El PSOE advirtió de que lo iba a hacer y ahora lo cumple. No espera más y presentó este lunes en el Congreso su propuesta de reforma de la ley del sí es sí, a la vista de que Podemos no se apeaba de sus posiciones. Las negociaciones han sido infructuosas porque aunque los morados se avinieron a subir las penas para impedir a futuro condenas bajas de agresores sexuales, los dos socios discrepaban sobre cómo hacerlo técnicamente, ya que para los morados graduar las penas en función de si concurre o no la violencia o la intimidación es una forma de desnaturalizar la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual y de desplazar su centro de gravedad, que es el consentimiento, hecho que el ala socialista del Ejecutivo niega tajantemente.

El último borrador fue remitido por el Ministerio de Justicia a Igualdad el pasado viernes, texto que de nuevo por rechazado por Irene Montero. El bloqueo convenció al PSOE de que las conversaciones estaban en punto muerto, y decidió que era inútil esperar más, así que el portavoz del grupo parlamentario, Patxi López, registró a mediodía la proposición de ley en solitario, como adelantó El País y confirmaron a este diario fuentes del Gobierno. Los socialistas se habían marcado primero como fecha tope el pasado viernes, pero quisieron conceder mayor margen a sus aliados para intentar que recondujeran su posición. No lo consiguieron y finalmente optan por continuar con la modificación legal solos. Quieren así dar "herramientas" a los jueces para que "se incrementen las penas y dar tranquilidad a las víctimas, a la sociedad", explicó pasadas las 10 de la mañana en Espejo público (Antena 3) la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La pretensión del socio mayoritario del Ejecutivo es que mañana califique el texto la Mesa a primera hora para que la Junta de Portavoces del Congreso la pueda incluir en el orden del día del pleno del martes 14 de febrero, y que a partir de ahí arranque su andadura parlamentaria. Dado que previsiblemente los morados se opondrán a su tramitación, el PSOE necesitará al PP para que el texto prospere, dado que al ser una ley orgánica —es una nueva modificación del Código Penal— se requieren 176 votos.

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Desde Igualdad señalaban este lunes a primera hora que el PSOE no les había comunicado la decisión de presentar en solitario la reforma. "Es inexplicable que teniendo opciones para el acuerdo decidan romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación. Estamos preocupadas por que PP y PSOE sumen sus votos para volver al esquema de la violencia o la intimidación. El consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo solo sí es sí y vamos a hacer todo lo posible para que el consentimiento siga en el centro del Código Penal", indicaron fuentes del ministerio de Irene Montero.

Se estaba "desenfocando el debate"

Las negociaciones entre los dos socios comenzaron hace dos meses, cuando comenzó el goteo de reducciones de penas a delincuentes sexuales —y a día de hoy ya se suman 400—, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Justicia siempre defendió que solo cabía una fórmula para garantizar que los jueces impongan condenas más altas: agravarlas cuando la agresión sexual se comete con violencia o intimidación o se anula la voluntad de la víctima. Eso suponía introducir un subtipo penal. Pero para Podemos ese planteamiento era y es inasumible, ya que supondría regresar al modelo anterior, en el que lo que diferenciaba un abuso de una agresión sexual era el concurso de la violencia. Es decir, interpretaba que aunque el consentimiento no desapareciese como tal de la ley, se desvirtuaba su centralidad, ya que la víctima tendría que demostrar que se resistió. Regresaba el "calvario probatorio".

Los socialistas lo han negado con vehemencia. De hecho, acusaron este fin de semana a Podemos de "desenfocar el debate" al poner el foco en el consentimiento, que "jamás pensó en tocarse", para quitárselo a la bajada de penas que introdujo el sí es sí, "que es gravísima". Justicia defendió que ya el actual artículo 178.2 del Código Penal reconoce como una agresión sexual los actos de contenido sexual en los que se emplee violencia, intimidación, abuso de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, o que se ejerzan sobre personas privadas de sentido o que tengan anulada su voluntad por cualquier causa. Es decir, que cuando hay violencia, subrayaban, no hay que probar el consentimiento. Lo que hay que probar, porque España es un Estado de derecho, es la violencia.

La iniciativa respeta la redacción de los artículos 178.1 —el que define jurídicamente qué es el consentimiento: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que [...] expresen de manera clara la voluntad de la persona"— y el 178.2. Pero introduce un nuevo artículo 178.3. Si el 178.1, el tipo general básico, señala que se castiga con cárcel de uno a cuatro años la agresión sexual sin penetración, el 178.3, de aprobarse esta reforma, indicaría que cuando además hay violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima, la horquilla se amplía, de uno a cinco años de cárcel. En el 179 se describe la violación con penetración vaginal, anal o bucal, que supone de cuatro a 12 años de cárcel. El nuevo subtipo dirá, si sale adelante la propuesta socialista, que si hay violencia el castigo es mayor, de seis a 12 años de prisión. Y así sucesivamente con el resto de casos.

Justicia, pues, recupera las condenas anteriores al sí es sí para los supuestos en los que hay violencia. Y plantea una redacción similar a la de la proposición de ley que el PP registró en diciembre. Podemos justifica su rechazo porque la propuesta socialista es semejante a la de los populares y porque regresa al modelo anterior, en el que el concurso de la violencia era el elemento central. Este mismo domingo la responsable de Igualdad señalaba, en un acto en Madrid organizado por su partido para arroparla y galvanizar su posición, que estaba dispuesta a aceptar las "condiciones" del socio mayoritario para dar una respuesta "unitaria" del Gobierno a la alarma social creada por las rebajas de pena aplicadas por una minoría de jueces, pero con una condición: "El consentimiento no se toca". "Ni un paso atrás", avisaba.

Las consecuencias del choque

"La mejor manera de proteger esta ley es precisamente haciendo estos ajustes técnicos que garanticen esa seguridad jurídica para evitar que esos hechos se produzcan —apuntó Rodríguez en Antena 3—. Se trata de resolver allí donde hay un problema. La preocupación del Gobierno es dar respuesta a la ciudadanía", a la "alarma social" creada ante las "consecuencias no deseadas de la norma", "atender a la sensibilidad de las víctimas" y "dar seguridad jurídica" a todos los operadores jurídicos que han de aplicarla.

Ahora la pregunta es qué ocurrirá con la coalición de Gobierno. PSOE y Podemos han sufrido diversas crisis a lo largo de la legislatura, pero esta es, sin duda, la más trascendente, porque el sí es sí es una ley icónica para los morados y la que lleva recorriendo la vida del bipartito desde su arranque, cuando ya se produjeron los primeros choques entre Irene Montero y Carmen Calvo y Juan Carlos Campo, entonces vicepresidenta primera y ministro de Justicia (y hoy magistrado del Tribunal Constitucional). Ahora Pedro Sánchez se dispone a reformar una ley de su socio minoritario contra su voluntad.

El choque está servido. Justo en un momento muy delicado. A menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y a diez de las generales, previstas para diciembre. Los socialistas minimizan la trascendencia de esta colisión, porque las dos partes estaban de acuerdo en subir las penas, pero han discrepado por la solución técnica. Niegan que pueda producirse una ruptura, elemento en el que coinciden con los morados, que tampoco pretenden salir del Ejecutivo. Pero, indudablemente, el conflicto por el sí es sí añade una tensión extra a un Gobierno que ha sufrido estrés en toda la legislatura. Y aún esta semana habrá otra fricción: la habrá por la ley de bienestar animal, que puede decaer si los morados no ceden y aceptan excluir de la misma a los perros de caza.