La coalición alcanza otra semana difícil. Quizá la más crítica de toda la legislatura. La que pondrá a prueba sus costuras. Otra vez, sí, pero como nunca. Porque están en juego dos normas bandera de Podemos: el sí es sí y la ley de bienestar animal. Una, impulsada por la titular de Igualdad, Irene Montero; la segunda, nacida del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. En ambas ronda el desacuerdo, el choque profundo. El Gobierno no se romperá, aseguran los dos socios, pero sus relaciones sumarán una nueva magulladura, más honda que las anteriores.

Sobre todo, indudablemente, por la reforma del sí es sí, que los socialistas tienen decidido abordar en compañía de los morados o en solitario. Y el tiempo se agota: la iniciativa se registrará en el Congreso, como máximo, el martes 7 por la mañana, a tiempo para que pueda ser incluida en el pleno, para su toma de consideración, el 14 de febrero. Es decir, quedan teóricamente 24 horas escasas de negociaciones, a sumar a los dos meses previos de conversaciones entre Justicia e Igualdad. Pero el PSOE podría decidir no apurar los plazos y llevar a la Cámara baja su proposición de ley este mismo lunes, a la vista del bloqueo. Ni en la Moncloa ni en Ferraz querían adelantar qué plazos maneja el presidente, que es quien deberá dar la orden final.

Quien piense que nos vamos a rendir, no sabe lo que nos han enseñado nuestras madres y abuelas"

IRENE MONTERO, MINISTRA DE IGUALDAD

Este domingo, se visualizó el enconamiento de las posiciones con nitidez. Podemos celebró en Madrid su acto ¿Consentiste o no? Solo sí es sí, una auténtica declaración de intenciones que sirvió para amarrar a los suyos, marcar una línea roja irrenunciable: está dispuesta a reforma la ley, pero con una condición, "el consentimiento no se toca".

El ala socialista del Ejecutivo ha insistido una y otra vez que en ningún caso se ha planteado tocar el artículo 178 del Código Penal, el que define el consentimiento ("solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que [...] expresen de manera clara la voluntad de la persona"), que solo se trata de añadir un subtipo penal para que se apliquen a futuro penas más altas cuando concurra violencia, intimidación o anulación de la víctima. Justicia recuerda que el actual 178.2 ya subraya que se considera agresión sexual —es decir, cuando no media consentimiento— los actos de contenido sexual en los que haya violencia, intimidación, abuso de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, o que se ejerzan sobre personas privadas de sentido o que tengan anulada su voluntad por cualquier causa.

"Ni un paso atrás"

"Aunque sabemos que la ley está bien y que ninguna reforma legal va a evitar esas decisiones judiciales de rebajar las condenas, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley, a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de Gobierno necesita para salir unidas a hacer frente a esta ofensiva contra la ley y contra el Gobierno de coalición", sostuvo Montero. Para añadir lo importante: "En lo que no vamos a ceder" es en el derecho conquistado por las feministas en las calles: "El consentimiento no se toca". "Quien piense que nos vamos a rendir, no sabe lo que nos han enseñado nuestras madres y abuelas", advirtió, en un mensaje implícito a los socialistas. "Ni un paso atrás".

Belarra asegura que los jueces han de aplicar la ley, no "retorcerla" y Rosell rechaza el punitivismo: "Las mayores penas son una trampa"

La ministra de Igualdad evitó en todo momento citar al PSOE, pero estaba muy claro que el recado iba para el socio de coalición. Hasta el momento, "nadie ha sido capaz" de hacer una propuesta de modificación de la norma que no suponga volver al modelo anterior, que distinguía abuso y violación. Esta ocurría cuando había violencia.

Podemos entiende que aunque no se elimine del Código Penal la palabra consentimiento, se desvirtuaría la ley si se introduce ese subtipo, ya que la víctima tendría que probar que se resistió para ser creída. Justicia niega que sea así: el consentimiento no se tiene que demostrar si hay violencia, lo que debería probarse es que esta existió, como en todo Estado de derecho, arguye. "Qué grave es que el PP esté ofreciendo sus votos a quien le quiera escuchar para volver a la violencia y a la intimidación", alertó Montero. La ministra también dejó claro que no le vale que no se vuelva nominalmente a la antigua división entre abuso y agresión para rechazar la propuesta de Justicia, que coloca la violencia, a juicio de los morados, de nuevo como un elemento decisivo para determinar la gravedad de las penas. "No nos vamos a tragar el cambio de nombre, lo que queremos es que el consentimiento siga en el centro".

