Proposición de ley para reformar el sí es sí registrada. Pero no está todo hecho para el PSOE, ni mucho menos. No es seguro que prospere su iniciativa que persigue endurecer las penas en los casos en los que medie violencia preservando, asegura, el consentimiento, porque los apoyos no están claros. Pero si pervive el desacuerdo y Unidas Podemos no la respalda —es más, ahora mismo, se opone frontalmente—, los socialistas solo la podrían sacar adelante con el PP, que se muestra dispuesto a apoyarla si no es una "chapuza dos". La foto para la Moncloa y Ferraz, sin embargo, no sería la misma si además de los populares se suman otros grupos socios de investidura. Cambiaría mucho si solo cosechan los votos —y está por ver— del partido de Alberto Núñez Feijóo. Y, por lo pronto, ERC y EH Bildu ya han adelantado que se alinean con las tesis que defiende la ministra de Igualdad, Irene Montero. Los independentistas vascos y catalanes, por tanto, comparten con Podemos que la propuesta elaborada por Justicia [aquí en PDF] sí desvirtúa el consentimiento, cosa que el PSOE niega radicalmente, así que no la aprobarán salvo que se modifique. PNV, Más País y Compromís quieren primero estudiar con detalle el texto antes de pronunciarse. La Mesa del Congreso calificará el próximo martes la proposición de ley, paso previo al pleno de toma en consideración.

Pedro Sánchez sabía que asumía un alto riesgo al tomar su decisión. Hace una semana, en la reunión de maitines, dio la orden a los suyos, nítida, de que había que dar salida a la "alarma social" generada por la oleada de revisiones a la baja de condenas de agresores sexuales —ya van 400—, resolver el problema ya, atajar los "efectos indeseados" de la ley. Habría una proposición conjunta o, si no había acuerdo con los socios, en solitario. No hubo pacto por la discrepancia respecto a la fórmula jurídica a emplear para agravar las penas a futuro. Las negociaciones entraron en punto muerto, pese a estirarse durante el fin de semana, y el PSOE optó por registrar telemáticamente su iniciativa en el Congreso este lunes a las 11.30, consciente de que podría naufragar, porque no tiene los apoyos asegurados. Pero en Ferraz advierten de que al final cada grupo tendrá que retratarse. "No hay más estrategia que sacar adelante la reforma y que no haya más rebajas de condena una vez se publique en el BOE. Esto solo va de eso, de parar las reducciones de penas en el futuro", esgrimen.

El PSOE confía en que los socios se alineen con ellos: "No veo a muchos grupos encerrándose con Irene. Ella no tiene más remedio, pero a los demás no les veo ahí", aseguran en la Moncloa

Los socialistas calculan que su texto no sufrirá a su paso por el Parlamento, que "saldrá adelante con una mayoría muy amplia", que es difícil oponerse a su propuesta, dada la alarma social existente y la pulsión para actuar ya para atajar el problema de las bajas penas a delincuentes sexuales. "No veo a muchos grupos encerrándose con Irene. Ella no tiene más remedio, pero a los demás no les veo ahí", advierte un alto mando de la Moncloa.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, al igual que la portavoz del partido, Pilar Alegría, incidieron en sendas ruedas de prensa en que a partir de ahora se iniciarán las conversaciones con los socios de la investidura. No habrá negociaciones con el PP, porque "no quiere la ley", pero tampoco rechazarán sus votos. "Todos los partidos que valoren positivamente que se mantenga el consentimiento y endurecer las penas, bienvenido sea su apoyo", resolvió la también titular de Educación.

Ferraz, pues, espera el apoyo de los grupos que sostienen al Ejecutivo, además del PP, cuyo concurso es imprescindible, si los morados no cambian de postura, para sacar adelante una ley que tiene carácter orgánico y que requiere, por tanto, de 176 votos en el Congreso. Es decir, confía en poder aislar todo lo posible a Montero.

