El Gobierno se atribuye haber arreglado un problema de gran gravedad generado por el desconocimiento legal de la ministra de Igualdad Irene Montero y su equipo para solucionar los efectos de la ley del sí es sí, cuya entrada en vigor ha beneficiado con rebajas de penas a más de 400 agresores sexuales y ha permitido la excarcelación de algunos de ellos.

Después de días de conversaciones entre el Ministerio de Justicia (PSOE) y el de Igualdad (Unidas Podemos), finalmente el grupo socialista en el Congreso ha presentado este lunes su proposición de ley para modificar la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual sin contar con sus socios.

Justicia pone el foco en que el verdadero problema de la norma han sido las penas y no el concepto de consentimiento ni cómo se aplica éste por parte de los jueces españoles, asunto con el que consideran que la ministra de Igualdad y las políticas de Podemos han confundido a la sociedad. No es que los jueces no crean a las víctimas y éstas tengan que vivir una revictimización para probar con señales de violencia o sin ellas que sufrieron una agresión, sino que los delitos sexuales tienen que probarse en un Estado de Derecho, para lo que deben practicarse pruebas en juicio como ocurre con cualquier otro delito recogido en el Código Penal, explicaron este lunes fuentes de Justicia.

Las rebajas de penas no han sido el resultado de una mala aplicación de la ley por parte de los jueces, argumenta Justicia, sino el efecto retroactivo de una norma más favorable que debe aplicarse a los condenados según el principio de la Constitución que garantiza el la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y del artículo 2.2 del Código Penal sobre la retroactividad de las normas más favorables para el reo. Atribuyen a las políticas de Unidas Podemos no reconocer el efecto de algo que se entiende únicamente con leer el Código Penal.

Las conversaciones entre Justicia e Igualdad para tratar de encontrar una solución al problema comenzaron en diciembre pero no llegaron a buen puerto porque, según consideran en el ministerio socialista, las socias de Unidas Podemos no reconocen que el problema viene por las nuevas horquillas penológicas. "Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos", afirmó la ministra de Justicia en un encuentro con periodistas. "La subida de penas es una decisión política y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer", reivindicó la ministra.

Violencia, intimidación o anulación de la voluntad

Para solucionar el problema de las rebajas de penas -que en todo caso Justicia recuerda para no crear falsas expectativas que sólo tendrá efectos a partir de los delitos que se cometan después de la entrada en vigor de la reforma- el PSOE introduce subtipos agravados que elevan las penas y obligan a imponerlas en su mitad superior en los delitos que van del 178 al 181 del Código Penal cuando concurra violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima.

De esta manera, en los casos en que las penas mínimas habían bajado de los seis a los cuatro años y de los 12 a los siete, vuelven al estado anterior a la entrada en vigor de la ley del sí es sí.

Respecto al artículo 179 del Código Penal, que castiga "la agresión sexual consistente en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías", Justicia explica que el subtipo introducido supone que siempre que concurran las circunstancias de violencia, intimidación o anulación de la voluntad no habrá que demostrar en ningún caso si hubo o no consentimiento porque se castigará directamente con una pena más alta.

El ministerio de Pilar Llop descarta la propuesta de Podemos de introducir la violencia o intimidación como agravante y la considera poco solvente porque supondría que se disparen las penas en todos los tipos, lo que generaría un problema de proporcionalidad.

La modificación de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual requiere de un apoyo de 176 diputados en el Congreso por lo que, si Unidas Podemos se cae del acuerdo, el PSOE necesitaría el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular, para sacarla adelante.

Justicia critica duramente la parte penológica de la ley del sí es sí y alaba la parte social, con las nuevas medidas para las víctimas. Reivindican la norma como un trabajo conjunto pero no reconocen su error al respaldarla en el Consejo de Ministros donde se aprobó su tramitación, del que también formaban parte ministros del PSOE con formación jurídica. En aquel momento el ministro de Justicia era Juan Carlos Campo.