Antes que la ministra intervinieron Ione Belarra, el abogado Isaac Guijarro, la periodista Irantzu Varela y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell. Todos hicieron, como se esperaba, una encendida defensa de una ley que, como esgrimió Montero, está "bien hecha", pese a que ya se han producido 400 reducciones de condena (contando la treintena de excarcelaciones). El problema no radica, esgrimieron, en el texto, sino en cómo lo aplica una minoría de magistrados. En España, aseguró Belarra, el Parlamento hace las leyes y los jueces "las aplican, no las retuercen". Rosell dejó claro que Igualdad no buscaba mayores castigos a la hora de redactar la norma. Es decir, que rechaza el modelo punitivista: "Las mayores penas son una trampa".

El PSOE busca "blindar la ley en favor de las víctimas para que en casos graves no haya posibilidad de penas bajas", mediante una "respuesta normativa diferenciada"

En Ferraz y en el Gobierno no cogieron por sorpresa las manifestaciones de Montero. Coincidían con las de la víspera en Murcia, con la posición que Igualdad lleva defendiendo esta semana. Pero los socialistas no se apearán, advierten, de su decisión de corregir la ley para prevenir condenas más bajas en el futuro —todos los reos que hayan cometido delitos sexuales antes de la entrada en vigor de la nueva norma tienen derecho a beneficiarse de la legislación más favorable, en este caso el sí es sí—, porque además la orden de hacerlo es del propio Pedro Sánchez y no hay más discusión.

La proposición de ley ya está, de hecho, lista, como avanzaba la SER en la noche de este domingo. El borrador de texto no se mueve de los parámetros ya adelantados la semana pasada: uno a cuatro años de cárcel cuando hay agresión sin violencia —o sea, como ahora—, en los casos en los que no hay penetración, pero la horquilla va de uno a cinco años de prisión si hay violencia. Cuando hay penetración vaginal, anal o bucal, la pena iría de cuatro a 12 años (como ahora), si no hay violencia, y de seis a 12 años si la hay. Y así sucesivamente con el resto de casos.

La exposición de motivos de la iniciativa manda un recado a Igualdad al recalcar que la reforma "no afecta al corazón de la norma, ya que se mantiene íntegra la definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual". Solo se persigue, reza el texto, "blindar la ley en favor de las víctimas para que en casos graves no haya posibilidad de penas bajas", mediante una "respuesta normativa diferenciada". Justicia siempre tuvo muy claro que la única vía para modificar el sí con sí con seguridad jurídica era introducir el subtipo para los casos de violencia, tal y como ha venido contando este diario.

Si finalmente la iniciativa se registra en solitario, como parece en estos momentos lo más probable, la coalición, forzosamente, se resentirá. El golpe en la mesa de Sánchez será, en la práctica, una desautorización a Montero en una de sus leyes más icónicas y la primera que salió de su departamento. La ministra ya se adelantó a ese escenario el pasado viernes en RNE y señaló que ni dimitiría ni Podemos rompería el Ejecutivo. Pero sin el concurso de Unidas Podemos, el PSOE quedará en manos del PP, ya que se trata de una ley orgánica que requiere de mayoría absoluta. O sea, el sí de 176 diputados. Los populares han repetido que prestarán sus votos para cambiar el texto.

"Se aprobó en comisión y fin"

El jueves, el pleno del Congreso votará el dictamen de la ley de bienestar animal, la primera de Belarra y otra de sus normas estrella. Y puede decaer. En diciembre, la Comisión de Derechos Sociales aprobó la polémica enmienda de los socialistas para sacar del ámbito de aplicación de la ley los animales utilizados en actividades específicas —las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado—, los empleados en actividades profesionales (perros de rescate o los que acompañan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas), y los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza. El PP, PNV, Vox y Coalición Canaria apoyaron esa enmienda, a la que se oponía Unidas Podemos. Los morados, no obstante, apoyaron el dictamen con la esperanza de que el PSOE rectificara de cara al pleno.

