que no hay más vías para agravar las penas de manera efectiva. "Pero están buscando su supervivencia. Si la ley no se modifica, se legitima. De lo contrario, se evidencia lo que ha pasado". Lo resume así otro dirigente del partido, jurista: "Ellas solo tienen una única preocupación: que la reforma evidencie que su propia reforma fue deficiente. Creen que el subtipo es una desautorización de su ley, mientras que un agravante es una mera mejora técnica. Y que se lo pueden vender así a su gente. No se dan cuenta de que en términos políticos el coste no tiene remedio".

La titular de Igualdad se mostraba este sábado dispuesta a ceder —"Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo"—, aunque reconoció que mantiene aún "una discrepancia fuerte" con el PSOE. Su línea roja, dijo con rotundidad desde Murcia, es una: "Solo hay una cosa en la que no voy a ceder, porque el consentimiento ha llegado para quedarse". La ley actual "está bien hecha" y su reforma es la "respuesta a un sector reaccionario", arguyó Montero, así que "lo que toca defender ahora ante las presiones" es que "es agresión sexual si no hay resistencia", porque sin consentimiento "también hay violencia". Es decir, la dirigente de Podemos sí mostraba disposición al acuerdo, convenía que se pueden subir algunas penas, pero se mantenía firme respecto a lo que interpreta como una vuelta al modelo anterior.

Las expectativas de acuerdo parecen marchitarse por otro elemento: este domingo, Montero participa en un acto en Madrid junto a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Encuentro titulado, con toda la intención, ¿Consentiste o no? Solo sí es sí. La vehemencia que los socialistas esperan de ambas hacen albergar pocas esperanzas de que reculen y asuman el coste político de la modificación. Para una responsable de la cúpula parlamentaria socialista, el hecho de que Montero anticipara el viernes en RNE que no dimitirá aun si Sánchez presenta su iniciativa en solitario ya era sintomático de cuál será el desenlace: el desacuerdo.

El PSOE necesita que la iniciativa pase el primer trámite el 14 de febrero. Sánchez tendrá que valorar si impone su criterio o bien pacta una reforma más liviana que no tensione la coalición

El punto final llegará, como máximo, el martes 7 por la mañana. Ese es el teórico deadline, si no hay cambios. El PSOE necesita que la proposición de ley sea calificada por la Mesa del Congreso ese mismo día —la tiene que registrar antes o entregarla en mano durante la reunión, que comienza a las 10 horas— para que entre en el siguiente pleno para su toma en consideración, el primer paso de su tramitación parlamentaria. Esto es, para que se discuta el 14 de febrero.

En todo caso, Sánchez tendrá que decidir. Si se alinea con Llop o bien acepta las condiciones de los morados. "El presidente deberá hacer el cálculo político —indica un dirigente madrileño—. Si prefiere hacer la mejor corrección posible de la ley aunque tensione la coalición o pactar una reforma, la que sea, pero que preserve la coalición lo más posible. Es inútil explicarle esto a la gente profana en Derecho y en tiempos de populismo punitivo". "Nosotros vamos a buscar el acuerdo hasta el último segundo, pero esto es una cuestión técnica y jurídica, no política. Serán ellas las que se alejen del acuerdo, sí, porque nosotros estamos firmes y lo tenemos muy claro jurídicamente para que esto deje de pasar en el futuro", subrayan en Ferraz.

En el partido muchos dirigentes se reconocen ya cansados y preocupados por una cuestión que les abrasa en las manos y que la derecha utiliza pertinazmente en sus discursos como herramienta para atizar al Gobierno. Por eso, dentro y fuera del Ejecutivo, reclaman una solución rápida. "Esto hay que resolverlo ya. No hay más", sentenciaba una integrante del Gabinete al término del mitin. "La salida es hacer lo que hay que hacer. Por las víctimas. No puede prevalecer otra cosa que ellas", remachaba otra ministra. Porque cuando se apagaban los focos y los micros, la inquietud por el sí es sí seguía latiendo, aunque no emergiera en los discursos. Se siente como el gran agujero negro del Gobierno, el que puede acabar arrastrándolos el 28-M. La hemorragia, alertan, ha de cortarse.