"No hay una discrepancia de fondo" en el grupo morado

Distinto es que lo consiga. Primero, porque ve "difícil" que el grupo de Unidas Podemos se fracture. Creen que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sus apoyos más firmes en el espacio confederal, los comunes e IU, les respaldan frente a la dirigente de Podemos, pero no creen que se atrevan públicamente a separarse. De hecho, Jaume Asens, presidente del grupo y miembro de los comunes, advertía a primera hora en TVE que "no hay una discrepancia de fondo" sobre la reforma del sí es sí dentro de Unidas Podemos. Díaz no secundó la pasada semana los argumentos de Montero, pero rehusó confrontar con ella.

Los socialistas observan fisuras dentro del propio espacio confederal, pero ven "difícil" que haya un divorcio público

Segundo problema para el PSOE: ERC (13 diputados) y Bildu (5) sintonizan más con la ministra de Igualdad. "Siempre hemos dicho que estaremos para ayudar y ser parte de la solución y si era necesario mejorar la ley para evitar interpretaciones sesgadas de los jueces, adelante —señalan con rotundidad fuentes del grupo republicano en el Congreso a El Independiente—. Pero debe garantizarse el consentimiento y proteger a las víctimas. Y en el tema del consentimiento estamos con Irene. O se garantiza el consentimiento o con nosotros que no cuenten. Si se quieren entender con el PP, que hagan lo que estimen oportuno. Si prefieren con sus socios, pues mejor".

Bildu fue el único grupo que apoyó a Montero en su acto del pasado domingo en Madrid, organizado por Podemos para arroparla y fijar posición y cuyo título era toda una declaración de intenciones, ¿Consentiste o no? Solo sí es sí. "Analizaremos la propuesta con detenimiento —apuntan fuentes del partido independentista vasco—. Ya dijimos que estábamos dispuestos a retocar la ley siempre y cuando el núcleo de la misma, el consentimiento, se mantuviera intacto y fuera de mutuo acuerdo con Igualdad. En este caso, no ha sido así, y creemos que las modificaciones que se hagan deben contar con su visto bueno, como ministerio competente. No pueden suponer un retroceso en la ley ni volver a un escenario anterior".

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El PNV (6) sí parece más proclive a apoyar a los socialistas. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró este lunes en Radio Euskadi que su grupo "analizará con mucho detenimiento" la propuesta del PSOE y la contrastará con distintos sectores antes de fijar posición. Los nacionalistas vascos consideran "normal" que se ajuste la norma para "precisarla y que no dé margen a interpretaciones diversas por parte de los tribunales", de manera que podrían apoyarla, aseveró, si se consigue ese objetivo y se preserva el consentimiento". Fuentes de Más País (2) y Compromís (1) también señalaron a este diario que están estudiando la proposición de ley registrada este lunes, que son partidarios de reformar la ley (sin tocar su corazón), y consideran que habría sido mejor un texto de los dos socios de la coalición.

"Ellos verán"

"Los grupos que quieran quedarse con Irene, ellos verán", apuntan en la Moncloa. La lectura que avanzan los socialistas es que serán los grupos los que deban retratarse. La dirección defenderá que ellos se han movido, han respondido a la preocupación social —no podían quedarse "inmóviles", en palabras de Alegría—, y que si la iniciativa no queda aprobada no será por su responsabilidad.

Los socialistas insisten en que no se toca el consentimiento y que solo se persigue endurecer las penas a futuro. Lo que habrá de probarse es la violencia, no el 'sí' de la víctima

No hay dudas en Ferraz de que el partido saldrá "al ataque" del PP en caso de que Feijóo arguya que no se dan las condiciones para respaldarla. Pero creen en la cúpula que el líder conservador tiene ahora una ocasión única para marcar perfil. No perseguirán sus votos, pero no los despreciarán. Y Génova tampoco busca ni "tomar un café" ni darse "un abrazo" con los socialistas, según afirmó el portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, sino que se modifiquen las "chapuzas" de la ley, y "si esa es la línea", les parecerá "bien". La proposición que presentó el PP en diciembre [aquí en PDF] seguía un esquema similar a la del PSOE, y respetaba la redacción de consentimiento que figura en el sí es sí.