Podemos no revela el sentido de su voto en la ley animal porque espera que el PSOE reconsidere su apoyo a la enmienda del "'lobby' de la caza"

Pero los socialistas no lo van a hacer, como dejan claro tanto en Ferraz como en el Ejecutivo. La decisión está tomada. "Es que ya no hay enmienda: hay un dictamen, se aprobó en comisión y fin", despachan en la sede federal. "Podemos ya sabe desde hace tiempo nuestra posición, desde antes de Navidad. Y no nos movemos", indican en el aparato.

El pasado 24 de enero, se reunieron los ponentes de la ley con el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres. Según los socialistas, reiteraron su posición. Esto es, no revertirían lo aprobado en comisión. Fuentes del ministerio de Belarra insisten en que el PSOE no dijo qué iba a hacer: "Recibieron nuestra propuesta [de transaccionales] y nada más". El voto de los morados sigue siendo incierto: no revelan si acabarán apoyando el dictamen o bien votarán en contra, haciéndolo decaer, con el argumento de que aún hay margen para acercar posturas: "Hasta el último momento no dejaremos de intentar corregir lo que creemos que es un tremendo error del PSOE".

Los socialistas están, además, muy molestos con la actitud de sus socios, que directamente les han acusado de maltratadores de animales. El pasado viernes, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, difundió un vídeo, que luego eliminó, en el que se comparaba al presidente del Gobierno con Santiago Abascal. "Pedro Sánchez se pone del lado de los que maltratan a sus perros", se leía en un rótulo. El jueves, Belarra insistía en pedir al PSOE que recapacite: "Espero que hayan reflexionado [los socialistas] a lo largo de este mes sobre esa enmienda que sacarán adelante con el apoyo del Partido Popular y de Vox. Creo que eso da idea de que es una enmienda del lobby de la caza, una enmienda que no responde a la sensibilidad de una mayoría de españoles que quiere cuidar a los animales". Este domingo, en el ministerio volvían a repetir el mensaje, tras las movilizaciones de animalistas que atravesaron la jornada, aunque también las hubo de los contrarios a la ley.

Ferraz reitera que no se moverá de su posición y que se lo ha avisado a sus socios. De fondo pesa el miedo electoral en la España rural

En la dirección socialista reiteran que su enmienda está pactada con las asociaciones y colectivos del mundo rural, y que por eso no la moverán salvo que Belarra ate un consenso igual o mayor. De fondo, corre el miedo electoral: Ferraz ha recibido presiones de algunos de sus barones —Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Javier Lambán (Aragón)— y las ha aceptado porque sabe que el partido se juega mucho en el campo, en las provincias del interior en las que la actividad cinegética sí es un motor económico. La caza, no en vano, es la segunda federación deportiva con más licencias: 337.326 en 2021, solo por detrás del fútbol (907.223) y por delante del golf (284.776), los deportes de montaña (273.549) o el baloncesto (272.451).

La indefinición de los morados, y el hecho de que en comisión ya votaron a favor del dictamen, hace pensar que al final pueden acabar respaldando la norma para no votar en contra de su propia ley, agarrándose a que es el mal menor. "Hay que meditarlo y también dependerá del resto de grupos —señalan fuentes del partido—. Es cierto que la ley incluye muchos avances como la prohibición de sacrificio en perreras, el fin del tiro al pichón, la regulación de la cría… Pero lo de los perros de los cazadores es terrible. El 87% de perros que les llegaba a una protectora que visitamos era de caza". Es decir, su negativa no es tan firme como la expresada acerca de que el consentimiento "no se toca".

En la cúpula socialista restan hierro al choque: será "una semana más complicada" que al final "pasará", "como todas"

"Se va a quedar una semana preciosa", resoplan en Unidas Podemos. "Tendremos una semana movida", conviene una diputada socialista. En la cúpula de Sánchez, intentan no dramatizar en exceso. Será un bache y pasará, vienen a decir: "¡Una semana más complicada! Como todas y... pasará". Las tensiones están de nuevo al máximo. La cercanía de las elecciones y el hecho de que se trate de dos leyes icónicas para Podemos hace que el escenario no sea idéntico al de otras crisis. De ahí que las derivadas sean por el momento inciertas.