La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, critica la reforma a la ley del sí es sí que ha presentado esta mañana el PSOE en el Congreso de los Diputados para enmendar la norma estrella del Ministerio de Irene Montero que ha permitido la rebaja de condenas de más de 400 agresores sexuales.

La número dos de Igualdad ha afirmado este lunes que la propuesta redactada por el equipo técnico el Ministerio de Justicia de Pilar Llop con ayuda de magistradas expertas en el asunto supone una "vuelta al Código Penal de La Manada, que comparte el PP y al que ha hecho buenos ojos Vox".

En declaraciones a los medios de comunicación, Rodríguez y la jueza y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han acusado a Justicia y al PSOE de impulsar una reforma que supone un "retroceso" para las mujeres que "no vamos a tolerar".

Defienden su última propuesta

La última propuesta de Unidas Podemos para reformar la ley fue introducir la violencia e intimidación como agravante en los delitos contra la libertad sexual, algo que ha rechazado Justicia considerando que tal medida dispararía las penas provocando un problema de proporcionalidad. En el Ministerio de la socialista Pilar Llop consideran que esa medida va contra el mensaje de Unidas, partido que aboga por huir del punitivismo judicial.

Para conseguir elevar las horquillas de las penas que al ser reducidas en la ley del sí es sí provocaron revisiones de multitud de sentencias a la baja, Justicia ha optado por castigar con penas más altas las agresiones sexuales en las que concurre violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima, volviendo a distinguir entre los tipos en los que concurren estas características y los que no. Para Podemos, dicha propuesta supone volver al modelo "que no ha funcionado nunca".

Justicia sostiene que al introducir en el artículo 179 del Código Penal, que castiga «la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías» un subtipo con una pena más alta en los casos en los que concurra violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima, se refuerza a las víctimas. No habrá que demostrar en ningún caso si hubo o no consentimiento, argumentan, porque se castigará directamente con más dureza.

Pero en Igualdad discrepan: "¿Pero entonces Justicia quiere subir las penas o cambiar el sistema? Si alguien dice que introduciendo violencia o intimidación en las agravantes y no en todo el código sube las penas por encima de lo previsto es que no quiere subir las penas sino cambiar el sistema y que considera más grave la sumisión química que la violencia o la intimidación. Es de una incongruencia supina. Volver a introducir un subtipo en el tipo del consentimiento es volver al viejo sistema. El viejo sistema no funciona para las revisiones", afirmó Rosell.

En cuanto al problema de las nuevas penas recogidas en la ley, que en Justicia consideran que ha sido el principal problema de la norma puesto que ha obligado a los jueces a revisar sentencias, las dos políticas de Unidas Podemos señalan que unos jueces se mantiene en las horquillas y otros no con el mismo marco, poniendo como ejemplo la decisión de la Audiencia de Navarra de este lunes, que precisamente ha mantenido la condena de 15 años de prisión por violación al miembro de La Manada Ángel Boza.