En el centro de todo el debate sigue figurando, pues, el núcleo de la norma, el consentimiento, el que Podemos cree desvirtuado si se aprueba esta proposición socialista. Igualdad sostiene que aunque no desaparezca el término, se borra la esencia de la ley al situar la violencia como un elemento decisivo para graduar las penas. Los socialistas rechazan esa lectura: no se tocan ni el artículo 178.1 —el que define qué es el consentimiento— ni el 178.2, el que expresamente señala que cuando en una agresión sexual media violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima se presume que no hay consentimiento. Es decir, que no se volverá al "calvario probatorio" que cita el equipo de Montero, pero la violencia sí deberá probarse, como ocurre en el Estado de derecho.

La tesis de la que parte Justicia es que deben ser más reprochables penalmente las conductas que son más graves. Por eso se incluye un subtipo agravado, elevando las penas para los casos en los que hay agresión, violencia o anulación de la voluntad de las víctimas. Así, se mantiene el castigo de uno a cuatro años en el tipo básico, pero la horquilla va de uno a cinco años cuando hay violencia (nuevo 178.3). En las agresiones con penetración vaginal, anal o bucal (violación), la prisión va de cuatro a 12 años (como ahora), si no hay violencia, y de 6 a 12, si la hay.

Igualdad entiende que ese esquema supone volver al modelo anterior, al que distinguía entre abuso y violación. Más aún, es regresar "al Código Penal de La Manada". Pablo Iglesias lo expuso en Hora 25 (SER) este lunes más descarnadamente: la reforma la ha redactado "un machista acreditado".

Subtipo agravado y no como agravante

El equipo de Montero planteó que la violencia se incluyera como un simple agravante en el artículo 180, pero para Justicia esa salida era inviable. Primero, porque ya ese precepto ya recoge que se penalizarán más las agresiones que vayan precedidas o acompañadas de una "violencia de extrema gravedad", punto que pedía incluir el Convenio de Estambul. Un mismo artículo, señalan en el ministerio de Pilar Llop, no puede incorporar como agravantes violencia a secas y violencia extrema. Además, un subtipo agravado deja menor margen de interpretación a los jueces a la hora de subir las penas. Meter la violencia agravante, añaden, dispararía las condenas, haciéndolas desproporcionales. Al hacerlo de este modo, por ejemplo, una agresión sexual sin penetración pero con violencia se castigaría con entre dos y ocho años de cárcel, una condena muy alta, "desproporcionada".

La coalición resiste su crisis más grave, su envite más importante en estos tres años. Se descarta la ruptura o que haya dimisiones

"Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos", subrayó Llop en un encuentro informativo con periodistas, en un claro mensaje a Podemos. Y añadió que la subida de penas "es una decisión política y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer". La titular de Justicia se quejó de que los morados han "desenfocado el problema", porque han puesto el acento en el consentimiento, que para los socialistas nunca se ha puesto en cuestión, para quitárselo al agujero del sí es sí, la bajada de penas.

Los socialistas, en cualquier caso, mantienen la puerta abierta a negociar con sus socios de Gobierno en el periodo de enmiendas, ya que la tramitación se mantendrá viva aproximadamente un mes. Y evitaron subir el tono contra ellos. Ellos, al igual que Podemos e Igualdad, descartaron la ruptura de la coalición. Y no contemplaron dimisiones o la asunción de responsabilidades políticas. "Hoy más que nunca tenemos que estar aquí", señaló la número dos de Montero, Ángela Rodríguez Pam. El objetivo de su departamento es seguir buscando un acuerdo que evite "el retroceso que se está planteando", ya que se retornaría a una "revictimización de tantas mujeres que han sufrido una agresión sexual". Además, en el ministerio advierten de una nueva "oleada" de revisiones a la baja de condenas. Justicia lo desmiente: todos los reos por delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma siempre podrán acogerse a la legislación más beneficiosa para ellos, en este caso el sí es sí, porque es un principio constitucional.

El bipartito de PSOE y Unidas Podemos aguanta su probablemente más fuerte envite en estos tres años de legislatura. Porque la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual es una norma bandera de Igualdad y de Podemos. Y porque las urnas ya están muy cerca. Pero los dos socios han preferido por ahora ceñir el conflicto a esta fortísima discrepancia, sin que incendie toda la actividad del Ejecutivo. Esto es, encapsular el problema para salvar al Gobierno.